La legalización de la ZAL de València, pendiente de la sentencia del Supremo sobre el Plan de Acción del Litoral

Política de hechos consumados. El pasado 9 de febrero, el Puerto de Valencia anunciaba que las obras de acondicionamiento de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) estarían finalizadas en mayo. Los trabajos, con una inversión de 3,3 millones, contemplan la reparación y puesta a punto de pavimentos y firmes, alumbrado, saneamiento y jardinería.

Ya en 2020, el consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) aprobó la adjudicación de cuatro manzanas o parcelas de la ZAL a las empresas Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC y Medlog Iberia.

Y todo ello sin saber aún a día de hoy si el recinto, paralizado durante 23 años por irregularidades urbanísicas, se podrá poner en funcionamiento al estar pendiente de una nueva resolución judicial tras la denuncia presentada por la plataforma 'Horta és Futur, No a la ZAL'.

El pasado 28 de septiembre, se esperaba un primer fallo judicial de la sección 1 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sin embargo, la magistrada, Desamparados Iruela, aplazó su pronuncionamiento sobre la ZAL, siguiendo curiosamente la petición realizada por el propio Gobierno valenciano, al estar también el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) pendiente de un fallo del supremo y considerar que exite relación entre ambas cuestiones. Es decir, la anulación definitiva o no del Pativel puede influir, según el criterio de la magistrada, puede influir en la situación urbanística de la ZAL.

Iruela es, además la misma jueza que anuló con el voto particular de un magistrado el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) tras el recurso de una promotora, al contener defectos de forma en su tramitación. Un fallo que recurrió ante el Tribunal Supremo la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y que es el que se espera para poder tomar una decisión con la ZAL.

La plataforma vecinal, sin embargo, no comparte este argumento y presentó un recurso de reposición contra la providencia, al antender que nada tiene que ver el posible defecto de forma del Pativel con la cuestión que se discute en el caso de la ZAL, en concreto, la legalidad del Plan Especial aprobado en 2018 por la Conselleria de Vertebración del Territorio (ahora Política Territorial) para dar cobertura legal al recinto industrial sobre un suelo que estaba protegido.

El pasado 22 de diciembre, se emitió un auto por el cual la magistrada desestima el recurso vecinal: “El recurso debe ser íntegramente desestimado, y ello por los argumentos que a contnuación se exponen. En efecto, la providencia acuerda resolver una vez el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre determinados motivos planteados frente a otro Plan Territorial que también han sido alegados en la impugnación del Plan de la Huerta”.

En el caso presente, “estamos ante cuestones pendientes de resolver por el Tribunal Supremo en un recurso de casación, con las consecuencias procesales que ello conlleva, por lo que sí se garantza el principio de seguridad jurídica”.

La consecuencia, por tanto, es que la jueza no se pronunciará sobre la legalidad del Plan Especial que da cobertura a la ZAL hasta que el Supremo resuelva el recurso sobre el Pativel. Mientras, el Puerto, a través de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística), sigue avanzando en la tramitación y apertura de la ZAL.

Según los denunciantes, este Plan Especial es prácticamente idéntico al que ya fue declarado nulo en 2009 y en 2013 por el TSJCV, una nulidad confirmada en 2015 por el Tribunal Supremo.

La demanda fue interpuesta hace más de dos años y en ella se cuestiona la legalidad de la aprobación autonómica del Plan Especial, una actuación que supuso la recalificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y que tras quedar anulada por diferentes decisiones judiciales, volvió a su situación original, es decir, de especial protección agrícola.