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Business is not just business

Ayuntamiento de Barcelona

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.

Como era de esperar, la medida del 30% no ha contado con el beneplácito del sector de la construcción, que ha redoblado su presión a medida que la iniciativa se acerca a su aprobación definitiva. De hecho, su poder, y no precisamente de convicción, llegó a impedir que se cumpliera con un trámite previsto legalmente, la suspensión de licencias que tiene como objetivo que no se produzcan avalanchas de solicitudes cuando se afectan a los intereses de las promotoras. Desde entonces, las solicitudes se han disparado y centenares de solares y edificios estarán exentos de la futura normativa del 30%, con los beneficios que ello conlleva para las empresas al poder alquilar o vender todas las viviendas a precios de mercado, y con los perjuicios que suponen para la ciudad de Barcelona dejar escapar centenares de viviendas asequibles. No contento con esa victoria, el lobby de la construcción aprovecha cada uno de los foros donde participa para sembrar dudas sobre la medida. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”, pero ¿a qué se refieren las constructoras cuando hablan de “legalidad”? Se refieren a su legalidad, a una normativa urbanística que hasta ahora mayoritariamente les ha favorecido y les ha permitido embarcar a todo un país en una inmensa burbuja inmobiliaria que ha causado y sigue causando mucho dolor social. Por lo tanto, se refieren a una legalidad reducida y aislada del resto del ordenamiento jurídico, puesto que olvidan que la Llei del dret a l'Habitatge de Catalunya recoge la medida expresamente, como olvidan que existe algo llamado derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Símbolos punitivos y transición política en Colombia

Rueda de prensa de jurisdicción especial para la paz, creada a raíz del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC

A la centralidad de la persecución penal en el sistema de justicia transicional colombiano presta un servicio de gran consideración el empoderamiento de símbolos típicamente característicos del poder punitivo que viene teniendo lugar en este sistema. Desde la más profunda tradición ordinaria de justicia penal, estos símbolos se han expandido sin solución de continuidad a la jurisdicción especial para la paz (JEP) y se han instalado para comenzar a determinar lo que ésta representa en materia de autoridad y orden.

De esta manera, el esquema judicial de transición se hace funcional a los juegos de poder y las tácticas punitivas que se cristalizan con el proceso penal y se expresan en sus respectivos símbolos. Así, por ejemplo, la toga fúnebre y, con ella, un cierto ethos sacerdotal que le hace el juego a un imaginario confesional de autoridad. Ni que decir de las salas de audiencia, donde en muchos pasajes se impone el autoritarismo por medio de la renuncia – a discreción de sus directores – a la publicidad, concentración e inmediación del acto comunicativo.

Que la JEP ceda a la itinerancia de los signos y hábitos del poder punitivo y se preste al juego de etiquetas entre la justicia penal ordinaria y la transicional contribuye, además, a una indeseable suspensión de la dialéctica con la superación de la violencia. A pesar de esto y del éxtasis punitivo que vive Colombia (con el empoderado reclamo de penas de muerte, cadenas perpetuas, imprescriptibilidad de la acción penal, destierros, linchamientos, castraciones químicas y otros suplicios), es necesario que la justicia transicional sea capaz de reconocer que el proceso penal también es una forma de violencia.

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El Gobierno y el juez Llarena: la vulneración de la legalidad como práctica de Estado

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Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo

El mismo día 11 de septiembre, mientras un millón (según la guardia urbana) de catalanas y catalanes se manifestaban en Barcelona en favor de la república, la ministra de Justicia, Dolores Delgado hacía en las Cortes una defensa sin fisuras del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, afirmando que el Gobierno español iba a defenderlo ante Bélgica hasta donde hiciera falta.

Tal posición del Gobierno español implica una negación de su propio discurso. Éste pone como línea roja para el diálogo con el gobierno catalán el respeto al Estado de derecho y la legalidad, a la vez que cierra filas, de manera incondicional, al lado de un juez que los incumple abiertamente.

Esta afirmación exige justificar por qué afirmo que Llarena vulnera el Estado de derecho y la legalidad. Para ello es necesario responder la pregunta acerca de dónde está el límite que ubica la actuación de un juez fuera del Estado de Derecho y la legalidad.

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Catalunya, Yemen y la ignorancia deliberada de Josep Borrell

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.

La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la "Marca España". Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.

A modo de ejemplo, la estrategia ideada por Dastis y continuada por Borrell de premiar desde los Premios de Periodismo Palacio de Viana del Ministerio de Exteriores con 12.000€ a aquel corresponsal que mejor hable de España no puede ser más que una incitación a que los medios de comunicación libres  pongan en duda los estándares democráticos del Gobierno español, y consecuentemente ha venido a generar un efecto contrario desde la mordacidad y escrutinio de la prensa internacional sobre las acciones del Gobierno español, reforzando el convencimiento de que demasiadas cosas no funcionan en España, más si aparecen nuevos escenarios tan inquietantes como las amenazas de intervención de TV3 por parte de distintos agentes políticos españoles, las imputaciones y condena por delitos de blasfemia o a cantantes de hip-hop por el contenido de sus canciones, la situación de los presos y exiliados políticos, la rocambolesca criminalización de los CDR como "grupo terrorista" por parte de la Fiscalía del Estado, la investigación criminal iniciada en Bélgica por la justicia belga por el seguimiento realizado por la policía española y el CNI a Carles Puigdemont, o la negativa de la República Federal de Alemania a entregarle a las autoridades españolas, entre otras flagrantes muestras de inobservancia de los valores democráticos y pluralidad que requiere una sociedad integrada en la Unión Europea.

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Los antisistema son ellos

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Tribunal Supremo

La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.

Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.

Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.

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Si no es nada nuevo, ¿por qué la sorpresa, Alemania?

Marcha neonazi de Chemnitz

Es como si Alemania hubiera tenido que llegar al punto en que uno de sus jugadores de fútbol del equipo nacional renunciara para que medios de comunicación, políticos y la opinión pública escuchara las quejas sobre racismo y discriminación cotidianas que se viven en el país. Se ignoró durante años el llamado de muchos; y hoy la extrema derecha, con sus discursos de odio ( Ausländer rauß y Wir sind das Volk: Fuera extranjeros y nosotros somos el pueblo) en sintonía con el resto en Europa, está en alza en todo el país, con manifestaciones más extremas como las recientes en Chemnitz, donde periodistas, personas que piensan diferente, y alemanes y extranjeros no blancos, fueron objeto de ataque. Lo que no entiendo es que todavía muchos se sorprendan.

Mucho tiempo se estuvo discutiendo si Alemania es o no país de emigración, ignorando que precisamente desde este país empezaron grandes movimientos migratorios que inevitablemente generan flujos en doble sentido. Al mismo tiempo, se creaba un imaginario construido de que el racismo era cosa del pasado, pero, mientras tanto, se seguía y siguen utilizando términos como Migrationshintergrund, o sea, trasfondo migratorio, para referirse a personas con raíces étnicas en otro país, por lo general personas no blancas. El término, con una connotación negativa y de inferioridad, se usa incluso hasta más allá de la tercera generación, lo que impide  que los así definidos generen un sentido de pertenencia común, a la vez que señala que aquel, aunque alemán, no pertenece al grupo.

Todo empieza por la palabra. Y esto, claramente, se ha visto también en estos días en los medios de comunicación y discusiones públicas sobre lo ocurrido en Chemnitz. Los reporteros, los analistas y los políticos han pretendido sentar una posición de rechazo a las actitudes racistas de la extrema derecha, pero casi automáticamente y sin reflexión, usando un lenguaje excluyente, que propaga aún más el racismo que dicen querer combatir. Un ejemplo, en vez de hablar sobre ataques racistas (a personas no blancas), hablan de ataques a extranjeros, afirmando implícitamente que para ser alemán hay que ser blanco, y si no lo eres, entonces es porque eres extranjero, emigrante. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿No pueden hacerlo mejor? ¿Hay que vivir la discriminación para notarlo?

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Por Dios y la Virgen, esto no es delito

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Un juez ordena la detención del actor Willy Toledo por no acudir a declarar

La última sentencia por blasfemar fue dictada por el Tribunal Supremo el 31 de marzo de 1979, que resolvía un recurso de casación. Se trataba de una persona que en un bar que encontró en la carretera pronunció blasfemias. Sin embargo, no provocó escándalo público porque “el procesado, hablando fuerte y dando voces, pronunció palabras y frases insultantes para Dios y la Virgen en la barra de un bar abierto al público, en el que sin embargo no consta hubiese más interlocutor que el camarero con el que acaloradamente discutió”, por lo que el Alto Tribunal entendió que se trataba de una falta y no de un delito. El único que se escandalizó fue el camarero, no había nadie más para alarmarse por sus palabras, así tuvo suerte de que el bar estuviera poco frecuentado en ese momento y, también hay que decirlo, se le atenuó considerablemente la pena, al hallarse en estado de “embriaguez no habitual”.

El delito y la falta de blasfemia fueron suprimidos mediante Ley Orgánica 5/1988 de 9 de junio y ello porque un estado aconfesional, respetuoso del pluralismo y la libertad de expresión no debía castigar la acción consistente en atacar la moralidad difundida por ninguna religión. Suponía, por tanto, una contradicción con los valores y principios informadores de la Constitución de 1978.

Otro delito que pervivió varios años después de promulgada la Constitución de 1978 fue el delito de abolición por la fuerza de la confesionalidad del estado que se derogó en 1983.

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Los que denuncian los abusos del poder vuelven a sentarse en el banquillo

Manteros trabajando

Vaya veranito. Se nos acabó el espíritu solidario y los que llegaron en el Aquarius ya han empezado a ser deportados.  Los que cruzando el mar o saltando vallas para intentar huir de la miseria a la que nuestros intereses económicos los han condenado se han convertido en peligrosos invasores a los que hay que despachar con urgencia. Los manteros de Barcelona se pelearon con un turista y ahora son mafiosos despiadados que están arruinando al pequeño comercio. Y ciudadanos, en un alarde de modernidad y neoliberalismo sensato, ha resucitado el eslogan nazi:  “Ordnung und Sicherheit” ("aka: orden y seguridad").

No obstante, todos hacemos locuras en verano, nosotros comemos más de la cuenta, los medios emprenden campañas para criminalizar la inmigración y la ultraderecha retoma consignas nazis. Pero el verano ya se acaba, volvemos a estar en guardia y ya nadie en su sano juicio intentará colarnos que hace falta más seguridad en uno de los países más seguros del mundo, o que los manteros le quitan clientes a Gucci. Y si alguien lo intenta, contestaremos, rebatiremos sus mentiras y denunciaremos sus acciones, y entonces... entonces quizás acabemos sentados en el banquillo de los acusados. Al menos, esto es lo parece que les va a ocurrir a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y al grupo de trabajo Derechos Civiles 15M-Zaragoza.

El pasado mes de febrero ambas asociaciones le hicieron llegar al ayuntamiento de Zaragoza un informe en el que se recogían diversos casos de abusos policiales sufridos por los manteros de la ciudad (relatados  aquí y aquí). Este que leen y un puñado de medios más se hicieron eco de la noticia, y la respuesta no se hizo esperar. A las pocas semanas el Sindicato Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) amenazaba a ambas asociaciones con una querella por delito de odio contra la policía.

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El estado lo llama entrega digna

Acción de Amnistía Internacional sobre desapariciones en Colombia en Barcelona © LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Hace unos días volví de una visita a Colombia. Fui para atender lo que la Fiscalía General de la Nación llama “entrega digna”. 

“Entrega digna”, en este caso, de un cuerpo que fue víctima de un crimen de Estado. Entrega de los restos óseos de quien antes de ser ejecutado también fue torturado por miembros del Estado colombiano. 

¿Cómo no quedarse tropezando en el hecho de que precisamente la institución que después de más de 30 años no ha sabido responder ante nuestro derecho a la justicia y la verdad, use sin sonrojarse la palabra “digna”, la expresión “entrega digna“? ¿Qué hay acaso de digno en todo esto? 

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Sobre el concepto y la existencia de presos políticos

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Quisiera tratar con una tranquilidad reflexiva, a veces difícil de realizar debido a la vertiginosidad de los acontecimientos y la tensión e intereses que rodean a ciertos temas, desde un punto de vista fundamentalmente analítico y académico, la expresión tan discutida en los últimos meses, sobre si existe, o no, la categoría de preso político en España. Con frecuencia, la negación a aceptar su existencia se argumenta señalando que en una democracia la disidencia está permitida y legalizada y por tanto supondría una contradictio in terminis aceptar una categoría semejante.

Para comenzar, creo que pocas veces se repara en el hecho de que, antes de tratar sobre la existencia o no de presos políticos, debería pensarse en el estadio cronológicamente anterior a la situación de privación de libertad que la determina. Aludo a la categoría de "delito político" (antigua y muy conocida en el derecho penal), especialmente pensada, discutida y legislada en las postrimerías del siglo XIX y durante buena parte del XX y siempre rodeada de una polémica que la situó entre los temas más controvertidos de la doctrina jurídica. En realidad, desde finales del siglo XIX, como desde Franz von Liszt en Alemania y Jiménez de Asúa en España quedó de manifiesto, parecería tratarse de un binomio de aceptación imposible para las dos partes en conflicto. Repasemos brevemente los principales contornos de la discusión aludida.

Los orígenes, modernos, del concepto de delito político, se encuentran en el combate (y esta palabra es relevante pues pone de manifiesto la dimensión bélica sobre la que se asienta la cuestión) contra el movimiento obrero, contra sus manifestaciones más organizadas y "radicales" y en concreto contra lo que se dio en llamar "el anarquismo" por numerosos autores. Muchos autores y líneas de la criminología positivista y tardo-positivista pueden dar testimonio de cuanto se indica. Repasemos brevemente algunos antecedentes.

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