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Por un Estado verdaderamente laico

Reformular las relaciones entre las iglesias y el Estado en un hipotético proceso constituyente nos remite, inevitablemente, a la Segunda República y su implacable proyecto secularizador. Se intentó entonces, entre 1931 y 1933, separar por completo las órbitas del Estado y de la Iglesia católica, afirmar la soberanía e independencia del poder civil democrático y construir una ciudadanía política liberada de toda injerencia religiosa. La profesión de una fe había de ser práctica privada, amparada por la libertad de conciencia y de cultos. En respuesta compensatoria a su grado de penetración en las instancias públicas, la Iglesia católica debía ser reducida a la condición de asociación privada, colocada en pie de igualdad respecto de otras asociaciones y desprovista de las libertades de enseñanza, comercio e industria.

Se trataba con ello de obturar las fuentes de su poderoso influjo como paso indispensable para democratizar la sociedad española, emancipándola de la tutela moral ejercida por una jerarquía eclesiástica mayoritariamente integrista y politizada. Francisco Ayala, joven espectador de la política republicana, identificaba en 1933 la aspiración del nuevo régimen. Antes de la República -escribía en El Sol- «España tenía una religión oficial, cuyo culto sufragaba y a cuyo servicio ponía los centros oficiales de enseñanza. Las doctrinas y la concepción del mundo de esa religión eran aceptadas por el Estado como propias». Lo que la República intentó con su política laicista no fue entonces entablar «persecución ninguna». Ahí estaban las libertades religiosas consagradas en su Constitución para aclararlo. Procuró más bien «liberar al Estado de la tutela y servicio de la Iglesia, relegando la religión al terreno ‘privado’».

Pero fracasó en su intento. Abundan quienes explican este fracaso porque la política republicana contradecía la supuesta fisonomía católica de España. Ahora bien, si la mayoría de los españoles era católica, ¿cómo llegó a formarse una mayoría parlamentaria capaz de suscitar y aprobar tales medidas laicistas? Otros, confundiendo víctimas y verdugos, justificando al agresor por las presuntas provocaciones del agredido, afirman que fue precisamente el atrevimiento secularizador de la República el que nos condenó a la guerra civil. Muy pocos, sin embargo, son los que, huyendo de censuras retrospectivas, tratan de situar ese propósito en su contexto e identificar ahí su coherencia interna.

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Separación de poderes: la deseable independencia judicial

En un proceso constituyente -debate que desde este espacio estamos promoviendo- hay que tener muy en cuenta las preocupaciones surgidas a raíz de los últimos acontecimientos de índole “político-judicial”.

Sin duda, una de las mayores preocupaciones de la sociedad es, hoy por hoy, la corrupción y su impunidad; otra, el cumplimiento de la igualdad de todos ante la ley. A partir de aquí no es baladí plantearse si realmente, en el marco constitucional en el que nos hallamos, es posible la garantía real de la separación de poderes.

En este punto, conviene destacar la clara divergencia entre la forma como la Constitución de 1978 concibe al poder judicial y la apreciación ciudadana del mismo. Se concibe constitucionalmente el poder judicial como el que emana del pueblo y debe vigilar el efectivo cumplimiento de las leyes. En tal condición, debe ser independiente e inamovible. Sin embargo, hoy en día es visto como todo lo contrario: elitista, voluntarista, ajeno a la realidad social, e implacable con el débil pero laxo con el poderoso.

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Derechos fundamentales: más que enumerarlos, protegerlos

Dentro de la serie " Ni inmovilismo ni reforma: ¡proceso constituyente!" uno de los temas o áreas que hemos considerado necesario abordar desde Contrapoder es el referido a los derechos fundamentales, es decir, aquel conjunto de derechos inherentes a toda persona y positivados en el plano constitucional. Toda Constitución que se precie debe dedicar una parte esencial a establecer los mismos, de una u otra forma, y también a garantizar su protección efectiva. Especialmente cuando existe -como ahora- un clamor social sobre la ineficacia de los mecanismos de protección ante las violaciones de esos derechos considerados como fundamentales.

En el actual marco constitucional estos derechos vienen recogidos en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º, dentro del ámbito de los Derechos y Deberes Fundamentales. No es esta la sede para realizar un análisis detallado de lo existente en el texto de 1978, pero compartiendo lo que dice Gerardo Pisarello (en esta misma serie de artículos) la estructura, sistemática y enumeración de los derechos fundamentales es producto de su tiempo, saliente de una dictadura y donde se necesitaba positivar algunos derechos que hoy se asumen como consustanciales a todo ser humano.

Pensando ya en un auténtico proceso constituyente, que parte de una realidad muy distinta a la de la elaboración del actual texto constitucional, la sistemática a seguir debería ser otra. Así, en lugar de establecerse un catálogo cerrado de derechos que adquieran el carácter de fundamentales, debería existir una remisión expresa a los convenios y tratados internacionales que sobre dicha materia haya suscrito o pueda suscribir España en el futuro.

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Ruptura democrática: el regreso de un espectro

Hace algunos años hubiera sido imposible hablar de ello. Pero el espectro ha regresado. No porque su materialización sea sencilla o esté a la vuelta de la esquina. Simplemente porque aparece como una vía sensata de defensa ciudadana frente a una agresión sin precedentes. A los derechos, a las libertades básicas, a la dignidad de las mayorías. Vuelve a hablarse, sí, de procesos constituyentes. De ruptura democrática. Como en los inicios de la Segunda República. Como en el momento álgido de la oposición antifranquista. Como en América Latina y como en Islandia, hace unos años. Y vuelve a hablarse porque aunque la agresión es cada vez mayor, también la credibilidad de los agresores se agrieta.

Un proceso constituyente indica un camino. Que puede ser corto o largo. Pero que exige replantear las reglas de juego. Reconfigurar las relaciones de poder, los derechos de la población y los espacios en los que ésta debe poder decidir. Un proceso constituyente no es una simple reforma constitucional. No implica el cambio de dos, tres o más artículos a partir de los procedimientos previstos en la Constitución vigente. Supone una ruptura jurídica. Que exige, para ser democrática, una amplia participación popular; la convocatoria, en algún momento, de una Asamblea Constituyente; y la aprobación y ratificación de una nueva Constitución.

Es verdad que para cambiar las relaciones de poder, para sacudirse los privilegios, no siempre hace falta una nueva Constitución. A veces basta con que la Constitución existente sea cumplida. Así lo cree mucha gente, por ejemplo, en Portugal. Cuando se manifiestan contra la Troika, cuando denuncian la estafa que están padeciendo, no piden una nueva Constitución. Piden respeto por los mandatos sociales y democráticos de la Constitución de 1976. Pero Portugal es Portugal. Su Constitución, a pesar de todas las agresiones sufridas, es hija de la Revolución de los claveles. De la Grândola Vila Morena que todavía hoy resuena en las calles lusitanas en cada manifestación de rebeldía popular.

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Ni inmovilismo ni reforma: ¡proceso constituyente!

El análisis del creciente malestar ciudadano deja traslucir un agotamiento del modelo de Estado gestado durante la transición y culminado con la promulgación de la Constitución de 1978. La crisis económica de los últimos años ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que el actual régimen político es incapaz de resolver. En esta dramática coyuntura, cada vez son más las voces que claman por establecer un nuevo acuerdo de convivencia, resultado de un auténtico proceso constituyente que vaya más allá de meros retoques o reformas constitucionales. Un proceso que configure un marco cultural, social, económico y político más igualitario, justo y radicalmente democrático.

En Contrapoder tomamos posición claramente del lado de la necesidad de gestar, desarrollar y llevar a cabo un proceso constituyente. Creemos que este proceso solo puede legitimarse a partir de un amplio acuerdo ciudadano. Para alcanzarlo hace falta generar la hegemonía social suficiente en torno al agotamiento del régimen constitucional actual y a la necesidad de un nuevo marco de discusión. Es decir, sobre los conceptos esenciales y propios de todo proceso constituyente (un lenguaje común), así como sobre las grandes áreas en que debe centrarse (un objetivo político común).

La legitimidad de este proceso constituyente no puede radicar en el poder político actualmente constituido, asentado sobre una democracia de baja intensidad tendente al bipartidismo y a la exclusión de la participación ciudadana directa en los asuntos públicos. Debemos aprender de los errores de la experiencia de 1978. Parte esencial de las actuales disfunciones constitucionales no han surgido recientemente, sino que se vienen arrastrando desde la transición y, en gran medida, tienen que ver con la forma como se gestó el actual texto constitucional. De ahí que en este futuro proceso resulte imprescindible garantizar la participación real del pueblo durante todo su recorrido, y no solo en el momento final de convalidarlo mediante referéndum. Su legitimidad, efectividad y permanencia dependerán del respaldo ciudadano.

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Constitución, democracia y derecho a decidir

La discusión actual en torno al llamado “derecho a decidir” de los catalanes ganaría en claridad si diferenciáramos dos situaciones jurídicas distintas: el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro político y el derecho a la autodeterminación. En primer lugar, el derecho a ser consultado es individual (sus titulares son los ciudadanos), mientras que el derecho a la autodeterminación es colectivo (sus titulares son los pueblos). En segundo lugar, son derechos vinculados a dos diversas formas típicas de ejercicio: la realización de una consulta, en el primer caso; la declaración unilateral de independencia, en el segundo. Finalmente, su posible legalidad toma como referencia dos ordenamientos jurídicos diversos: el estatal y el internacional, respectivamente.

En estos momentos está sobre el tapete el derecho a decidir sólo en el primer sentido. Y así parece entenderlo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Esta sentencia supone un intento de encauzar una cuestión que se encuentra muy embrollada: además de bosquejar la anterior distinción, implica el reconocimiento de que el problema es de naturaleza política, por lo que su solución debe provenir de ese ámbito. Ahora bien, es previsible que tarde o temprano el alto tribunal tenga que pronunciarse de manera más clara y completa sobre el fondo del asunto: ¿Ampara la Constitución una consulta como la que se pretende llevar a cabo el 9 de noviembre? Hay buenas razones para justificar una respuesta afirmativa, que tienen que ver con el objeto, el sujeto y los procedimientos de la misma.

¿Cómo se abordan jurídicamente cuestiones de este tipo? Hay que empezar reconociendo que ninguna regla trata directamente el supuesto concreto. Cuando esto sucede, los juristas acuden a los principios jurídicos. Y en este punto se deben recordar dos cosas: la identidad material de la Constitución la conforman todos los principios reconocidos y ninguno de ellos es ilimitado. La actividad interpretativa, entonces, pasa por identificar los principios relevantes, para, a renglón seguido, establecer una razonable ponderación entre ellos.

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Reivindicando dignidad: pan, trabajo y techo para todos

En España los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, el 2% de los hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas y el 12% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, el Segundo Informe sobre la Pobreza Energética refleja que cuatro millones de españoles no pueden permitirse mantener en su vivienda una temperatura adecuada, siendo los jubilados el sector más afectado, pasando del 13% al 21% los que pasan frío en sus casas. Asimismo, el 21,1% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. UNICEF recalca que la pobreza infantil ya supera el 27%. Y el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron un 1,31% con respecto a 2011, mientras que el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de los 6.320 euros. Igualmente tres millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes. Como colofón, disfrutar de una semana de vacaciones al año se ha convertido en un lujo asiático. El 44,5% de las familias no pueden hacerlo; cifra 5,6 puntos más elevada que en 2011.

En resumen, estos datos reflejan un creciente aumento de las desigualdades y un grado de exclusión social donde la marginalidad se hace crónica. El último informe de la OCDE de 2014 evidenció que el 10% de los hogares españoles con menos ingresos perdieron un tercio de los mismos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14% aproximadamente. Mientras tanto, el 10% más rico sólo disminuyó un 1%. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fue trece veces más alto que el más pobre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se empeña en hablar de recuperación, descalificando los estudios de Caritas sobre marginalidad y subrayando que  UNICEF miente y altera las cifras de pobreza en España.

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado el rumbo desde el inicio de la crisis. En 2013, el porcentaje de la población activa en paro se situó en el 26,7%. Y en este último año de gobierno del Partido Popular se han perdido 800.000 empleos. Además, 2,7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, situando la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era del 64,05%, en diciembre de 2013 no supera el  61,44%. Asimismo, el paro juvenil afecta a un 57,7% del colectivo. A lo anterior, debemos agregar que el empleo ha visto crecer las modalidades de contratos basuras, tiempo parcial y formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos.

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Una reforma fiscal al servicio de la especulación inmobiliaria

La vivienda es un elemento relevante en cualquier sistema tributario. Sobre ella inciden de alguna manera los principales impuestos, a través de los que se promueven también determinadas políticas públicas. El Informe Lagares -la propuesta de la denominada “Comisión de Expertos”- no es una excepción. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no va a seguir algunas de sus propuestas, no está de más analizarlas. Y no lo está porque muchas de ellas provienen, en realidad, de organismos internacionales (la Unión Europea, la OCDE o el FMI). No sería la primera vez que este gobierno se resiste a asumir sus recomendaciones pero acaba por implementarlas: es, precisamente, lo que pasó con la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. El PP no puede permitirse electoralmente atender todas sus propuestas -ya ha renegado de dos-, pero el informe puede interpretarse como una “hoja de ruta” para el largo plazo. La previsión aconseja, pues, analizar sus medidas, qué lógicas las inspiran y a quiénes benefician. Veámoslas.

El IRPF español es un impuesto dual. Esto significa que grava por separado las rentas del ahorro (dividendos e intereses, principalmente) y el resto de rentas, como las del trabajo o las derivadas de actividades económicas por cuenta propia. Esta dualidad sirve para otorgar una clara posición privilegiada a la renta procedente del ahorro. Los expertos proponen que todos los rendimientos derivados de la vivienda pasen a tributar al tipo reducido del ahorro. Así, quien vive del alquiler de sus propiedades pagaría menos impuestos que un trabajador o trabajadora.

La reforma también afectaría a lo que se llama “renta imputada”, el rendimiento que se le atribuye al propietario de un inmueble por el mero hecho de serlo. A corto plazo, se propone que dicha renta se considere asimismo ahorro y se impute también por la vivienda habitual (no sólo por inmuebles vacíos, como hasta ahora). A medio plazo, los expertos plantean crear un “nuevo” IBI, con un gravamen más elevado, que permita suprimir la “renta imputada” y absorber el importe recaudado en su concepto. Es importante destacar el contraste entre este IBI recargado, aplicado a todos los inmuebles, y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, propuesta en el informe desde el primer momento.

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Instituciones y protesta social: ¿quién intimida a quién?

Protestas en la Plaza Catalunya de Barcelona. /EDU BAYER

No hace falta ser un exaltado para constatar la creciente subordinación de los parlamentos del sur de Europa a poderes privados y a órganos carentes de toda legitimidad democrática. Semana tras semana, las cámaras legislativas aprueban recortes sociales o ayudas a las entidades financieras como si se tratara de hechos consumados, de medidas que se adoptan sencillamente porque vienen impuestas por los grandes acreedores o porque convienen a la "estabilidad de los mercados". Con frecuencia, estas medidas constituyen incumplimientos flagrantes de lo establecido en programas electorales y otros compromisos ante la ciudadanía. Sin embargo, se abren camino de manera impune, sin que las voces críticas puedan oírse en los grandes medios y sin que pueda exigirse frente a ellas rendición de cuenta alguna. Este bloqueo institucional explica, obviamente, la proliferación de nuevas formas de protesta. No ya en cualquier espacio público, sino frente a unas instituciones y unos cargos electos que con frecuencia aparecen como meras correas de transmisión de intereses ajenos a los de las mayorías sociales. Pero explica, también, la promoción, desde las instituciones, de reacciones criminalizadoras desproporcionadas, que están laminando espacios garantistas arduamente conquistados y que en muchos casos comportan una auténtica regresión a los tiempos del tardofranquismo.

El alcance de esta deriva represiva tendrá un banco más de prueba en el juicio que se celebrará esta semana en San Fernando de Henares contra 20 jóvenes que participaron en el rodeo del Parlament de Cataluña, en junio de 2011. Al igual que en Grecia, en Islandia, o en Madrid un año después, el objetivo de aquella protesta era doble. Denunciar, por un lado, la aprobación de una propuesta de recortes sociales que modificaba de un golpe hasta ochenta leyes de la anterior legislatura, y poner de relieve, por otro, la desnaturalización y degradación de la función supuestamente representativa y deliberativa del Poder legislativo. Con este propósito, se convocó una acampada masiva en las afueras del Parlament y se organizaron  numerosos debates para explicar lo que estaba ocurriendo dentro. No obstante, la noticia fue otra: el forcejeo entre algunos manifestantes y unos diputados que accedían al recinto y la aparatosa entrada en helicóptero al Parlament de miembros del Gobierno de Converència i Unió (CiU).

Este escenario, pergeñado según algunos diputados por el propio consejero del Interior, Felip Puig, dio pie a una estrategia de criminalización cuyo último capítulo tendrá lugar esta semana. A poco de producirse los hechos, el sindicato de extrema derecha Manos Limpias denunció a algunos activistas ante la Audiencia Nacional y pidió para ellos ocho años de prisión por atentar contra las altas instituciones del Estado y contra la autoridad de los parlamentarios y por asociación ilícita. Posteriormente, el Parlament y la propia Generalitat de Catalunya se adhirieron a la querella y solicitaron penas de tres años de prisión contra los acusados (pasando por alto lo que Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, acaba de recordar tras la querella por sedición presentada por la asociación sindical contra Carme Forcadell y la Asamblea Nacional de Cataluña: que "Manos Limpias es un sindicato de noefranquistas que destaca por su trayectoria sombría").

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Suárez: Entre el palacio y la calle

El 29 de enero de 1981 Suárez presentaba su dimisión como presidente. Se había quedado solo. La UCD, el partido que el mismo había puesto en pie, era poco más que un avispero para su fundador. Los militares lo querían sí o sí fuera del gobierno. Pero fue sobre todo el deterioro de su relación con el Rey lo que acabó por dar la puntilla final a su presidencia. El último gran desencuentro se había producido poco tiempo atrás a cuenta de la elección de Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Suárez se negaba a aceptar el nombramiento del que posteriormente se convertiría en el Elefante Blanco del 23F, pero finalmente la voluntad del rey se impuso por encima del que poco después dejaría de ser presidente. Se buscaba un golpe de timón ante un proceso de cambio político demasiado abierto y nuestro pequeño Maquiavelo quedó absolutamente abandonado. Primero por los suyos y después por el propio pueblo que, según nos cuentan, lo seguía a pies juntillas, cual flautista de Hamelin, fascinado ante un político de tamaña osadía. En su nueva aventura, con la creación del CDS, sólo consiguió dos diputados en las elecciones de 1982. De hecho, a pesar de todos los mitos, cuando en 1985 se realizó una encuesta del CIS en la que se preguntaba a quién se debían las libertades, sólo un 13% de los ciudadanos apuntaron a nuestros dirigentes, mientras que un 55% las atribuía a las movilizaciones populares.

La leyenda de Suárez contiene elementos de una construcción precaria. Ahora mismo estamos bañados en ella, como una forma específica de reedición del mito de la transición, tan intensa como su crisis real en nuestro presente. Su construcción hagiográfica es de todas formas tardía en relación con la propia articulación memorial de la transición y establece una relación compleja con la misma. Más cuando muchos de los constructores del mito de la transición fueron, ya en los años ochenta, sepultureros políticos de Suárez. Fue precisamente desde su olvido personal, a partir de una enfermedad que afecta precisamente a la memoria, que empezó su activación.

La construcción del mito de la transición contiene muchas implicaciones normativas para nuestro presente, impone legitimidades posibles y excluye las imposibles. Pero quizás la que más incide en la comprensión de la figura de Suárez es la conversión de las consecuencias del cambio político en causas del mismo, para reforzar su legitimidad. La consolidación de la monarquía, el papel dominante de las elites por encima de los agentes sociales o el discurso de la moderación, fueron consecuencias del cambio político, cierto. Pero ser el resultado de un proceso no te convierte en su hacedor. Éste no se desencadenó como un encuentro entre elites, las del régimen y las de la oposición, como tampoco se inició a partir de las contrastadas credenciales democráticas de aquellos que habían sostenido la dictadura.

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