La Sareb ofrecerá alternativas a las 61 familias de Sagunt a las que un juez dio un mes para abandonar sus viviendas

“Consideramos que la reunión ha sido positiva ya que dentro de la situación creada se van a ofrecer alternativas razonables a las familias que habitan las viviendas”.

Este es el balance que realiza el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, tras la reunión que se celebró este jueves con representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en la que entre otros temas trataron el caso de las 61 familias que viven alquiladas en un residencial de Sagunt a las que un juez ha dado un mes para que abandonen sus viviendas al considerar que los contratos de alquiler firmados con el anterior propietario del complejo carecen de validez.

Al respecto, fuentes de la Sareb explican que tras haber abandonado ya sus casas un total de 12 inquilinos, “a los 49 restantes se les va a ofrecer un nuevo contrato de alquiler, la posibilidad de comprar los inmuebles o un plazo más amplio para que puedan buscar una alternativa con más calma”.

Sobre los precios de venta o de los alquileres, comentan que aunque aún no están calculados, “deberán ajustarse al precio de mercado ya que se debe liquidar la hipoteca que Sareb se ha quedado por impago del promotor, por lo que se trata de deuda pública que hay que eliminar”.

Como informó elDiario.es, las 61 familias están afectadas por el proceso de asignación de inmuebles de promotoras que incurren en impagos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Un proceso que ha motivado que hayan estado pagando sus alquileres desde principios del año 2021 a una empresa sin que constara a efectos legales, lo que en la práctica les ha impedido defender sus derechos como inquilinos ante el juez, motivo por el que les obliga a dejar sus casas.

Aunque el 29 de junio es la fecha límite que el juzgado número 2 de Sagunt les ha marcado para que abandonen sus viviendas ubicadas en la calle de Antonio Blesa Martínez, desde la Sareb explican que no hay fecha de lanzamiento se llegará a un acuerdo con los residentes que no puedan o no quieran comprar o alquilar con un nuevo contrato para que no sea necesario solicitarlo.

Según recoge la sentencia, que no es recurrible, en el primer contrato de alquiler que firmaron aparece como arrendador Iveriplus Gestión S.L., y en el segundo contrato, renovado en febrero del pasado año en la mayoría de casos por un plazo de siete años, aparece como arrendador RKS Real Estate, S.C.S.P..

Al quebrar la constructora que hizo el complejo, el juez adjudicó en mayo de 2021 a la Sareb la hipoteca y la titularidad de todo el edificio, momento en el que se inició un estudio de la situación de las viviendas en cuanto a sus ocupantes para comprobar su situación legal sobre ellas.

Es en ese momento cuando el juzgado requiere a todos los inquilinos la documentación que les acredite como tal. Sin embargo, tal y como refleja el fallo judicial, los contratos de cesión requieren “de escritura pública, y como es de ver en los documentos aportados, son meros contratos privados que no públicos, por lo que ninguna validez se les puede otorgar a los mismos, dado que para que se considere perfeccionado es menester su elevación a escritura pública”.