Por qué la inversión pública en toda la operación de la ampliación del Puerto de València acabará superando a la privada

La polémica ampliación norte del Puerto de València, que duplicará su capacidad para mover y almacenar contenedores por medio de un nuevo muelle de 134 hectáreas, no solo incrementará sustancialmente el tráfico de buques portacontenedores y de vehículos pesados, con el impacto ambiental que conllevará.

Para completar esa ampliación con todas las externalidades que conlleva hará falta una inversión de dinero público de 458 millones de euros correspondientes a la construcción los muelles sobre los que se asentaría la nueva terminal, tal y como recoge el anteproyecto definitivo presentado a Puertos del Estado, una cantidad que equivale a unos 82 colegios públicos.

Cifra a la que hay que sumar los costes de los diques que ya se construyeron y los que tendrán que efectuarse para el acceso norte al recinto portuario. Una cantidad de inversión pública que, en todo caso, supera la inversión privada, de la naviera MSC fundamentalmente, en la operación.

En concreto, si finalmente se ejecuta la ampliación, a esta inversión de 458 millones para los muelles habría que añadir los 270 millones de inversión pública que han costado los diques de abrigo más lo que cueste el acceso norte mediante un túnel submarino, proyecto vinculado a la ampliación que la APV siempre ha considerado imprescindible y que en el mejor de los casos costaría otros 400 millones, aunque otros estudios elevan el gasto a 1.000 millones.

Así pues, en el mejor de los casos todas las obras vinculadas a la ampliación financiadas con dinero público costarían como mínimo 1.128 millones de euros, 100 más de los que prevé invertir la compañía TIL, filial de MSC, para construir la terminal sobre los nuevos muelles si finalmente se le adjudica la concesión de 50 años.

Según el anteproyecto final que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) presentó a Puertos del Estado, los cambios introducidos con respecto al proyecto original que obtuvo la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 suponen como mínimo un incremento de 30 millones de euros y se establece un plazo de ejecución de los trabajos de 44,5 meses.

Estas modificaciones implican la estabilización del dique norte (15 millones), la demolición del contradique (8,9 millones), la demolición de recintos (1,7 millones) y la demolición del muelle de cruceros (4,4 millones) para su traslado a los astilleros de Unión Naval, una operación que ha implicado el rescate de una concesión al naviero Vicente Boluda, operación que investiga el Tribunal de Cuentas.

Como informó elDiario.es, el anteproyecto reconoce que no se ajusta a la DIA de 2007, ya que según recoge el documento, los muelles necesitarán un volumen de material de rellenos de 23,3 millones de metros cúbicos, cuando la DIA de 2007 establece este parámetro en 19,05 millones de metros cúbicos: “Como puede apreciarse, las necesidades adicionales de relleno quedarán en el entorno de los 3,87 millones metros cúbicos”, reconoce el anteproyecto.

En el apartado “balance total de consumo de recursos naturales” para la obtención del material de relleno para ejecutar las explanadas de los futuros muelles, queda patente que “la nueva solución precisa de 1,37 millones de toneladas por encima de la solución incluida en la DIA, lo que representa un aumento de un 3%”.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica advirtió a la APV mediante una carta que había detectado “diferencias apreciables” entre el proyecto que obtuvo la DIA en 2007 y el anteproyecto remitido a Puertos del Estado, por lo que solicitó un informe detallado que argumentara si finalmente tramitaría o no otra evaluación ambiental.

Con todo, el presidente del Puerto valenciano, Aurelio Martínez, ya ha descartado la remisión de este informe al ministerio que dirige la socialista Teresa Ribera y pretende llevar al consejo de administración de este mes o al de mayo a más tardar la aprobación de la adjudicación de la concesión de la nueva terminal a TIL, filial de la naviera MSC, sin una nueva DIA.

El alcalde de València, Joan Ribó, ya avanzó que si se daban estas circunstancias tanto él como el representante de la Generalitat por Compromís en el consejo de la APV, Iván Castañón, votarían en contra de esa adjudicación. De producirse igualmente, han anunciado recursos judiciales Compromís, Podem, Esquerra Unida y la plataforma vecinal y ecologista Comissió Ciutat-Port.