El dilema de València con sus ahorros: 32 millones a reducción de deuda o a disposición del Estado a cambio de incentivos

¿Reducción de deuda o préstamo al Gobierno a cambio de diferentes incentivos y ventajas? Esta es la pregunta que se hace en este momento el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València compuesto por Compromís y PSPV sobre el mejor destino de los 32 millones de euros que la corporación municipal tiene ahorrados en estos momentos.

El pleno municipal del pasado jueves aprobó dedicar esta cuantía, equivalente al 90% del remanente de tesorería municipal, a amortizar deuda, algo que daría la posibilitaría de cara al año que viene de solicitar créditos para destinar a inversiones en la ciudad, con unas mejores condiciones.

Sin embargo, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) aceptó este lunes el documento del Ministerio de Hacienda que habilita una fórmula para que los ayuntamientos y entidades locales utilicen su superávit, lo que ha frenado la ejecución de esta medida hasta conocer en profundidad los detalles de este acuerdo.

 Tras múltiples reuniones y votaciones pospuestas, el último documento propuesto por el Gobierno logró un empate en la Junta de Gobierno del organismo que aglutina a los ayuntamientos de España, después de que Unidas Podemos pasara del no a la abstención tras los últimos cambios introducidos en el documento por el departamento de María Jesús Montero. Los representantes del PSOE han votado sí y los de PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya, no. El empate lo ha deshecho con su voto de calidad el presidente del organismo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una “resolución política” de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

Al respecto, desde Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, manifestó este lunes su deseo de “esperar a ver cómo se traduce este acuerdo en la práctica y ver la letra pequeña» antes de ejecutar el mencionado acuerdo en el pleno. Entre otras cuestiones, los ayuntamientos que se sumen al acuerdo podrán acceder a un fondo de 400 millones para el transporte público urbano.

Por su parte, la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, se mostró más partidaria de sumarse al acuerdo entre el Gobierno y la FEMP: “La prioridad ahora tiene que ser hacer unos presupuestos de reconstrucción, no amortizar deuda, ya que hecho muchos esfuerzos durante estos años para sanear las cuentas en el Ayuntamiento de València y por eso, ahora en plena crisis, no podemos permitirnos que la deuda sea un dogma, sino todo lo contrario”. Gómez añadió que “entre pagar deuda o tener más fondos para ayudar a reactivar la economía local o ayudar a las familias, a todas las personas que han estado en un ERTE, autónomos…, es el momento de priorizar la segunda cuestión”.

La vicealcaldesa insistió en que “hay que esperar a ver el contenido completo del Decreto pero, si acogernos a lo aprobado en la FEMP es más beneficioso, tendremos que cambiar el destino de los 32 millones de euros que íbamos a destinar a la deuda”, ha concluido Sandra Gómez.

Condiciones del acuerdo entre la FEMO y Hacienda

La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 con los votos de PP, la antigua CiU y UPyD, heredera directa de la reforma del artículo 135 de la Constitución de un año antes, impide a los ayuntamientos, de forma general, gastar su superávit. El departamento de Montero ha buscado una solución para, sin cambiar la ley, dotar a las entidades locales de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021.

De forma sucinta, la propuesta consiste en que los ayuntamientos que lo deseen presten al Estado todo su superávit y remanentes de tesorería, unos 14.000 millones en total. A cambio, el Gobierno les devuelve una parte de forma directa este año y el que viene esos 5.000 millones. Además, en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022 se devolverá el préstamo íntegro que han realizado los ayuntamientos, con sus intereses correspondientes.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

Según la resolución aprobada, se creará un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un “seguimiento detallado” en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

Las entidades locales podrán participar de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.