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Las enseñanzas de la captura de Pinochet, 20 años después

Augusto Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar que dio el golpe de Estado en una misa en la catedral de Santiago el 18 de septiembre de 1974.

Existen casos criminales que conmocionan no sólo a un país, sino a todo el mundo y no sólo en un momento determinado, sino a través de los años. Los crímenes más graves de Estado, desde los procesos de Núremberg con el juicio contra Eichmann y Auschwitz, en Jerusalén y Frankfurt, son de ese tipo de procesos.

El arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998 en Londres se enmarca dentro de este tipo de hechos. Este acontecimiento influyó entonces y lo sigue haciendo hasta hoy, en los movimientos de derechos humanos y en la persecución penal de los crímenes internacionales en todo el mundo, pero sobre todo, en la historia de Chile:

Pocas personas han descrito de forma tan conmovedora el impacto que tuvo el arresto de Pinochet, como lo hizo el escritor chileno Ariel Dorfman, quien sobrevivió la tortura y el exilio:

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Señores, definan 'insulto'

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La dirigente de Podemos, Irene Montero

A raíz de la sentencia civil dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid,  en la que se ha condenado a pagar una indemnización de 70.000 euros a una asociación de jueces y al autor de un poema considerado por el juez insultante contra Irene Montero, se ha abierto un interesante debate acerca de la libertad de expresión. Interesante para quien quiera abordarlo desde esta engañosa manera, pues, qué quieren que les diga, después de desgañitarme durante los últimos años por defender el derecho a la libertad de expresión, desde la no intromisión de ningún poder en la esfera de su legítimo y democrático ejercicio, parece que en esta discusión se me ha situado en el lado de la represión de este derecho.

El debate planteado de esta manera tiene trampa y no se lo pierdan porque, precisamente, quienes se consideran adalides y firmes defensores de la libertad de expresión son los mismos que siempre la han enfocado desde sus límites. Esto es insulto, sí, a la inteligencia. ¿Podrían mencionarme algún debate, tertulia o hilo donde no aparezcan estas restricciones? Incluso se han convocado innumerables conferencias desde el título Los límites de la libertad de expresión. Búsquenme, si les place, en algunos de estos foros o textos publicados y verán mi postura: siempre he abordado este apasionante tema desde la absoluta negación de cualquier límite a la libertad de expresión. Sin embargo, quienes claman vehementemente contra la injusticia de la condena civil por el machista poema satírico dirigido contra Irene Montero reconocen y aceptan los límites de la libertad de expresión bajo la premisa de que el Estado no tolera el insulto. También lo dice el Tribunal Constitucional interpretando el artículo 18.1 de la Constitución, que a su vez garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

No es lo mismo definir la libertad de expresión desde la negación de los límites -Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos- que desde la proclamación de sus límites -art. 20.4 de la Constitución Española y art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos-. No quiero decir que en Estados Unidos no se restrinja en la práctica este básico derecho, sencillamente, su formulación parte de cero límites. Parece un buen comienzo para debatir coherentemente.

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Los referéndums republicanos y el texto del 78 como constitución contra la gente

Ejemplar de la Constitución expuesto en el Congreso de los diputados

Durante los últimos tiempos asistimos a una ola de referéndums convocados al margen del Poder estatal. Primero fue el 1-O catalán de 2017. En julio de 2018 y a pesar de no estar contemplado en el procedimiento de reforma previsto en el estatuto de autonomía vasco, PNV y EH Bildu pactaron que la futura reforma del mismo sea sometida a una consulta entre la ciudadanía vasca previa a la tramitación en las Cortes Generales. Estos últimos días asistimos a la convocatoria de una ola de referéndums sobre la monarquía. Siete distritos de Madrid y cinco municipios de la comunidad ya han anunciado su convocatoria para diciembre. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III y la Universidad de Zaragoza han convocado también a referéndum. Y la cosa sigue.

El poder político estatal y el poder judicial considera que se tratan de referéndums no sólo no-constitucionales sino también inconstitucionales. Incluso, para evitarlos, el PP registró en julio, una proposición de ley para introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Pero, ¿Cómo es posible que, un país que se autodenomina democrático, sea inconstitucional que la gente vote y decida? La explicación a ello la encontramos en la actual naturaleza de la Constitución de 1978 como “Constitución contra la gente”.

Para entender a qué me refiero con lo de Constitución contra la gente, hay que diferenciar entre lo que llamaré una Constitución dinámica cuyo ejemplo podría ser Suiza y una Constitución estática cuyo ejemplo sería España.

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La mariconez de la bandera

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El humorista Dani Mateo simulando sonarse la nariz con la bandera de España

De entre las numerosas polémicas infértiles que dominan la actualidad informativa de las Españas quisiera destacar dos de las más recientes, si es que algo puede ser hoy calificado como tal en medio de este mundo de las prisas y la instantaneidad. Me refiero a las que han rodeado al uso del término “mariconez” en una canción de Mecano y a la todavía más mediática que se ha despertado en torno al “sketch” de Dani Mateo con la bandera española. Porque hay entre ambas un hilo que las une, a pesar de las diferencias de matices que las separan: el neopuritanismo infantilista que se ha instalado en el espacio público español.

Se lleva denunciando desde hace tiempo, y desde diferentes ámbitos y sectores, el aparente declive del derecho fundamental a la libertad de expresión, atenazado por leyes sancionadoras cada vez más invasivas y un derecho penal desbocado. Y es cierto: el auge de los delitos de opinión y la expansión sin límites del derecho administrativo sancionador amordazan cada vez más a un derecho que no sólo es fundamental en su dimensión subjetiva, sino que es objetivamente una de las piedras de toque de todo sistema democrático. La necesidad de que el Parlamento, con los nuevos juegos de mayorías, acometa cuanto antes una reforma de este marco legal es perentoria y constituye, desde el prisma jurídico-constitucional, una necesidad insoslayable. Ahora bien, este denunciable y “nuevo” populismo punitivo, ¿no responde en verdad a pulsiones presentes en la mayoría de la población y reflejadas en (todos) los partidos? Porque en el fondo parece vislumbrarse cierto consenso último, entre las fuerzas políticas, en cuanto a la conveniencia de acudir al Derecho punitivo, ya sea en su vertiente sancionadora o en su dimensión penal, para combatir y modificar determinados usos, expresiones o manifestaciones sociales. Y este consenso no sólo se da en el ideario conservador o en el neoliberalismo autoritario, ya que también es algo común a ciertas posturas progresistas y de izquierdas. No sé cómo puede defenderse a ultranza la libertad de expresión si para limitarla utilizamos diferentes parámetros en función de lo que se diga y de quien lo diga. Llevar al Código Penal las expresiones malsonantes o endurecer nuestras leyes para determinado tipo de delitos creyendo que con más cárcel se soluciona algo, no son pretensiones compatibles con la postura, legítima y certera, de quien denuncia cualquier ataque a los derechos fundamentales.

El puritanismo de la expresión pública, que impide a quienes participan en el foro de lo mediático enunciar siquiera cualquier frase que pueda interpretarse como lesiva para determinados colectivos y grupos de interés, parece haberse incrustado en el imaginario social español y es lo que, en el fondo, constituye la miasma intelectual que da sustento a tanta punición. Lo políticamente correcto es trasunto, en ocasiones, de una verdadera mordaza que impide que el pluralismo político e ideológico se expresen en libertad y se confronten en el espacio público a través del debate y la deliberación, verdaderas esencias de la democracia. La paradoja del castigo jurídico constante reside, además, en que al evitar desde el inicio la formulación de determinadas opiniones, por muy reprochables ética, moral y socialmente que sean, se está impidiendo al mismo tiempo su combate dialéctico y regalando con ello un espacio, el del “afuera” jurídico, que potencia al máximo el conflicto. Sin embargo, cada vez son más numerosos los ámbitos en los que hemos de tener un exceso de cuidado en las expresiones y en el lenguaje mismo que utilizamos, por no hablar de las limitaciones apriorísticas que sobre el fondo del debate pesan con una intensidad mayor y que vienen impuestas por nuevos marcos mediáticos e ideológicos. La defensa de la libertad de expresión, donde más sentido cobra y donde más virtualidad proyecta, es precisamente en el corazón mismo de aquellas controversias en las que una parte se ha erigido en la verdad absoluta y niega a la otra la propia posibilidad de manifestarse.

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Desokupa: vigilando al capital inmobiliario

Participantes en la manifestación de la PAH, con una pancarta

El timbre suena, como casi cada día. Del otro lado de la puerta están ocho hombres corpulentos. Su empresa: Desokupa. Su oficio: ejecutar desahucios extrajudiciales. Su método: actuaciones al margen de la ley, incluyendo en ocasiones amenazas y coacciones físicas. Sus clientes: grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que se enriquecen invirtiendo en vivienda 1. La empresa Desokupa salió a la luz en 2016 con el desalojo de la casa ocupada Can Dimoni en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces, su modelo de negocio se ha expandido, se han abierto numerosas franquicias en toda España y han aparecido muchas otras empresas similares. Pero el desarrollo económico de este nuevo sector privado de seguridad privada y desahucios extrajudiciales llega de la mano de las ventas de “pisos con bicho”, las reformas integrales y los alquileres de lujo o apartamentos turísticos.

Como otras ciudades de España, Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de nuevos procesos especulativos, especialmente relacionados con el alquiler y la ocupación en precario. La inversión en gestión inmobiliaria de fondos extranjeros, las compras de propiedades verticales y la formación de una nueva burbuja del alquiler participan en este proceso. En este contexto de presión inmobiliaria, las empresas privadas especializadas en impedir ocupaciones como Desokupa desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones especulativas. Para poder obtener la máxima rentabilidad de los “activos inmobiliarios”, es necesario mantener viviendas vacías con el objetivo de movilizarlas para transacciones futuras (compra, venta, rehabilitación…). Considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental implica considerar a las personas como activos económicos, que se tienen que mover de un sitio a otro según las fluctuaciones de las operaciones financieras. Este proceso que los expertos llaman ‘flexibilización del mercado inmobiliario’ tiene como consecuencia una precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos condenados a moverse sin poder construir proyectos de vida.

Así, los que padecen este proceso que retroalimentan empresas como Desokupa son en primer lugar aquellos que menos participan en el ciclo de acumulación del capital inmobiliario, aquellos que generan menos rentabilidad ya que se encuentran excluidos del mercado de la vivienda. Muchas familias en Barcelona y el conjunto del Estado español han sufrido distintas formas de acoso inmobiliario. Canillas de agua del edificio rotas en la noche por extraños, llamadas y visitas imprevistas e imponentes, desalojos extrajudiciales y judiciales, visibles e invisibles… desafortunadamente, los ejemplos no faltan.

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De traslados carcelarios

Miles de personas se concentran en la cárcel de Lledoners contra los escritos de la Fiscalía

Como es bien conocido, después de haber estado solicitando durante unos seis meses el traslado de los presos y presas políticos/as desde las cárceles de Madrid hacia Catalunya, se logró finalmente que dicho traslado se ejecutara a inicios del verano de 2018. Ello motivó que todos ellos/as pudieran ser conducidos hacia las prisiones cercanas a las ciudades de Barcelona, Tarragona y Girona y supuso una mitigación, si así puede decirse, del sufrimiento y del dolor añadido que no sólo para ellos/as sino para sus familias, para sus hijos y, en fin, para sus entornos sociales, había supuesto el alejamiento penitenciario. Desde el Sistema de Registre de i Comunicació de la violencia institucional de la Universitat de Barcelona, habíamos alegado entonces, desde principios de año, toda una serie de vulneraciones de derechos que consistían en el derecho a estar preso en una prisión cercana al domicilio, el derecho de los hijos y de las familias, especialmente de los menores de edad, a poder mantener unas relaciones familiares lo más acordes y similares posibles a los de la vida en libertad debido a la cercanía familiar de la prisión y, asimismo, el derecho a poder contar con todos los medios necesarios para preparar una defensa en condiciones, derecho que se veía y se vio seriamente limitado durante tantos meses de encarcelamiento alejado de Catalunya. Diversos artículos he ido publicando a lo largo de este año con alegatos jurídicos, relatos de anomalías procesales y análisis penológicos. Pero ahora quisiera poder detenerme en la consideración más humana y cotidiana que se asociará a las consecuencias psicosociales de la causa penal contra los/as presos/as políticos/as catalanes.

Como consecuencia del traslado a las cárceles de Catalunya, se inició así una cierta etapa, verdaderamente breve, que durará unos 6 meses aproximadamente, en los cuales se pretende producir aquello que en la ciencia penitenciaria se quiere denominar como un “principio de normalización” entre la vida carcelaria y la vida en libertad que supone intentar asimilar las condiciones de la vida cotidiana en el exterior de una prisión a aquéllas que se dan en una situación de privación de libertad. Dicho principio, evidentemente, no pasa de ser un mero mandato prescriptivo, propio del mundo del deber ser pero que poco se compadece con la realidad puesto que, por supuesto, sigue siendo una privación de libertad en cierta manera diferente o mitigada como decía pero, privación de libertad al fin en el interior de una cárcel con todas las consecuencias que una situación semejante comporta.

Y ahora pasado un tiempo, nuevamente, ante las acusaciones que se han formulado desde el Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, se verificarán los traslados a las cárceles de Madrid para que, otra vez, estén a disposición de un tribunal central, diferente a un tribunal de Catalunya donde el “principio del juez natural” haría que en el hipotético caso que hubiere algo que juzgar, ello se verificase ante un juez del territorio catalán -conforme a las reglas generales de determinación judicial de la competencia (alteradas en este macro proceso o causa general)-, y no ante un organismo de excepción, ad hoc o paralelo como es el propio de un tribunal centralizado de un Estado. En efecto, las reglas normales de determinación de la competencia de un juez para que conozca de la perpetración de un delito, establecen que conocerá del mismo el juez del lugar, del partido judicial, donde dicho acto se ha cometido. A los meros efectos dialécticos, podríamos plantear que los supuestos delitos de que se acusa a los/as presos/as políticos/as catalanes, de existir (hipótesis que no aceptamos), habrían tenido lugar en Catalunya. ¿Por qué entonces conoce de ellos un tribunal que está fuera del territorio catalán?: porque en su día se atribuyó dicha competencia a la Audiencia Nacional dando paso así a todo un conjunto de anomalías procesales que escapan ahora a esta reflexión, pero que no pueden ser olvidadas pues de aquellos lodos tenemos estos resultados… (invirtiendo el refranero popular). No obstante, semejante anomalía procesal no es otra cosa que una de las pruebas de la auténtica naturaleza política de todo este combate policial, judicial y penitenciario que pretende revestirse de contornos jurídico-penales.

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La razón neoliberal o por qué un día nuestros derechos dejaron de importar

El riesgo de pobreza en España se reduce pero sigue por encima de la media de la UE

Parece que de vez en cuando algunos políticos tienen extrañas ocurrencias. Ideas tan peregrinas que no podemos evitar reírnos de ellas. Una especialmente llamativa es la que tuvieron los responsables de la CCAA de Madrid hace unas semanas, la cual consiste en obligar a aquellos que reciban el ingreso mínimo de inserción a presentar una declaración jurada de sus ingresos. Como los medios ya destacaron, esta medida se traduce (como caso ilustrativo) en que los mendigos que cobren la Renta Mínima de Inserción tendrán que declarar cuánto ganan con la mendicidad.

Esta idea nos resulta hilarante solo porque es un poco más osada de lo habitual. Sin embargo, no es una excentricidad, es solo un paso más, una traba más en el kafkiano proceso que es conseguir una prestación pública. Cualquiera que haya aspirado en algún momento de su vida a recibir una ayuda de la administración ha pasado por dos fases. La primera es el descubrimiento de que tiene derecho a ella y la segunda es una yincana burocrática compuesta por una extensa ristra de certificados, los cuales debe aportar para probar que efectivamente tiene derecho a la ayuda. Cada trámite, cada administración visitada para solicitar un documento es una prueba, un reto que se debe superar para mostrar que no se está tratando de engañar al Estado.

La justificación que se esgrime para esto es la siguiente: no hay recursos públicos suficientes para todos, así que hay que ser responsables y asignarlos eficientemente. Hubo un tiempo en el que, en teoría, esto no era así, en el que a la persona se le reconocían unos derechos que el Estado estaba obligado a garantizar (o al menos, a eso se aspiraba). Pero hoy la obsesión por la sostenibilidad y la eficiencia son omnipresentes, conceptos que ocupan el centro del sentido común. Estos conceptos no solo justifican que se endurezcan las condiciones que debe cumplir un individuo para poder ejercer sus derechos, sino que también permiten extender una sombra de sospecha sobre los que reciben algún tipo de ayuda pública. Así, en nombre de la eficiencia, los que reciben algo del Estado deben ser vigilados, controlados y disciplinados. Curiosamente, este celo por los recursos públicos nunca se aplica a los beneficios fiscales de la gran empresa o a los millones que se inyectaron a la banca.

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La guerra política, judicial y económica (contra Cataluña)

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Imagen de archivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras

A lo largo de los 8 volúmenes que constituyen la obra "De la guerra", del famoso von Clausewitz, se desarrollan todas las modalidades que en aquellos tiempos podían integrar el concepto de lo bélico. La famosa frase relativa a que "la guerra es la continuación de la política por otros medios" no contenía ningún elemento eufemístico, ni cínico: la guerra en todas sus modalidades, señalaba el autor, siempre constituye un "acto político". Claro que las modalidades han ido cambiando, pero el dominio por él sostenido acerca de la necesidad de dominar las claves de un Estado (el dominio territorial, la centralidad del poder y el manejo de la economía) parece que sigue siendo actual.

Se están conociendo estos días operaciones increíbles orquestadas desde las más altas magistraturas del Estado contra Cataluña tras no poder impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. El diario ARA revela que la llamada "fuga masiva de empresas" de Cataluña (que en realidad eran cambios de sedes sociales, pero cumplían un efecto de impacto ideológico y psicológico inmenso) no se debió al "malestar e incertidumbre" del procés ni del referéndum, sino que fue una fina, fría y concienzuda campaña estratégicamente orquestada desde frentes muy precisos, en especial, la Presidencia y vice-Presidencia del Gobierno, el ministro de Economía de entonces y, atención y especialmente, el Rey de España. Desde esos órganos, nada menos, se orquestó y se ejecutó la orden de retirada masiva de capitales de, por ejemplo, Caixa Banc y el Banc Sabadell. Más de 10.0000 millones de euros retirados –a partir de las órdenes del 2 de octubre- que hicieron tambalear la continuidad de los bancos, luego compensados una vez que se habían "fugado" de Cataluña, crearon además el efecto de bola de nieve que provocó el temor de tantos inversores y pequeños ahorristas. Parece que no escatimaron en esfuerzos: el ministro de Economía hizo el oportuno "decreto a medida" para facilitar "la fuga" y se celebraron sendas reuniones del Rey de España con el Director de Caixa Bank, según informa con precisión el ARA, además de una serie de llamadas telefónicas de la Corona a directivos de empresas multinacionales, y otras presiones "reales" sobre otras empresas claves, tales como la Seat … Ahora se van entiendo mucho mejor algunas cosas.

"La política continuaba en efecto por otros medios"…. Clausewitz nuevamente. La palabra "guerra" cobra un sentido pleno cuando semejante operación de desestabilización económica (inmensamente irresponsable y que pudo causar estragos en el mercado bursátil y en los puestos de trabajo…) se revela que se diseñó y ejecutó por quien, de acuerdo al art. 56 de la Constitución Española, debe arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Estado. No fue entonces ningún "nerviosismo de los mercados" ni nada semejante provocado por el procés. Los agitadores estaban en sendos palacios del gobierno político y económico. ¿Es posible cuantificar el "daño social" que han causado con semejante operación de desestabilización e intentos de descapitalización de entidades bancarias? ¿Se sabe la desazón y las discusiones e impacto emocional que todo ello causó en miles de familias?

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El imposible retorno al pasado de la izquierda

Manifestación del 1 de Mayo en Madrid

En los últimos tiempos parece haberse instalado en el seno de la izquierda un debate complejo, amplio y rico, con múltiples matices, sobre la necesidad de regresar al campo de lo económico como eje central de lucha política. Desde algunos sectores se está comenzando a poner en entredicho la predominancia que los discursos y problemas culturales, simbólicos e identitarios han tenido para el espectro progresista en las últimas décadas, aun admitiendo que los mismos pueden complementar y enriquecer el objeto central de disputa, que no sería otro que las injustas relaciones de poder económico que se dan en nuestras sociedades. Bienvenido sea el debate, bienvenida esa nueva necesidad de pensar y de pensarnos que nos ofrezca nuevos instrumentos y nuevos conceptos para encarar los retos del presente y de un futuro cada vez más sombrío. Pero, como en todo giro, se corre el peligro de que el mismo no incorpore una novedad radical que lo haga merecedor de tal, sino una pretendida vuelta al reino feliz de los tiempos pasados que puede acarrear, a la larga, peores consecuencias que la indiferencia.

El último anuncio del partido laborista británico es sintomático. Nos presenta a unos trabajadores cansados de vivir en el extrarradio, cansados de la falta de certezas laborales y de salarios depauperados, y se nos promete como remedio un programa keynesiano de inversión, de empleo y de construcción. Un anuncio que podría perfectamente ser protagonizado por el Attlee de posguerra o por el Labour de los gloriosos treinta años del Estado social y de su capitalismo atenuado (1945-1975). Una vuelta a lo material, sí, pero que no nos dice nada sobre cómo afrontar los que, humildemente creo, son hoy los dos de los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos  y a los que la izquierda tiene que hacer también frente. Desafíos que no se daban con la crudeza de su realidad más palpable en esos treinta gloriosos ni en los vertiginosos comienzos de un Estado social al que ahora, ilusoriamente quizá, se intenta volver tras la luna de miel identitaria. Me refiero al cambio climático y a la deshumanización imperante en nuestras sociedades que es inherente a su atomización.

En primer lugar, el gran reto de la preservación de nuestras condiciones mismas de existencia se nos presenta como una amenaza cada vez más contundente. Los datos son todos los años peores, y las proyecciones más halagüeñas son también peores que las otrora más catastrofistas. El mundo se dirige a escenarios de incertidumbre ambiental abocado por un sistema económico capitalista que todo lo devora y que destruye sin piedad el medio que le da sustento. La lucha contra el cambio climático debería ser una de las primeras y más grandes banderas que abanderara cualquier proyecto que quiera predicarse de izquierdas, y en ese giro hacia lo material ello no puede ser olvidado. No se puede prometer seguir ampliando nuestras abarrotadas ciudades, seguir abriendo fábricas y creando empleos de los años cincuenta, cuando el medio mismo en el que todos esos factores pueden desenvolverse está inmerso en una degradación profunda. Si la vuelta a lo económico no se desprende del discurso falsamente desarrollista que se sustenta en un crecimiento ilimitado que permite, a su vez, un consumo desaforado, el giro puede que no haya valido la pena siquiera pensarlo. Defender un nuevo modelo productivo, no sólo respetuoso con el medio ambiente sino activo enemigo del calentamiento global, es indispensable. Y sobre ello, lamentablemente, nada dice el anuncio del Labour.

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Ni los "ciudadanos ejemplares" se libran del banquillo

Ignacio Escolar y Raquel Ejerique en el juzgado

El pasado 17 de septiembre, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón y el Grupo Derechos Civiles-15M Zaragoza comparecieron en un juzgado de instrucción acusados de un delito de injurias contra la policía.  Estos dos colectivos fueron denunciados por un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza por denunciar el trato que la policía zaragozana da a los manteros. Aunque nunca debería haber sido así, el asunto está aún en manos de un juzgado que, de momento, se ha limitado a tomar declaración. Sin embargo, un conocido medio local ya se ha aventurado a afirmar que "los manteros no logran probar que la Policía Local les robara mercancía", osada afirmación que refleja a partes iguales partidismo y total desconocimiento del asunto.

No obstante, la actitud de ciertos medios de comunicación ante esta clase de procesos absurdos no puede sorprendernos. El abogado Gonzalo Boye viene sufriendo durante todo este mes una campaña mediática de desprestigio. La veda para disparar contra el abogado la abrió –al menos la impulsó– una querella presentada por el Movimiento 24DOS ante la Audiencia Nacional y una denuncia de un eurodiputado ante el Colegio de Abogados de Madrid. Parece que algunos juristas no se han tomado muy bien que Boye haya puesto en duda, vía demanda civil en Bélgica, la imparcialidad del Excm. Sr. Magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Pero no todo lo que ronda nuestras pantallas son periodistas ocupados en disparar contra quien trata de defender, de una forma u otra, a quienes sus amos han tomado como enemigos.  Ahí tenemos a Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, que en este mismo medio destaparon el escándalo de los másteres que la Universidad Rey Juan Carlos parece haber estado regalando. Un ejercicio de oficio periodístico que les ha llevado ante los tribunales acusados de un delito de revelación de secretos.

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