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¡No os riais de Hitler! (o elogio a los tibios de Catalunya)

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Una bandera de Catalunya

Me encanta Star Wars. Vaya eso por delante para evitar la furia de mis amigos que también son seguidores incondicionales de la saga. Pero hay que reconocer que entre sus defectos está ese maniqueísmo infantil consistente en presentar a un bando como algo amable, atractivo, reposado, sereno, blanco por todas partes y rodeado de amor y bondad y, al otro, como algo sórdido, oscuro, que rezuma maldad, rabia y egoísmo repugnante. ¿Quién en su sano juicio se pasaría al lado oscuro?  A los paladines de la película que se ven tentados por ese bando, vistos con un poco de distancia, habría que internarlos, sus habilidades emocionales parecen nulas ¿cómo puede alguien con dos dedos de frente verse tentado por un viejo escuálido al que se le ven palpitar las venas verdes e hinchadas y que habla con voz de satanás galáctico? ¿por uno que menciona la ira, el odio, el resentimiento como las fuerzas que deben guiar nuestras conductas?. Nadie actúa así, quiero decir, reconociéndolo; quien obra por odio, desprecio o egoísmo disfraza sus razones, para el resto y para sí mismo.

El problema es que nuestra infantilización de estos personajes, que representan lo que no nos gusta o no debería gustarnos, no acaba ahí. Por influencias hollywoodienses, seguramente, nos hemos acostumbrado desde hace tiempo a presentar a los totalitarismos del siglo XX y a sus líderes como seres ridículos, de los que nadie podría fiarse (salvo que sea un aspirante a jedi, claro está). Continuamente aparece en nuestros televisores el paradigma de todos, Hitler, como un hombrecito torpe y repulsivo, lleno de manías visibles y de ademanes de psiquiátrico. En nuestras representaciones, los dictadores y fascistas con sus uniformes parecen cantar a los cuatro vientos que son malos y re-malos. Y peor aún, la corrección política naif de nuestros discursos públicos condena el decir lo contrario, parece que lo que queda bien es seguir pintándolos como payasos o como hombres oscuros a los que se les ve la maldad en los ojos.

Pero no, no hay que burlarse ni caricaturizar a estos personajes. Hay que presentarlos como lo que fueron, líderes atractivos, seductores, con ideas que en su momento podían sonar razonables a quienes las recibieron, no en vano todos gozaron de gran apoyo popular. Entre ellos y los que supuestamente eran buenos no había tantas diferencias estéticas ni conductuales como se nos vende hoy ¡Basta de pensar que la gente de antes era tonta! los tontos seremos nosotros si pensamos que los nuevos totalitarismos vendrán guiados por sujetos vestidos de militares con bigotes al uso, un buen par de botas y discursos histéricos. Al fascismo no se lo ve venir tan fácilmente, si no, nunca habríamos llegado donde llegamos y donde, hay que recordarlo, siempre podemos volver a llegar.

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El derecho en tiempos de excepcionalidad

Miles de personas ondean esteladas en Catalunya

Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión "alternativa" o "contrahegemónica" del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado "desde arriba" respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

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Cuidémonos del populismo punitivo

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá

A veces ocurren cosas horribles. Lo horrible, de hecho, ocurre constantemente. A veces lo dejamos correr. “Cosas que pasan”, se dice, porque ningún sistema es perfecto. Otras veces vestimos lo horrible con aspectos, rostros y marcas, señas de víctimas y también de verdugos, y volvemos a comprobar que el ser humano puede hacer cosas horribles. Lo que antes era difuso, la larga cadena que conectaba a la víctima y al verdugo, se torna muy claro de repente: salta a escena un monstruo (o más de uno) cuya imagen apreciamos con aparente nitidez. Automáticamente todos volvemos la mirada hacia el sistema penal, esa máquina presuntamente creada para proteger nuestros bienes más importantes de las más graves agresiones. La ilusión nos embriaga porque empuñamos la gran espada penal y, por un instante, la creemos nuestra.

La primera decepción tarda poco en llegar: una espada no repara, no sirve para arreglar nada, lo que ha sido destrozado no recompondrá sus piezas por violento, certero o “ajustado a derecho” que sea el golpe. Pero golpeamos, golpeamos más y más fuerte, convencidos de que eso es “hacer justicia”. Si quien viola la norma genera un mal y daña al orden en su conjunto, quienes golpean de vuelta generan otro mal en sentido contrario. En su versión menos sofisticada, esto se llamó ley del talión. En su versión más refinada, lo llamamos “fundamento retributivo de la pena”. Este golpe de vuelta debería, se supone, restituir simbólicamente el orden dañado, pero el golpe nunca es lo bastante fuerte. Jamás sentimos haber arreglado nada. Quizá sea porque de ese modo jamás se ha arreglado nada.

No importa: el dueño de la espada aparece siempre con una sonrisa amable y se ofrece a afilarla. Mientras muestra su condolencia y solidaridad, promete “firmeza y ejemplaridad” para que nadie vuelva a osar infringir la nueva norma. Ahora sí, creemos haber hecho algo útil y volvemos a nuestras vidas, pero la segunda decepción no tarda en llegar. La realidad nos golpea de nuevo cuando constatamos que las cosas siguen ocurriendo, que pocos piensan en qué norma violan cuando lo hacen y muchos menos piensan en las consecuencias de hacerlo.

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Violación o abuso sexual

Un grupo de mujeres concentradas ante el Congreso de los Diputados en protesta por la sentencia sobre 'la manada'

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra contra los cinco acusados que componían 'La manada', al margen de la grandísima indignación social que ha levantado, causa gran extrañeza.

Sin haber intervenido en el procedimiento y, de acuerdo a la lectura de la resolución, creo que hay que discernir sobre lo que creo que fue la convicción íntima del Tribunal y sobre lo que finalmente plasmó.

Obviamente, respecto a la falta de acuerdo entre los magistrados que componen la Sala, he de decir que, si bien es normal que haya votos discrepantes en la resolución de juicios complejos, lo que sí me parece inusual es que dicho disenso haya girado sobre la percepción de los hechos. Es habitual que los hechos sean observados de una forma similar por los magistrados, también que haya diferencias sobre la calificación jurídica de los mismos, pero lo que me resulta absolutamente anómalo es que tres magistrados hayan visto los hechos de una manera tan dispar. Mientras que la mayoría -2 magistrados- ha captado que las sevicias padecidas por la denunciante constituyen delito, el magistrado discrepante parece haber percibido – como si de una pésima película porno se tratara- una secuencia de actividad sexual desenfrenada en la que participó la víctima. Sobre el voto particular no innovaré nada acerca de lo ya dicho y me sumo a todo lo opinado, especialmente a las críticas más desabridas.

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Derecho a estar en una prisión cercana al lugar de residencia familiar

Jordi Cuixart en una imagen de archivo

Como es conocido, recientemente se han publicado noticias relativas a la solicitud de traslado a una prisión cercana a su domicilio para Jordi Cuixart, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 6 meses, acusado de un delito de rebelión, entre otros, en relación al referéndum sobre autodeterminación del llamado “proceso catalán”.

En el Dictamen que acompaña la solicitud que su abogado ha presentado a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se señala un largo enunciado de normas, sentencias y opiniones tanto doctrinales como políticas, favorables a la petición formulada y que afirman tanto el derecho del preso a estar alojado en una cárcel cercana a su domicilio familiar, cuanto el derecho de su familia a tenerlo cerca, en especial, por aplicación del llamado “interés superior” del niño que debe presidir las decisiones administrativas y judiciales que protejan a la parte más vulnerable. A continuación, se indican sintéticamente los presupuestos internacionales y nacionales sobre los que se apoyan los derechos señalados que son, creo, claramente favorables a la petición formulada.  

I. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. 

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España, problema de integración constitucional

Pancarta durante el Rodea el Congreso de septiembre de 2012.

Estamos inmersos ahora mismo en el peor de los momentos posibles que se dan en el interior de una crisis: cuando las trompetas de los proclamados victoriosos anuncian el inicio falso de su fin y comienza la indiferencia entre los afectados. Es entonces, es ahora, cuando los coletazos finales de la coyuntura se asientan, cuando cambian los paradigmas de la sociedad y se consolidan las visiones más regresivas. Ni la crisis económica ni la territorial han acabado en España, pero tanto el  neoliberalismo deshumanizador como una  perspectiva unívoca y anti-pluralista de nuestro marco constitucional parecen incrustarse cada día con mayor profundidad en un país hastiado y cansado de tanto atropello.

En el intersticio entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, al decir de Gramsci, se sitúa indefinidamente la cuestión territorial española, alargando y profundizando la situación de crisis generalizada en la que nos encontramos y añadiendo un factor diferente, genuino, a la desintegración del Estado Social que vive Europa. Esta particularidad nuestra, la de no haber conseguido aún solucionar y afrontar como se debiera los problemas inherentes a la estructuración territorial del Estado, no es nueva. Ya Ortega, con su peculiar clarividencia, advertía en los prolegómenos de la Segunda República que a diferencia de los franceses, ingleses o alemanes, para el español sigue habiendo un “problema primero, pleno y perentorio: España”. Los debates del pensador en las Cortes y sus discusiones públicas con Azaña son ya parte indiscutible de la historia intelectual y política de nuestro país, y no está nunca de más volver a ellas para dilucidar el alcance de la problemática e intentar desplegar un conjunto de soluciones realistas que le den fin.

Ya sea en el marco republicano o en el actual del 78, el punto de convergencia en torno a lo territorial de las críticas, los defectos, respuestas y demandas es la Constitución. Y es que hay que entender esta no solamente como un instrumento normativo de ordenación jurídica de la vida del país y sus poderes constituidos, sino también, y muy especialmente, como un medio de integración simbólica de la comunidad política. A veces, y sobre todo desde la academia, tendemos a analizar la Constitución bajo una perspectiva exclusivamente legalista y formalista, creyendo que, en este caso, la defectuosa articulación jurídica de nuestro modelo territorial es la única causa que subyace a la crisis desatada. Quienes, a su vez, comparten la visión más reduccionista de esta idea son los que creen encontrar en los tribunales y el Derecho existente la única posible y adecuada solución a la tensión que plantean los nacionalismos.

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Banalización del terrorismo: fase dos

Activistas de los CDR en el Arco del Triumfo de Barcelona

Identificarse con Casandra (la hija de Príamo, no  la tuitera injustamente sometida a persecución penal por un delito de terrorismo y finalmente absuelta por el Tribunal Supremo) siempre implica reconocer la propia irrelevancia, asumir el hecho de no haber sido escuchado, de no haber podido impedir el mal del que se alertaba. Sólo puede quedar la amarga, estéril y pequeña satisfacción de que el tiempo te haya dado la razón. Cabe imaginar que así se siente una parte importante de los penalistas (de la Universidad y del mundo judicial) que  advertimos durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2015 –que reformó los delitos de terrorismo– de que el texto propuesto resultaba altamente deficiente desde diversos puntos de vista técnico-jurídicos y político-criminales. Quizás también se sienta Casandra Joan Coscubiela, quien indicó lo que podía llegar a pasar con profética clarividencia (aunque sólo hayan pasado tres años, las cosas han cambiado muchísimo), alertando a los entonces parlamentarios de Convergència i Unió de que lo que pretendían aprobar acabaría siendo usado en su contra en Cataluña.

Ya antes de la radical reforma aprobada por los dos ex-bi-partidos había comenzado un proceso de extensión práctica de la noción legal de terrorismo. Primero fue la ampliación del concepto de terrorismo por vía de la ofensiva judicial del “todo es ETA”, abarcando no sólo la kale borroka –que había sido tratada durante décadas como desórdenes públicos u otros delitos comunes–, sino también al entorno estrictamente político de la organización terrorista. A partir del fin de ETA como organización armada en 2011, comenzó una nueva etapa: en esta fase uno de la banalización del concepto de terrorismo, se trataba sobre todo de rastrear determinadas manifestaciones de opinión escandalosas en la red y someterlas a persecución penal (en particular,  aplicando el art. 578 CP, que castiga  la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas desde 2000). A pesar de la atención que ha merecido en el debate público y de la justificada crítica que se ha generado desde diversos sectores sociales, políticos y jurídicos, por estar en entredicho la libertad de expresión, esta primera fase puede quedarse en un mero prólogo, en un anuncio de tormenta nada más. En efecto: procesos recientes en los que se ha calificado la conducta investigada como terrorista, como los relativos a los hechos de  Alsasua de 2016 o los de los llamados  “Comités de Defensa de la República” en diversos puntos de Cataluña, pueden implicar entrar en una fase dos de la banalización de los delitos de terrorismo, en la que ya no se trata de atraer al campo de lo terrorista actos de comunicación de diversa índole, sino conductas que pueden ser gravemente delictivas ya de por sí, y que, transformadas en terroristas a través de la nueva y laxísima cláusula de definición del terrorismo del art. 573.1 CP, son susceptibles de ser castigadas con penas severísimas. Parece claro que este tratamiento desorbitado de los hechos desvía la atención de los hechos delictivos realmente cometidos y es susceptible de generar una reacción social muy adversa, contribuyendo a procesos de polarización de la ciudadanía.

Como advertimos en 2015, la nueva fórmula legal puede servir para convertir en terrorismo lo que no lo es – y ahora, con toda la severidad de los delitos de terrorismo. En efecto, formalmente y a primera vista, las conductas enjuiciadas en los dos casos mencionados podrían estimarse delitos de terrorismo después de la reforma de 2015, ya que ahora, el Código Penal, abandonando el anterior concepto legal, que sumaba subversión del orden constitucional y violencia armada, tan sólo prevé una serie de finalidades alternativas (unidas por "o"): subvertir el orden constitucional, afectar a las "instituciones políticas o estructuras económicas o sociales del Estado" u obligar a los poderes públicos a hacer algo o dejar de hacerlo, o alterar la paz pública gravemente, o "desestabilizar" a una organización internacional, o provocar terror en la población o una parte de ella. Si a esta definición tan genérica se suman los delitos comunes que son susceptibles de convertirse en terroristas, se asume que lo sucedido en relación con los llamados CDR es constitutivo de delitos de desórdenes públicos graves, y los hechos de Altsasu se califican como delitos de lesiones y atentado, la subsunción como delitos de terrorismo es posible, aparentemente.

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Corrupción en las aulas

Manifestación de estudiantes de la URJC en protesta por el escándalo del máster de Cifuentes

El escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes es tremendamente rico. Desde que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara las primeras informaciones al respecto y a medida que han ido pasando los días, el caso Cifuentes se ha convertido en un curso acelerado sobre corrupción de funcionarios, vanidades intelectuales de políticos, falsificaciones de documentos oficiales, mentiras en sede parlamentaria, desprestigio de instituciones públicas, gestión de crisis políticas, cálculos electorales, teorías de la conspiración y regalo de títulos académicos a políticos.

Uno de los temas que, como es lógico, ha sido debatido con cierta asiduidad estos días ha sido el funcionamiento de las universidades españolas y el nivel de corrupción en estas. Algunos profesores han señalado que el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es excepcional y han hecho hincapié en que la universidad española no es así.[ 1][ 2] Algo de razón tienen. El número de miembros del PP y familiares de estos colocados en esta universidad probablemente no tenga parangón en España[ 3] y en el mundo universitario español era bien conocido que la URJC era "el basurero académico" del PP.[ 4] Creada en 1996 como contrapeso de la Carlos III, controlada por el socialista Gregorio Peces-Barba, la URJC ha estado dirigida, desde sus orígenes, por una serie de rectores con serios problemas con la justicia. Pedro José González Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue condenado por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Su sucesor, Fernando Suárez Bilbao es un plagiador en serie forzado a dejar su puesto en 2017 por robarle el trabajo intelectual a sus colegas de profesión. El actual rector, Javier Ramos, es el delfín de Suárez Bilbao y ha sido acusado de intentar sobornar a un profesor que en 2010 se opuso a que González Trevijano se presentase por tercera vez a dirigir la universidad[ 5].

Pero, por muy amplios que sean los niveles de injerencia de políticos en la URJC, lo cierto es que el caso de la universidad madrileña no es único. La connivencia entre políticos y profesores es una constante en las universidades españolas. Hace más de un quinquenio que Clara Eugenia Núñez, exdirectora general de Universidades en la Comunidad de Madrid, denunciaba que gran parte de los males que acechaban a la enseñanza superior española tenían su origen en las relaciones personales instauradas entre políticos y el lobby universitario[ 6]. En ocasiones estas relaciones tienen como origen la mera vanidad del político de turno. Cabe recordar que Rodrigo Rato, Francisco Camps, Juan José Ibarretxe y Javier Lambán están entre los políticos con un título de doctor. Y a nadie se le escapa que, en la mayoría de los casos, directores de tesis y miembros del tribunal tienen un vínculo político y de amistad muy estrecho con el doctorando, al cual se le dan todo tipo de facilidades para realizar su trabajo[ 7].

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Ahí lo dejo

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Prisión en Alemania en la que está detenido Puigdemont

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda  poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

No hay rebelión porque, entre otras cosas, no se dan los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal y, especialmente, no hay la violencia que obcecadamente se les viene atribuyendo.

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Lo que encubre y lo que muestra el protagonismo mediático del Derecho Penal

El rapero Valtonyc, durante una actuación

Últimamente parece que el Derecho Penal está en todas partes. Sobrevuela a cada programa informativo la supuesta necesidad de encerrar de por vida a ciertos sujetos. El exGovern catalán –junto con otros líderes independentistas– está en prisión acusado de graves delitos. Los jóvenes de Altsasu llevan centenares de días en prisión provisional. Varios raperos están a punto de entrar en la cárcel por cantar. Algunos de los encausados en las “Operaciones Araña” ya aguardan en prisión y otros quizás se les sumen pronto. Y, verbigracia de una tremenda desgracia (así se dice cuando se muere un pobre), nos hemos enterado de que los manteros también son delincuentes que atentan contra la propiedad intelectual e industrial. De repente, todo se ha vuelto violencia, sobre nosotros parecen cernirse cientos de amenazas ante las cuales solo podemos responder con todo el peso del Derecho.

Todo parece girar en torno al Derecho Penal, parece ser el último recurso que nos queda antes de sucumbir al caos. A través de las pantallas nos susurran que las amenazas están en todas partes, que los manifestantes, antes sonrientes, ahora amenazan con quemarnos y que nuestra paz está en serio peligro por culpa de lo que alguien dijo en twitter. Ante esto, el Derecho Penal, esa herramienta creada para protegernos de las más graves formas de agresión contra los bienes jurídicos más importantes, parece que debe volverse hiperactiva. Cada día ocupa unos segundos más en nuestros “mejores” magazines. Ante esta situación, es normal preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta necesidad repentina de encarcelar?

Algunos les dirán que no pasa absolutamente nada, que todo va bien. Que la ley está para cumplirse y que deberíamos regocijarnos ante lo bien que funcionan nuestras instituciones. Deberíamos alegrarnos de que se encarcele a raperos porque, si aquí cada uno se pone a cantar lo que quiera, montaríamos tal “sin Dios” que sucumbiríamos a la barbarie. Desde esta perspectiva, no hay leyes ilegítimas y no caben las interpretaciones absurdas de éstas. Convocar manifestaciones es violencia equiparable a repartir fusiles entre los afiliados, porque así lo ha dictado el santo magistrado, supremo intérprete de la palabra revelada por el legislador.

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