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Principio de legalidad y arbitrariedad para Catalunya

Marchena, en una de las sesiones del juicio.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en contra del Procés ha confirmado lo que previmos muchos hace dos años, que la represión no había hecho más que empezar.

Una disparatada querella presentada por el Fiscal General del Estado, en la que se criminalizaba un gran elenco de derechos civiles y políticos, dio comienzo a una situación jurídica inesperada, al mutar el ámbito propio de la desobediencia institucional por los delitos de rebelión y sedición. Por aquellas fechas el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya se hallaba investigando a varios de los hoy condenados –representantes políticos- por delito de desobediencia.

Las iniciativas y leyes aprobadas durante el Procés por el Parlament fueron sucesivamente impugnadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, quien las anuló una a una. El Tribunal Constitucional apercibió a los responsables políticos de que no debían seguir creando un marco normativo que amparara el proceso soberanista, so pena de incurrir en un delito de desobediencia. Este era el ámbito, por tanto: la comisión de posibles delitos de desobediencia, que prevé una pena de inhabilitación para el cargo público.

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El plan de Pedro Sánchez: extractivismo electoral y Más País

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A medida que avanzan los días parece más evidente el interés de Pedro Sánchez por sabotear un pacto de gobierno con Unidas Podemos y provocar elecciones. La coyuntura que se le abría, con la sentencia del procés entre otros temas, podía ser fuente de conflictos y rupturas en el interior de un gobierno de coalición pero, en cambio, una oportunidad en el marco de una campaña electoral. En esta, el PSOE cree tener el escenario perfecto para matar dos pájaros de un tiro: en la esfera derecha del tablero, llevar a cabo una estrategia de extractivismo electoral que le permita ampliar diputados a costa de Ciudadanos. Y, en la esfera izquierda, debilitar, con la entrada en juego de Mas País, la capacidad negociadora de Unidas Podemos.

El extractivismo es una estrategia económica basada en la explotación de recursos naturales que incluye un aspecto material y otro cultural. A nivel material, implica organizar la economía nacional del país extractivizado según las necesidades de desarrollo de otros países. Los habitantes del primero trabajan para el desarrollo, el consumo y la acumulación de los ciudadanos de los segundos. Y, a nivel cultural, el extractivismo se caracteriza por el desprecio y la idea de que la vida de la gente del país subordinado no vale nada y se puede consumir mediante la explotación intensiva de su trabajo. ¿Le importa lo más mínimo a la gente del norte con móviles las vidas que mueren en las minas africanas del coltán con el que se fabrican sus teléfonos? El consumo de vidas humanas se convierte en medio para la acumulación de los receptores, sin existir sentimiento de culpa por ello.

La relación del PSOE con Catalunya durante la campaña opera como una especie de extractivismo en lo político, un extractivismo electoral aplicado en dos pasos:

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En la encrucijada

Mientras en el panorama político se están moviendo las fichas de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, en la escena judicial son muchas otras fichas las que se mueven y, algunas, por inocuas que parezcan, tendrán grandes repercusiones tanto de cara a ese procedimiento como a la situación que afecta a los diputados electos y proclamados al Parlamento Europeo.

Aún no se sabe cuándo saldrá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés ni la calificación jurídica que se dará a los hechos ni las penas que se impondrán, pero sí sabemos cuándo se resolverá algo que se nos antoja como esencial y a lo que no se le ha prestado ninguna atención: la vista oral ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para contestar las cuestiones prejudiciales elevadas por Marchena y la Sala Segunda del Supremo.

Aventurar lo que pueda o no decidir el TJUE es mucho aventurar, pero sí hay algunos temas que, de entrada, se puede tener claro que serán establecidos por dicho tribunal: la inmunidad que protege a los eurodiputados electos y proclamados (Puigdemont, Junqueras y Comín) y la obligación de los Estados de respetar dicha inmunidad. Sí, el TJUE no negará la condición de electos y proclamados, tal cual fue publicado en el BOE el pasado 14 de junio, ni negará que están protegidos por la inmunidad propia de los diputados electos y proclamados.

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Otra bala contra el mensajero

Otro septiembre y otra denuncia contra quien ose mencionar públicamente que los funcionarios del estado español no son beneméritos ángeles sin alas. Hoy toca sentarse en el banquillo a Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, por afirmar que existen las torturas en prisión. Ocurrió durante un debate sobre el asimiento penitenciario en TV3. Un juez admitió a trámite la denuncia de CC.OO. por calumnias a los funcionarios de prisiones.

El año pasado conocíamos de la denuncia de un sindicato policial contra dos asociaciones zaragozanas (inicialmente por "delito de odio") que presentaron al ayuntamiento un informe que recogía testimonios de manteros denunciando abusos por parte de agentes de policía local. Aquel caso sigue abierto y en breves se celebrará un juicio en el que la acusación pide 2 años de cárcel y 15.000 euros de multa para el ex-presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, una de las asociaciones que presentaron el informe. La acusación final: injurias y calumnias.

Los que somos un poco lentos procesando la creatividad de algunos estamentos al interpretar la ley aún estamos intentando entender qué clase de Derecho se está aplicando en aquel caso. Es la fase de "justificación". Por eso la imputación de Iñaki Rivera nos ha pillado buscando qué sentencias del Tribunal Constitucional se nos habrán traspapelado en el intento. Otros casos previos como el de Valtonyc o La Insurgencia pertenecen a la primera fase, la de "negación".

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No son errores, son delitos

Que los fiscales colombianos a cargo de las investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 nieguen que el Ejército colombiano desapareció personas forzadamente en torno a estos hechos es tan siniestro como negar el conflicto armado, no querer la paz o rehusarse a que Colombia merezca algo mejor que lo vivido en los últimos 50 años. Buscar la impunidad y desconocer la gravedad de lo acontecido es quizás el modelo del tratamiento que se quiere dar a las más de 80.000 personas desaparecidas en el país.  

Hace pocos días, el Ejército de Colombia dio a conocer que los altos mandos de esa institución acordaron presentar ante la sociedad colombiana y la Comisión de la Verdad parte del Sistema Integral de Justicia Transicional, una versión unificada como institución, sobre lo sucedido en los años pasados del conflicto armado. Una versión en la que, aunque suene increíble, se presentan como una de las víctimas de la guerra. ¡Sólo cometieron errores, pero nunca delitos!

Mucho parece que las declaraciones de los fiscales Sarmiento y Oróstegui, encargados de investigar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en el Palacio de Justicia, son parte de este plan coordinado. 

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Rescatar es una obligación

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Una persona migrante a bordo del Open Arms.

La situación creada en los últimos días a raíz del rescate de migrantes realizado por el buque Open Arms ha servido para conocer, aparte de las miserables posturas de muchos políticos especialmente italianos y españoles, una serie de carencias del actual gobierno o, al menos, de su portavoz Carmen Calvo quien ha llegado, incluso, a plantear la posibilidad de que se sancione al capitán de dicha embarcación porque "el Open Arms no tiene permiso para rescatar. Lo sabe el capitán del barco y se lo recordó el ministro de Fomento".

Desconozco lo que sabe o no el capitán, pero sí tengo claro lo que dicen las normas internacionales y, concretamente, lo que establece el Convenio de Montego Bay sobre Derecho del Mar de 1982, que fue firmado y ratificado por España según consta publicado en el BOE de 14 de febrero de 1997. Más concretamente, lo que dice su artículo 98, según el cual no es que el capitán no tenga permiso para rescatar, como sostiene la ministra Calvo, sino que, además, tiene la obligación de hacerlo y si no lo hace, el propio Gobierno del cual Calvo es portavoz, tendría la obligación de exigirle responsabilidades.

Ese convenio internacional, que no ha sido alterado hasta la fecha por ninguna otra norma internacional posterior, establece en su artículo 98: "Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo; c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala".

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Salvémoslos, ¡hipócritas!

La tripulación del Open Arms atiende a los migrantes rescatados.

El relato se repite en las televisiones europeas como una letanía: la de horas que tertulianos, periodistas y gobiernos dedican a la supuesta dificultad de rescatar personas (¡personas!) del Mediterráneo, y el poco tiempo que antes dedicaron a lo que nos ha costado, a todos, rescatar bancos y entidades financieras con miles y miles de millones de euros. ¿Por qué no hay una denuncia mayoritaria de esa relación? ¿Por qué son tan pocos los que se quejan públicamente de la contradicción de haber destinado una ingente cantidad de recursos al sistema financiero, a fondo perdido, y de negarse al mismo tiempo a rescatar a quienes nos piden auxilio desde nuestras costas? 

El ideario neoliberal no es sólo una fórmula de prediseñar el Estado para hacerlo funcional a los intereses privados, no es sólo un catálogo de privatizaciones y obscenos robos, sino también una nueva subjetividad que impregna la acción personal de un individualismo competitivo extremo. Esa ideología de la competición entre individuos está acelerando el olvido de lo que de verdad supone la democracia: el poder del demos, del pueblo, en la toma de decisiones colectivas y en la resolución de los problemas de la comunidad a la que pertenecemos.

Porque no somos átomos aislados, sino animales políticos que convivimos en comunidad y necesitamos del otro para realizarnos nosotros mismos. Una vida plena es sólo posible si se da con los otros, con una alteridad que el neoliberalismo pretende negar y demonizar como competencia, como insana carrera donde los obstáculos son quienes nos rodean.

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¿Por qué Podemos no dijo que sí?

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. EFE

Una honda desazón recorre el cuerpo de la izquierda española pues se percibe la pérdida de una oportunidad histórica de entrar, por primera vez desde la reinstauración de la democracia, en el gobierno del Estado y no se entiende la negativa de los dirigentes de Podemos a aceptar lo ofertado por el PSOE. Aquellos lo tratan de explicar por la vía de la ausencia de competencias reales y de presupuestos acordes como para tomar decisiones, lo que a su entender los transformaría en elementos decorativos de un gobierno en el que finalmente no tendrían peso.

Falta tiempo histórico para calibrar las consecuencias de la decisión de rechazar un gobierno de coalición donde se les ofrecían una vicepresidencia y tres ministerios, tales como Sanidad, Igualdad y Vivienda. Luego de una ardua lucha esta fue la última oferta que les realizaron, cierto es que a último momento y casi sin tiempo de valorarla en profundidad. La renuncia de Pablo Iglesias sorprendió al PSOE y lo obligó a aceptar negociar un gobierno de coalición que no quería, como lo dejó claro desde el principio. No hace falta extenderse en las dos almas que habitan en el PSOE -la socialdemócrata y la social liberal- que le impiden ser un partido de izquierda, pues serlo implicaría un cuestionamiento del neoliberalismo y no ser un avalador activo de dichas políticas.

Es verdad que dichos ministerios no eran los que pedía Podemos y que no tenían importantes competencias. (Una pregunta entre paréntesis: ¿por qué no pidieron el Ministerio de Cultura siendo que es en este terreno donde se juega la ideología de la competencia capitalista en contra de la de solidaridad entre los ciudadanos?) Cierto es también que la oferta no era proporcional a los votos de cada uno y que se habían cobrado la cabeza del líder de UP. Sin embargo, esta no es -a mí entender- la cuestión central. El portavoz de Esquerra Republicana -Gabriel Rufián- les recordó en la cámara de diputados el día de la segunda votación la importancia de participar en el gobierno y las posibilidades que ofrecía estar sentado en el Consejo de Ministros defendiendo su orientación política desde dentro. Dicho gobierno de coalición hubiera sido un hito en la historia de la democracia española que hubiera abierto el camino de la izquierda a futuros pactos y posibilidades. Hasta septiembre habrá tiempo de intentarlo, aunque ya no se dan las mismas condiciones y el PSOE ha reforzado su negativa a proponer lo mismo otra vez.

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¿Por qué un gobierno de coalición para España?

Abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los gobiernos de coalición en Europa son la norma desde hace muchos años. De los 28 Estados que la componen, 21 tienen actualmente esta forma de gobierno dado que ninguno alcanza la mayoría absoluta. Una coalición implica un programa de gobierno consensuado y la participación en el ejecutivo con vicepresidencias y ministros. Por destacar algunos de los 21: Alemania (3 partidos), Francia (3 partidos), Italia (2 partidos), Hungría (2 partidos), Bélgica (3 partidos), Dinamarca (3 partidos), Finlandia (5 partidos), Países Bajos (4 partidos), Polonia (3 partidos) y Suecia (2 partidos). Estas coaliciones no implican necesariamente que se obtenga la mayoría absoluta y, por ello, a veces necesitan de acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas. También se puede gobernar en solitario con apoyo externo, como lo hace Portugal.

En razón de ello, la demanda de un gobierno de coalición por parte de Unidas Podemos (UP) con su presencia en el ejecutivo, previo pacto de un programa de izquierda, se inscribe en lo razonable y no debería suscitar más rechazo o asombro que el de las fuerzas de la derecha. Sin embargo, el partido socialista (PSOE) se resiste a esta posibilidad ofreciendo un "gobierno de cooperación" con cargos de UP en escalones intermedios de la Administración sin presencia en el ejecutivo. Por otra parte, los posibles apoyos o las abstenciones del Partido Nacionalista Vasco, Partido Regionalista de Cantabria, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña no han manifestado ninguna dificultad ante la presencia de UP en el gobierno lo cual facilita dicha coalición. Entonces, surgen dos preguntas que trataremos de responder: ¿Por qué el PSOE no pacta con UP y acepta formar gobierno con estos? y ¿por qué UP no acepta pactar un plan de gobierno y un "gobierno de cooperación" o incluso un pacto programático sin cargos intermedios?

El presidente ha dicho claramente que su socio preferente es UP y que quiere un gobierno de izquierdas. Pero quiere gobernar en solitario con el apoyo de los 42 diputados de UP. Piensa que el pueblo eligió al PSOE para dirigir a España solo, ya que obtuvo un gran número de diputados (123). Argumento ciertamente falaz cuando este número no le permite gobernar (mayoría 176). Pero incluso si seguimos este razonamiento, vemos que el pueblo votó a dos partidos progresistas que si se unieran (UP 42) estarían cerca de la mayoría absoluta (sumados 165) y, según las encuestas realizadas, esta es la coalición que le gustaría a los votantes de ambos partidos.

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La España rural, anhelo romántico de comunidad

El municipio de Aladrén, con un censo de poco más de 50 habitantes.

En los últimos tiempos, en los más cercanos, la referencia de la llamada "España vacía" o "vaciada" es una constante en los medios de comunicación que, tras décadas de ominoso silencio sobre la despoblación, comienzan a tratar la cuestión con programas especiales y secciones específicas. Bienvenido sea este esfuerzo por poner en la agenda política el verdadero problema territorial de España, que no es otro que el de la desigualdad demográfica entre los diferentes puntos de una geografía castigada por el desempleo, la dispersión poblacional y la falta de infraestructuras, pero debería ser también tratada esa bienvenida con el recelo que despierta toda súbita revelación. Y es que, al margen de la oportunidad o no del término "España vacía" que ha logrado popularizarse, creo que subyace a este tratamiento mediático un error de enfoque que puede desvirtuar el propósito mismo, sin duda loable, de quienes se preocupan cada vez más por esta España nuestra que desfallece.

Veamos las últimas noticias al respecto. Comprobemos los últimos reportajes sobre la despoblación y los programas de televisión que se han realizado. Sólo se centran en aldeas perdidas a punto de desaparecer, vendiendo la realidad rural como una resistencia numantina de unos pocos héroes que aguantan la llamada de la urbe o que, hastiados de ésta, huyen al reencuentro de una esencia perdida. En estos últimos casos es todavía más palpable el halo de romanticismo que rodea a este tipo de coberturas mediáticas, y que parte de la distinción que realizó en su momento Ferdinand Tönnies entre "sociedad" y "comunidad". Para el sociólogo alemán, la "comunidad" se refiere a todo el conjunto de lazos y vínculos sociales más naturales que se dan entre las personas, generalmente en el seno de grupos estables, pequeños y donde existe la posibilidad del reconocimiento mutuo. Es el humanizado mundo rural, en el que priman relaciones horizontales, solidarias y permanentes, el mismo mundo que en la época de Tönnies comenzaba a fenecer como consecuencia de la revolución industrial y el correlativo proceso de urbanización en Occidente. La "sociedad", en cambio, es la construcción artificial, impersonal y anónima, donde la relación vertical es hegemónica y donde se han perdido o difuminado las relaciones humanas de fraternidad, sustituidas por la vertiginosa y anónima vida diaria de las grandes urbes. La "sociedad", con la artificialidad del aséptico imperio de la ley, permite la división del trabajo, la competencia entre los mismos trabajadores y un individualismo extremo que se pierde en la masificación y la falta de reconocimiento social.

A pesar de su dualismo y de la generalidad de la división, ésta nos sirve para ilustrar el error de enfoque en torno a la España vaciada que apuntamos. Porque la perspectiva parte siempre de la ciudad, de la "sociedad", que ve lo rural como una válvula de escape para sus problemáticas urbanas, para la artificialidad de las relaciones impersonales que en ella predominan. Por ello se busca la "comunidad" perdida, esa esencia de origen en el que todo es supuestamente fraternidad y humanidad, donde los individuos son, antes que nada, personas. Y por ello, en consecuencia, se prefiere siempre focalizar la cuestión de la despoblación en las aldeas a punto de desaparecer, en una ruralidad demasiado rural, casi cercana a lo medieval, donde aquella "comunidad" parece subsistir por fin en medio de artesanías o ancianos que conversan a la luz de la estufa. La búsqueda de la "comunidad" perdida termina mitificando el vacío demográfico mediante su identificación con el ideal-tipo de la aldea que resiste, cuando en verdad la clave de la despoblación de la mayor parte del territorio español reside principalmente en la crisis de los núcleos intermedios.

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