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No cabe la suspensión y lo saben

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La suspensión de electos se está complicando a pasos agigantados y, seguramente, ello se debe a algo que es esencial: no existe previsión legal para hacerlo en esta fase procesal y, por ello, el Tribunal Supremo está tan interesado en que lo hagan las Cortes Generales. Me explicaré.

El artículo que se aplicó cuando los presos políticos catalanes fueron procesados es el artículo 384 bis del Código Penal, y dicha norma sólo es aplicable una vez que el auto de procesamiento es firme; pero cualquier interpretación que se haga de dicho precepto impide su aplicación en el momento actual toda vez que la norma dice, literalmente, que: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". 

Pero no sólo basta tener presente la literalidad de la norma sino, también, su ubicación sistemática dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en este caso, nos encontramos con que dicho precepto se ubica Título II (denominado "De la querella") y, más específicamente en su Capítulo III (denominado "De la identidad del delincuente y sus circunstancias") pero, muy significativamente justo antes del Capítulo IV  que se llama "de las declaraciones de los procesados".

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La democracia europea ampara lo antidemocrático

Hay un debate sobre dónde se sitúan las amenazas a la democracia en Europa que termina señalando dos polos.

Por un lado, el imperio de las normas en la Unión Europea, reflejo de una idea de gobierno donde lo fundamental es la aplicación de lo acordado por las mismas. Así, lo esencial no es gobernar sino sostener una correcta gestión y la idea de Europa como una empresa a la que hay que administrar. Este modo de acción deja fuera a la política en tanto debate, confrontación, antagonismo, participación e invención. Lo que finalmente gobierna son "las cosas", las normas -como sostiene Jean Claude Milner- y lo que hay que hacer es simplemente aplicarlas.

Por el otro, las ideas totalitarias que reniegan de esta Europa, corrientes profundamente antidemocráticas que se sienten autorizadas a representar el descontento y la desesperanza que causa en la población la falta de accionar político de la democracia europea. Esta ideología "aggiornada" intenta instaurar gobiernos que llaman democracias iliberales debido a su descreencia en la democracia liberal y su equilibrio entre los tres poderes. El gobierno húngaro nos sirve muy bien como ejemplo para esto ya que su presidente, Viktor Orbán, afirmó en su investidura en mayo de 2018 que "la era de la democracia liberal ha terminado". Estas democracias iliberales (término acuñado por Fareed Zakaria) donde el poder se concentra fundamentalmente en el Ejecutivo, terminan siendo sistemas autoritarios por consenso, en los cuales la oposición debe callarse la boca como sostiene el nuevo gurú de la ultraderecha mundial Steve Bannon. Este artífice del triunfo de Trump está montando, junto con los sectores más conservadores de la Iglesia, una internacional ultraderechista con sede en Bélgica, "The Movement", y usa como puerta de entrada en Europa una escuela para dirigentes de ultraderecha en un monasterio en Italia, la Cartuja de Trisulti.

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El caso Iceta, la cortesía y los requisitos para un diálogo honesto

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Miquel Iceta.

Días atrás, Pedro Sánchez elegía a Miquel Iceta para presidir el Senado, presentando la propuesta como un gesto hacia Catalunya. La negativa de JuntsxCat, ERC y la CUP de votar, en el Parlamento catalán, a favor de la designación de Iceta como senador autonómico, ha sido calificada por el PSOE y muchos medios de comunicación como una negación del diálogo y un ataque a la convivencia y a la cortesía parlamentaria. Sin embargo, si quitamos, por un momento, el foco en la respuesta de los independentistas y lo colocamos encima de la propuesta de Sánchez, podemos ver que la oferta de este carece de los requisitos básicos de cualquier propuesta honesta que pueda ser aceptada.

Para que, en el marco de un conflicto político, una oferta de diálogo por parte de un gobierno pueda considerarse honesta, debe cumplir dos reglas de cortesía indispensables: 1. Debe ir acompañada del cese de la represión contra la otra parte. No se puede pretender cortesía y diálogo del otro si no suspendes, al menos temporalmente durante la negociación, la represión y vulneración de derechos contra éste. Y, 2. El diálogo no puede basarse en el engaño a la otra parte.

Ninguna de estas dos reglas de cortesía o requisitos han acompañado las, hasta ahora, ofertas de diálogo ofrecidas por el Gobierno de Sánchez a los partidos catalanes, ni tampoco acompañaban al supuesto gesto con Catalunya de querer nombrar a Iceta como presidente del Senado.

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El club que no quiere que se vigilen los derechos humanos

Foto de archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Días atrás, cinco de los países del gran club de la (extrema) derecha de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a su secretario general Paulo Abrao, para según ellos "proponerle respetuosamente" que este tribunal no interfiera más en los asuntos internos de los países firmantes cuando de violación de DDHH y reparación se trata.

Este club de los cinco mencionan que la CIDH al "momento de decretar medidas de reparación deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del Estado de Derecho". Es decir, que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede "sobrepasar" la autonomía de los Estados.

Son varias las sorpresas que resultan de esta solicitud:

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El tránsito de la derecha española al neofranquismo

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Javier Ortega-Smith, número dos de Vox

Vivimos un auge del neofascismo que, en España, adopta la forma de neofranquismo. Ello no se expresa sólo en la aparición de Vox, sino, también, en el claro tránsito ideológico del PP de Rajoy al de Casado, o en el del primer Ciudadanos que se definía como socialdemócrata, laico y no monárquico, al actual. Como se explica este auge?

Solemos escuchar, a menudo, que es una reacción al Procés. No obstante, las causas son más complejas. El fenómeno requiere una doble explicación: por un lado, una explicación global. El auge del neofascismo en España no puede entenderse aisladamente sino en el marco de una tendencia global en este sentido (Trump, Bolsonaro, Frente Popular francés, Alternativa alemana, etc.). Y, por otro lado, una explicación particular. Las determinaciones históricas propias de España hacen que el neofascismo franquista sea muy distinto al neofascismo inglés o francés.

Empecemos por la explicación global. Cualquier proyecto político de la derecha ha estado, siempre, orientado a establecer las condiciones para la reproducción del capitalismo. El hecho de que este último no sea un modo de producción estático sino cambiante, hace que el proyecto político que necesita, en cada momento histórico, sea también distinto. Así pues, mientras el capitalismo del s. XIX, en su fase de libre competencia, necesitaba del constitucionalismo liberal temprano como proyecto político. Y, el capitalismo del s. XX, en su fase monopolista de Estado, del Estado social. El neofascismo constituye el sistema jurídico-político necesario y funcional a la actual fase de transición hacia una nueva forma de capitalismo.

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Altsasu y el odio

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La Audiencia Nacional confirmó hace unas semanas las penas para casi todos los acusados por el caso Altsasu (para todos menos para uno). El terrorismo ha quedado fuera de la ecuación, pero, aun así, ahí quedan las condenas de hasta 13 años de prisión. Cabría preguntarse que, si finalmente no estamos ante un caso relacionado con el terrorismo, por qué lo ha juzgado la Audiencia Nacional y no la Audiencia Provincial de Navarra. Puede que este asunto de la jurisdicción esté amparado por la más estricta legalidad procesal, pero esto no es óbice para que alguien le pida a la Jueza Lamela −actualmente magistrada en el Tribunal Supremo− alguna explicación sobre dónde estaba ese terrorismo que vio en la instrucción.

En cualquier caso, aun prescindiendo del terrorismo, las penas de prisión se han mantenido, alcanzando, como ya hemos mencionado, los 13 años, de los cuales los acusados deberán cumplir 9 (al limitar nuestro ordenamiento el internamiento al triple de la pena mayor) a menos que el Tribunal Supremo dicte otra cosa. Para poner en contexto esa cifra, cabe decir que el homicidio doloso (matar a alguien con voluntad y conciencia de que se le está matando) está castigado en nuestro código penal con entre 10 y 15 años de prisión. También cabe señalar que, según los estudios de los que disponemos, 15 años es el límite máximo que una persona puede permanecer en prisión sin que las secuelas psicológicas que deja el encierro sean incurables y difícilmente conciliables con su reintegración en la vida social. Es decir, que aun aceptando que haya alguna pena de prisión que pueda no considerarse inhumana, 9 años es una pena elevadísima, y desproporcionada si atendemos a que se ha impuesto por unos delitos de lesiones.

La cuestión está en que, si finalmente no se ha apreciado ningún delito relativo al terrorismo, ¿cómo son posibles unas penas tan altas? La respuesta, como ya han comentado diversos medios, se encuentra en la aplicación del artículo 22.4 del Código Penal, en virtud del cual deben agravarse las penas de los delitos que se cometan por motivos racistas, antisemitas o discriminatorios. El citado artículo reza así:

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Los desahucios abiertos y la llave del riego

Protesta de miembros de la PAH y de Entrebarris

No sabemos si aquella fue una idea original de un solo juez, compartida más tarde entre cafés durante un desayuno en la ciudad judicial con otros magistrados, para iniciar lo que más tarde llegaría a ser una práctica habitual en la ciudad de Barcelona. Tampoco sabemos, no por falta de ganas sino por falta de información, si acaso fue deslizada por primera vez del puño y letra de un procurador o un abogado. Quizás, y esta versión literaria de los hechos es la que más me gusta, la idea nació en un cónclave entre promotoras, fondos de inversión y las cabezas jurídicas que los asesoran. Pero a pesar del origen incierto de la semilla del mal, finalmente la idea cristalizó en una resolución judicial y, como la gripe, se fue extendiendo en muchas otras resoluciones. Así, los desahucios con fecha abierta, los desahucios sorpresa, empezaron a ser parte habitual del drama de las personas que luchan por no quedarse sin hogar desde hace cerca de un año y medio.

A diferencia de los desahucios ‘normales’, si es que la práctica de quitarle el techo a alguien puede normalizarse, en que se fija una fecha y una hora determinada,  los desahucios abiertos permiten que pueda desahuciarse a una familia durante una quincena de días o un mes o un trimestre, según le convenga al juez o al letrado de la administración que dicta la diligencia de lanzamiento. De esta forma, como si nos encontráramos en un estado totalitario en el que el solo ruido del timbre nos sobresalta, la comitiva judicial puede aparecer en cualquier momento del período fijado para sacarnos de casa junto con nuestras cosas.

Pero volvamos de nuevo a la raíz ¿Por qué aparecieron los desahucios abiertos? Se han dado dos respuestas posibles, aunque ambas coinciden en lo fundamental. De forma oficial, según un reciente comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se deben a las dificultades con las que se encuentran las comitivas judiciales para realizar los lanzamientos y “que frecuentemente impiden su efectividad (en 2018, de 4.880 lanzamientos señalados por el Servei d'Actes y Comunicacions (SAC) de Barcelona, 2.683 fueron negativos y sólo 2.197 pudieron materializarse)”. De forma extraoficial, es bien conocido que dichas dificultades no son otras que la actividad incesante de los distintos colectivos de vivienda de Barcelona, que como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH), deciden ponerse delante de las puertas señaladas para evitar que familias vulnerables abandonen sus casas, de lunes a viernes, semana tras semana. Bajo esta luz, los desahucios con fecha abierta son una reacción de los jueces, enarbolando la bandera de la eficacia, ante el empoderamiento vecinal. Y es efectivo: organizarse delante de una puerta durante quince días o un mes es muy complicado.

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La inconstitucionalidad de un 155 indefinido

Hemiciclo del Senado, cámara encargada de aplicar el artículo 155 de la Constitución

Los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos han defendido recientemente, y de forma constante, la necesidad de aplicar indefinidamente el hoy famoso artículo 155 de la Constitución en Cataluña para restaurar, según dicen, el propio orden constitucional. Ahora bien, una aplicación como la que piden y desean sería ella misma atentatoria contra el orden que se pretende proteger y, por ende, abiertamente inconstitucional.

Nuestro texto fundamental del 78 quiso remediar los defectos y taras principales que el constitucionalismo español había lastrado en sus intentos históricos de consolidación. La subordinación del ejército a la autoridad civil, la separación de la Iglesia Católica y el Estado o la distribución territorial del poder fueron ejes centrales de dicho esfuerzo y han venido obteniendo, en su resolución, relativo éxito hasta el momento actual. El Estado autonómico pudo crecer y desarrollarse al calor de una Constitución que lo permitía desde su apertura y que, sobre todo, le daba carta de naturaleza mediante la consagración del derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones" (art. 2). El Estado se adjetivó así como Social, Democrático y de Derecho, pero también como un Estado autonómico en el que aquel principio se convertía en estructural y definitorio de la naturaleza misma de la nueva polis. Eso sí, la apertura seminal de la autonomía no quiso decir nunca indefinición absoluta, y el desarrollo ulterior de las CCAA ha debido tener siempre su límite en el respeto del principio de solidaridad que las acompaña, del reparto competencial que las delimita y de también, sí, la garantía última de la unidad de la comunidad política a la que pertenecen. Caso contrario, el Estado se reserva una serie de mecanismos ordinarios para hacer cumplir tales límites, como los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa o ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la tentativa continuada de quebrar en Cataluña el límite del principio de unidad provocó la activación, por primera vez, de un mecanismo extraordinario que la Constitución contempla como ultima ratio, el famoso artículo 155, y que recoge la coacción estatal frente a los ataques graves al interés general de España o frente a los incumplimientos sistemáticos, y también graves, de la propia Constitución o del conjunto del ordenamiento.

Este mecanismo es extraordinario, decimos, y sólo tiene virtualidad cuando se acude a él como último recurso tras haber agotado el resto de instrumentos que la Constitución permite, incluidos los políticos. Pero cuidado: la excepcionalidad de su aplicación no constituye un abandono del principio constitucional de autonomía, que sigue existiendo como estructural. Es más, lo que se persigue con tal excepcionalidad es precisamente lo contario, el restablecimiento de este principio en tanto garantía de la unidad del Estado y de la unidad del propio ordenamiento que se considera quebrado. Por ello es un mecanismo temporal, sujeto a determinadas acciones restitutorias del orden constitucional y de la legalidad vigente, y no una puerta subrepticia de reforma de nuestro texto fundamental que le prive de uno de sus principios estructurales. La suspensión sine die del de autonomía para una Comunidad Autónoma, sin otra limitación que la del criterio de oportunidad que considere en su momento el Gobierno tras el respaldo del Senado, sería así abiertamente inconstitucional, ya que atentaría contra una de las adjetivaciones, permanentes, del propio Estado que se desea salvar en su unidad. Advertíamos en otro momento que "en democracia los medios y los fines se confunden e identifican, y que aquel país que viva en una excepcionalidad continua para mantener su sistema constitucional, ya no puede considerarse una verdadera democracia". De mantenerse la proposición mentada de ambos líderes políticos este riesgo podría convertirse en realidad, por lo que si queremos protegernos de tal deriva no estaría de más que el Tribunal Constitucional se pronunciara ya sobre la aplicación del 155 de finales de 2017, pues pesa sobre ella, recordemos, un recurso planteado por Unidos Podemos. Así, el máximo intérprete de la Constitución podría delimitar el alcance de este precepto de uso excepcional y contener, con ello, las posibles extralimitaciones que hoy ya se plantean. 

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Testigos involucrados: ni mienten ni dicen la verdad

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El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Llevamos algunos días escuchando que las principales autoridades o mandos a cargo del desastroso "operativo policial" desarrollado en la jornada del 1 de octubre de 2017 en Catalunya ni vieron cargas policiales ni vieron los ataques violentos provocados por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil ni tuvieron conocimiento −directo o indirecto− de que, tal vez, algunos agentes podrían haberse excedido en el uso de la fuerza contra ciudadanos inermes y pacíficos. Incluso, alguno de estos testigos ni siquiera desean denominar "cargas policiales" a las brutales acciones violentas llevadas a cabo por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad allí comandados. Nada de nada. Bueno, la única violencia fue la protagonizada por "murallas humanas" y grupos organizados, nos dicen…

Tampoco las defensas pueden contrarrestar estas categóricas afirmaciones −o negaciones− con otros elementos de prueba, como son los que conforman la documental videográfica que obra en las actuaciones sobre las cargas policiales del 1-O... Por una extraña interpretación que ha realizado la Sala de enjuiciamiento, se ha impedido a las defensas mostrar concretos vídeos a fin de que los recalcitrantes testigos −empecinados en no ver la realidad o, por lo menos, una parte de ésta− puedan ofrecer alguna coherente o verosímil explicación acerca de su tesis de las "murallas humanas" o de la "trampa del Fairy", una vez que tienen frente a sí las imágenes de determinados funcionarios policiales golpeando brutalmente a la gente, aun cuando en algunas ocasiones, estas personas ya habían sido desalojadas.

Sin embargo, yo me pregunto ¿los testigos tenían otra posibilidad procesal que no fuera negar la realidad? ¿los testigos mintieron porque sí, porque desean a toda costa la condena de los acusados por rebelión o sedición? o, por el contrario, ¿no les queda otra salida que mentir? O ambas, por qué no, pues en este juicio contra el procés no hay nada cándido ni inocente desde su misma concepción.

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El patriotismo anticonstitucional

Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal, aplauden al público en el mitin de Vistalegre.

El denominado 'Patriotismo Constitucional' Verfassungspatriotismus, acuñado por Dolf Sternberger y popularizado por Jürgen Habermas en los años 80, ingresó en España de la mano del presidente del Senado Juan José Laborda en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI en el mes de enero de 1992.

Desde la traumática experiencia nacionalsocialista que anida en la memoria colectiva alemana, este término se utiliza por primera vez en Berlín durante la conmemoración del 30 aniversario de la Constitución germana y viene a proponer una suerte de sentido de pertenencia colectiva basado en los valores democráticos y en los derechos humanos. Un patriotismo racional -y no emocional-  que no se identifica con una tradición cultural determinada, sino con la universalidad de los dos elementos mencionados.

El orgullo de pertenencia a cualquier sociedad debe reunir esos requisitos, reconciliando identidades culturales diversas con la idea de la soberanía popular en el marco normativo democrático.

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