Unidas-Podemos redobla la presión sobre el PSOE y exige en el Congreso una nueva evaluación ambiental para la polémica ampliación del Puerto de València

La polémica sobre la ampliación del Puerto de València ha llegado al Congreso de los Diputados y lo ha hecho de la mano de Unidas-Podemos, socio de Gobierno del PSOE.

El grupo confederal, a través de una iniciativa parlamentaria, reclama una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia, ya que “el primer estudio se realizó en 2007, y el nuevo proyecto de ampliación implica cambios sustanciales que no deben pasarse por alto, en ningún caso”.

De momento, Compromís había sido el partido que más claramente se había posicionado en Madrid a favor de la tramitación de una nueva DIA. De hecho, el diputado de la coalición valencianista, Joan Baldoví, advirtió recientemente de que los acuerdos europeos de reconstrucción implican la evaluación ambiental de la ampliación del Puerto de València.

Ahora, el partido del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha sumado a la petición de esta nueva DIA para un proyecto que pretende duplicar la capacidad de las actuales instalaciones portuarias, lo cual redobla la presión sobre el PSOE, partido que gestiona el Ministerio de Transportes con el socialista valenciano José Luis Ábalos, del que depende Puertos del Estado, entidad que deberá decidir si el proyecto requiere o no de una nueva DIA.

En la mencionada iniciativa, firmada por los diputados Juantxo López de Uralde, Txema Guijarro y Rosa Medel, el Grupo Confederal recuerda que “con el argumento de adaptar el proyecto a las nuevas dimensiones de los buques portacontenedores (muy superiores a las previstas en el proyecto inicial), el Puerto promueve un Anteproyecto de Muelle de Contenedores que modifica sustancialmente la configuración anterior, tanto en la disposición de los muelles como en el dragado, incluyendo una prolongación de 500 metros del dique de cierre. Sin embargo, no se exigió un nuevo estudio de impacto de ambiental, pues se dio por válido el realizado en 2006”.

Asimismo, los diputados detallan que el promotor del proyecto fue la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y el órgano sustantivo (el competente para evaluar el impacto ambiental del proyecto), Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para el diputado verde y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, “han pasado 14 años desde que se realizó una evaluación ambiental para un proyecto que, además es sustancialmente distinto. No puede pretenderse tampoco que, en una situación de emergencia climática, que es mucho más grave que en 2006, sirvan los criterios que se evaluaran entonces”.

Y ha añadido que “el nuevo proyecto tiene que pasar una nueva evaluación de impacto ambiental, que revise su idoneidad para las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la grave crisis climática y ecológica que estamos viviendo”.

Actualmente, Puertos del Estado está a la espera de que la APV le facilite el anteproyecto definitivo, en el que se elimina la prolongación del dique y el dragado del canal de acceso. No obstante, exiten otros muchos cambios que la DIA de 2007 no contempla, como el traslado de la terminal de cruceros, el cambio de ubicación de los muelles o la previsión de un nuevo acceso norte al puerto.