Un representante de la Generalitat lleva al juzgado la polémica ampliación del puerto de València

Nuevo escollo judicial para la controvertida ampliación del Puerto de València. El secretario autonómico y consejero de la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón, de Compromís, único que votó en contra de la aprobación del polémico proyecto junto al alcalde de València, Joan Ribó, ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la aprobación del proyecto constructivo del muelle norte el pasado 2 de diciembre. La sala dará ahora traslado a la APV para que aporte el expediente y posteriormente se formalizará la demanda.

Castañón ya presentó un recurso de reposición ante la propia APV, es decir, por la vía administrativa, que fue desestimado con el argumento de que el denunciante carecía de “interés legítimo” para la presentación del recurso (a pesar de ser miembro del consejo de administración), puesto que el proyecto no afectaría a sus derechos o intereses, un requisito imprescindible según la argumentación jurídica aportada por la APV.

Ante la desestimación de su recurso, Castañón ha elevado ahora un escrito a la Justicia y la argumentación de la posterior demanda, según ha confirmado a elDiario.es, será muy similar a la del mencionado recurso de reposición que giraba en torno a tres líneas: la invalidez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para dar cobertura al nuevo proyecto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que considera que paraliza toda la tramitación administrativa, y el informe de Costas que plantea 21 objeciones a las que no se ha dado respuesta. Por todo ello, consideraba Castañón en su primer recurso que la votación y aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles del pasado 2 de diciembre es nula de pleno derecho.

Sobre la invalidez de la DIA, afirmaba el documento que, por una parte, “los cambios sustanciales producidos entre el proyecto informado mediante DIA y el vigente acuerdo adoptado y recurrido, permiten concluir en la necesidad de contar con una DIA que valore el proyecto actual”.

Por lo tanto, “la autorización del proyecto constructivo al amparo de una DIA que habría perdido totalmente su vigencia y efectos (caducada), o más simplemente, sin una nueva DIA, determina la nulidad administrativa de tal autorización, por omisión de trámites esenciales del procedimiento legalmente establecido”.

En cuanto al informe de compatibilidad con las estrategias marinas emitido por la Dirección General de Costas, decia que “gran parte de estas medidas, necesarias con antelación a la ejecución del proyecto, no se encuentran recogidas en el proyecto aprobado el 2 de diciembre de 2022, por lo que no se puede considerar adaptado a lo estipulado por el Informe del ministerio, no pudiéndose entender en tal caso como favorable, pues el mismo condiciona dicha resolución favorable al cumplimiento de todas estas condiciones expuestas”.

Sobre el auto del TSJ de Madrid, destacaba que se dictó el 5 de diciembre y que, pese a todo, la APV no cesó en su actuar y no frenó “la publicación el día 9 de diciembre” de la aprobación del proyecto “ni con carácter posterior” convocó al Consejo “con el fin de tomar conocimiento del Auto y sus consecuencias lógicas de paralización de las actuaciones, pudiendo haberse incurrido por tanto en prevaricación por omisión al no paralizar como indica el Auto las actuaciones de un procedimiento en curso, con la consecuencia de no evitar esos daños irreparables”.

La aprobación del proyecto está pendiente de ser refrendada por el Consejo de Ministros. Aunque se valoró su validación en el último celebrado el pasado mes de enero, la oposición de Unidas Podemos y las dudas legales existentes paralizaron su aprobación, y así sigue por el momento.