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La complicidad del PP con la barbarie

El jurista milanés Cesare Beccaria recordaba, ya en el siglo XVIII, que la mejor forma de prevenir un delito residía en “la persuasión de no encontrar lugar sobre la tierra en el que haya de quedar sin castigo”. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se abrió paso a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio o lesa humanidad. En el fondo, la idea era simple: esos hechos son atentados graves que por su crueldad ofenden no solo a sus víctimas, sino a la humanidad entera. En su nombre, así, pueden ser perseguidos desde cualquier rincón del mundo, con independencia de quién sea la víctima, su autor, o de dónde se hayan cometido.

El origen más cercano de ese principio jurisdiccional se encuentra en la conformación de los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En ese momento, esa necesidad de imponer un “nunca más” como imperativo categórico global fue asumida por muchos de los Estados que ahora se muestran diplomáticamente enojados cuando se abren investigaciones que les involucran en crímenes de esa índole. En verdad, no tuvo que pasar mucho tiempo para constatar como esas normas se aplicaban asimétricamente a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el horror nazi, la impunidad de otros crímenes horrendos como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki, Dresden o las posteriores purgas estalinistas, mostraron el cinismo que sustentaba un sistema dual a medida de las grandes potencias. En Tokio, un juez disidente de la Corte sobre los crímenes de guerra de Japón llegó a exclamar, no sin razón, que “solo las guerras perdidas constituyen crímenes internacionales”.

Con todo, la promesa del “nunca más” quedó en pie y su eco se proyectó en el futuro. Del mismo modo que el mercado tendía a traspasar fronteras, empezaba a cuajar el anhelo de que la protección de los derechos humanos también pudiera hacerlo. El Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura o la Convención contra las desapariciones forzadas, fueron piezas claves para consolidar su capacidad expansiva y extraterritorial. Con ese mismo propósito, se pusieron en marcha tribunales supraestatales ad hoc, como el de la ex-Yugoslavia, y órganos permanentes como la Corte Penal Internacional. Estos intentos, no obstante, pronto se mostraron claramente deficitarios para la consecución de la justicia. Uno de los principales motivos era su fuerte atadura a las relaciones de poder existentes en el orden internacional. Basta con observar, por ejemplo, las circunstancias políticas que rodearon su creación o las llamativas reservas a la jurisdicción universal formuladas por países como EEUU o Rusia para entender que ésta no era más que una versión encubierta de la vieja “justicia de los vencedores”.

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Reino de España y proceso político catalán

“Mostrad un precipicio a un caballero polaco y veréis como se lanza a él inmediatamente”. El secretario general de los socialistas catalanes se ha creído la broma de que los catalanes son iguales a los polacos, aunque él parece serlo, en el sentido que le da Balzac en una de sus novelas. Cuando la Infanta fue llamada a declarar como imputada, tuvo la ocurrencia de declarar solemnemente: “Ahora más que nunca hay que reforzar la Corona”. El líder del PSOE, su patrón, que no es polaco pero también es suicida, ha dejado bien claro que la Monarquía no se toca y que es necesario salvarla para evitar que se hunda el tinglado que tienen montado con el PP. Solo falta que culminen su complicidad mediante un gobierno de coalición, un posible efecto de las elecciones generales de 2016 si las cosas continúan como ahora, pues será la manera de que ambos gobiernen aunque más de la mitad se haya abstenido y ellos sumados pueden obtener una mayoría merced al sistema electoral que les favorece. Así podrán continuar disfrutando de un poder político pero muy devaluado. Nos ofrecen un futuro que nos llevaría de la actual crisis profunda al precipicio. Como Louis XV, “después de mí el diluvio”. 

El Reino de España hace aguas. Han conducido el país a una situación insostenible. Un sistema económicamente fracasado, políticamente excluyente, socialmente injusto, moralmente miserable. La base del sistema es la Monarquíay ahora se tambalea. Durante años ha mantenido una imagen de dique protector frente a los sectores deseosos de volver al Estado autoritario. Pero la renta obtenida por su (dudosa) defensa del marco formal democrático cuando el 23F (la tentativa golpista de 1981) se les ha agotado. Las nuevas generaciones no asumen los miedos pasados, pero sí pasan factura de los maltratos presentes. Se indignan de los privilegios de la Corona, de las oligarquías políticas que no representan hoy a la gran mayoría de la población, de la corrupción y la impunidad de las elites del poder económico y político, del enriquecimiento y la ostentación de los financieros que empobrecen a la mayoría, de las reformas laborales y del paro, de los desahucios y de la deriva represiva del gobierno, del menosprecio a la ciudadanía a la que se le permite votar de vez en cuando pero con la condición que los cambios se pueden hacer siempre que nada cambie y si hay cambios significativos, como el aborto, vienen los poderes fácticos, como la Iglesia, para volver al peor de los pasados.

El PSOE ha perdido una nueva oportunidad histórica. En el pasado tuvo la posibilidad de construir una democracia sobre bases sólidas. Su victoria aplastante en 1982 sobre una derecha fragmentada y sin brújula después del 23F le hubiera permitido desarrollar una segunda transición, pues la primera fue formalmente superestructural y afectó muy poco a las bases económicas y culturales de la dictadura. Tuvo miedo, optó por “que España funcione” e hizo suya la consigna decimonónica de Guizot, propia del capitalismo salvaje, “enriqueceos, enriqueceos”. A pesar de todo hubo progresos democráticos, especialmente en relación a los derechos civiles, y sentó algunas bases del Estado del bienestar en educación, sanidad y protección social. Pero invisibilizó la memoria histórica, estimuló la economía especulativa y la desindustrialización, frenó el desarrollo democrático que permitía la Constitución y facilitó la regresión reaccionaria de la Iglesia y de otros aparatos del Estado como la Judicatura.

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La Europa de los mercaderes

Mientras la Troika se pasea por los países del Mediterráneo exigiendo acelerar  la reforma del mercado laboral para conseguir mayor productividad y competitividad,el malestar y las protestas crecen. En el maletín, los llamados "hombres de negro" llevan un compendio de medidas estándar como bajar los salarios, aumentar la edad de jubilación, potenciar los contratos basura, agilizar el despido libre, elevar el IVA y seguir por la senda de las privatizaciones. Un recetario completo implantado de forma indiscriminada en la zona Euro. En su conjunto, el paquete se conoce como "políticas de austeridad", cuyo fin sería disminuir el déficit fiscal, hacer frente a la recesión y estimular el crecimiento económico. Medidas consideradas el factótum para sortear la crisis que enfrenta el capitalismo transnacional, sea cual sea la situación y circunstancia. El Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están convencidos de su eficacia y las defienden a ultranza, a pesar de su fracaso. Nada parece indicar que vayan a entrar en barbecho o sean cuestionadas.

La Troika ha subrayado el error de cálculo de su práctica en Grecia. Los objetivos no se han logrado, provocando un efecto bumerán, más pobreza, desigualdad y un recorte sustantivo de los derechos políticos, sociales y económicos. Ninguna de las medidas diseñadas por los "tecnócratas y expertos", privatizaciones, despido de funcionarios, recortes en sanidad y educación, bajada de sueldos y salarios, han revertido la situación o indican un repunte en el medio plazo. El Fondo Monetario advierte que la deuda pública en relación con el PIB -en la actualidad del 186%- sólo bajará al 130% en 2030. Y por si fuera poco, los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas no han cubierto las expectativas, situándose en 46.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que los presupuestados.

Según la OCDE, entre 2009 y 2011 Grecia ha reducido su déficit público estructural desde el 12,8% hasta el 1,8%, es decir, seis puntos anuales. En un año, explica Sebastián Dullan, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, "Grecia ha reducido su déficit el doble de lo que Alemania hizo en cinco años". Lo dicho para Grecia se puede validar, con matices, en España y Portugal. En el primer caso en 2009 se bajó del 9,5 al 1,2 en 2012; y en el segundo, pasó del 9,5 en 2010 al 2,2 en 2012. Algo similar ocurre con los salarios reales. En Grecia han caído un 13% entre 2009 y 2011, mientras que en Portugal y España un 10% y un 7% respectivamente en tres años. El problema no ha sido la negligencia a la hora de aplicar las políticas de recortes y de austeridad, sino todo lo contrario: la celeridad en su puesta en práctica acelera y profundiza la crisis.

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Reconocer el totalitarismo y denunciarlo

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Hay un montón de buenas definiciones sobre qué es el periodismo y cuál es su función en la sociedad. Pero, entre todas ellas, hay una que me gusta especialmente. Es de Albert Camus: "Reconocer el totalitarismo y denunciarlo. No mentir y saber confesar lo que se ignora. Negarse a cualquier clase de despotismo, incluso provisional".

De eso va este blog, Contrapoder. Este viernes, lo presentaremos en Madrid, a las 19.00 horas en el Café Molar (calle de la Ruda, 19). Allí estaré junto a Ada Colau, Rafael Escudero, Jaume Asens, Isabel Elbal, Sebas Martín, Gerardo Pisarello y Gonzalo Boye (estáis invitados). Son algunos de los responsables de Contrapoder, que ya lleva algunas semanas en marcha, y también miembros del Observatori DESC, una plataforma que busca defender los derechos humanos en el sentido más amplio del término. No sólo se mueven por la libertad o el derecho al voto. También por el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación o a la salud.

Los objetivos de Contrapoder, o el Observatori DESC, también se podrían resumir con la frase de Camus: reconocer el totalitarismo y denunciarlo. En los tribunales, donde el Observatori está utilizando la acusación popular para combatir la corrupción en casos como el de Bárcenas. O en la calle, donde Ada Colau y la PAH han demostrado que se puede hacer frente a la injusticia de los desahucios. O en eldiario.es, a través de este blog que, desde la opinión y el análisis, ya está aportando un enfoque jurídico muy cualificado a debates como la justicia universal, la independencia de la fiscalía o la Ley de Amnistía.

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¿Más beneficios fiscales a las pensiones privadas mientras se recortan las públicas?

Con la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, se ha desvinculado la actualización de las pensiones del IPC, pasando a depender del llamado Factor de Revalorización Anual. Este año suben sólo un 0,25%, lo que supone ya una pérdida de poder adquisitivo real para los pensionistas.

Lo paradójico de esta situación es que, mientras este nuevo recorte estructural prevé ahorrar 809 millones € en 2014, según se indica en la propia memoria económica de la reforma, en el mismo ejercicio el Estado dejará de ingresar más del doble de la mencionada cifra (1.657,43 millones) como consecuencia de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados. Algo parecido ocurrió en 2010, cuando se congelaron las pensiones para ahorrar 1.300 millones € y los citados beneficios superaron los 2.000 millones €.

Debe recordarse que el actual régimen tributario favorece las aportaciones de las rentas más altas, que pueden invertir más dinero y aplicar una reducción a la base imponible general del IPRF muy superior, como consecuencia de los tipos marginales más elevados. Por poner un ejemplo, por cada 1.000 € invertidos en estos planes, una persona que gane 300.000 € deja de pagar a Hacienda unos 500 €, mientras que otra que cobre 17.000 €, se ahorra aproximadamente 250 €.

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Justicia universal: malos tiempos para la lírica judicial

Debo confesar que no he sido nunca un acérrimo partidario de la jurisdicción universal, acaso por escepticismo acerca de la posibilidad de celebrar un juicio en condiciones cuando los hechos han ocurrido en otro país y todas las pruebas de las que uno puede echar mano en la vista oral están fuera de nuestro territorio.

Sin embargo, quizá esta perspectiva, en la medida en que refleja la mirada que debe tener siempre toda acusación al enfrentarse a un caso -la prosperabilidad de la pretensión penal en la vista oral-, olvida un aspecto que, a la luz de la experiencia habida en España, es fundamental: el efecto de remover obstáculos y -por qué no- conciencias en el país donde se han producido los hechos y que, hasta que la causa no ha sido abierta por la justicia española, no ha realizado el menor esfuerzo en la averiguación de los delitos.

Desde esta perspectiva, podría hablarse de una cierta idea romántica de  justicia, que se simboliza en esa dama cuyos ojos están vendados y sostiene una balanza, sin ver quién o qué está a un lado u otro.

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La venganza y la política de alejamiento de presos

Mucho y -creo que- muy mal se ha hablado sobre la política de “dispersión de presos” en relación con las personas condenadas por la comisión de delitos de terrorismo, concretamente relacionadas con ETA.

Para ser rigurosos, esta denominación no solo no refleja la situación jurídica de los afectados por tal medida política, sino que simplifica las consecuencias de lo que ello significa desde el punto de vista humano. En efecto, no se trata tanto de “dispersión” cuanto de “alejamiento” de los presos con respecto a su lugar de residencia social o familiar.

Esta medida fue implantada hace 24 años por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, militante histórico del PSOE. Desde entonces, los dos partidos políticos que han gobernado en España han aplicado con rigor tal medida, con excepción del periodo entre 1.996 y 1.998 en que el Gobierno de José María Aznar decidió el acercamiento al País Vasco de 135 presos, como gesto en un marco de negociación nunca confesado. Recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas representadas en el Parlamento.

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"Jueces rojos" y derecho a la protesta

Hace unos años, el Tribunal Constitucional italiano decidió por amplia mayoría invalidar la ley que otorgaba inmunidad a los altos cargos del Estado. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, montó en cólera. Declaró que todos los procesos en los que estaba involucrado eran una "auténtica farsa" solo explicable por la politización de los jueces. "Tenemos una mayoría de magistrados ‘rojos’ -conjeturó Berlusconi- muy bien organizados, que usan la justicia como forma de lucha política".

En España, el Gobierno parece decidido a emular sin complejos la estrategia del expremier italiano. No contra el Tribunal Constitucional, donde cuenta con una mayoría aquiescente y con un presidente orgulloso de su condición de afiliado y donante del Partido Popular. Pero sí contra cualquier juez o jueza dispuestos a confrontar, aunque sea tímidamente, sus intereses. La reacción desplegada ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el "escrache" a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría da cuenta de esta deriva.

El Gobierno pretendía que los jueces dijeran que las manifestaciones pacíficas convocadas frente a las viviendas de cargos públicos constituían delitos de injurias, amenazas o coacciones. Algunos miembros del PP fueron más lejos: sostuvieron que eran actos de terrorismo, similares a los acosos nazis a la población judía. Los jueces les han negado la razón. Y para justificarlo, han acudido a una doctrina asentada en el derecho constitucional e internacional. Han recordado, por ejemplo, que el derecho de reunión y la libertad de expresión están íntimamente ligados al principio democrático. Y que por eso deben ser especialmente protegidos. Sobre todo cuando son ejercidos, de manera pacífica, para reclamar derechos sistemáticamente vulnerados. O por colectivos que, como los miembros de la PAH, carecen de recursos para contrarrestar el poder de los bancos o para hacerse sentir en los grandes medios.

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Sexo indeterminado y mutilación genital de intersexuales

En noviembre de 2013, el gobierno alemán ha decidido incorporar a su ordenamiento jurídico la categoría sexo indeterminado, copiando la fórmula ya operativa en Australia (indeterminate sex). De esta forma, los progenitores de recién nacidos con ambigüedad genital podrán inscribirlos en el registro civil correspondiente en una de las ahora tres categorías posibles: masculino, femenino o indeterminado (X). Lo que aparentemente supone un reconocimiento jurídico del colectivo intersexual (ahora denominado, no sin cierta polémica, Disorders of Sex Development, más popularmente conocidos como hermafroditas: se estima que en Alemania la población intersexual oscila entre 85.000 y 100.000 personas), esconde una realidad difícil de asumir. Quisiera resaltar estas zonas oscuras que el derecho ampara, conserva e inmuniza.

En primer lugar, hablar de sexo indeterminado presupone la existencia de un sexo determinado. Volvemos a las polarizaciones, a las dicotomías, a los dualismos que tanto sufrimiento han generado a lo largo de la historia. Debemos entender que el sexo determinado es aquel que se configura dentro de los márgenes de la normalidad masculina o femenina. De ahí que quede relegado como indeterminado aquel que no encaje dentro de dicha norma. Tenemos aquí la diferencia entre lo normal (nacer con sexo determinado: varón o hembra) y lo anormal (nacer con sexo indeterminado). Ello mantiene la creencia en la naturalidad de la dualidad: se presupone que biológicamente se nace hombre o se nace mujer. Se olvida la historicidad de estos conceptos, así como la multiplicidad de posibilidades de la sexualidad (cromosómicas, hormonales, gonadales, etc.). La pretendida realidad biológica -desmentida incluso por la propia biomedicina- sobre la que se asienta la dualidad y por la que se justifica la exclusión es ficticia. Asimismo, el sujeto legitimado para clasificar al recién nacido en una de las tres categorías sigue siendo el experto. Es el equipo médico el que determina la inscripción registral de aquellos nacidos con ambigüedad genital y con posterioridad a la entrada en vigor de la ley -por lo que, en principio y a falta de interpretación jurisprudencial, las personas nacidas en fechas anteriores al 1 de noviembre de 2013 no se pueden acoger al cambio registral-, lo que a la postre significa que aquellos neonatos inscritos como X lo son por un informe elaborado por el equipo médico que los sitúa en la anormalidad.

En segundo lugar, esta anormalidad se vuelve patológica: la intersexualidad, al transgredir la norma de los dos sexos, debe ser corregida. Cuando nace un bebé con genitales ambiguos se abre un protocolo -popularizado por John Money en los años 50 del siglo pasado- en el que un equipo médico formado por endocrinos y cirujanos decide el verdadero sexo del neonato. Aplicando una simple fórmula, será puesto en una de las dos columnas de la sociedad: un pene inferior a 2,5 centímetro es insuficiente para orinar de pie o para penetrar; un clítoris superior a 1 centímetro es demasiado grande y ofensivo para la futura pareja heterosexual. Esto es lo que se ha venido a llamar el falómetro (Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body), que presupone una futura relación heterosexual y coitocéntrica. Si el equipo médico considera que la protuberancia puede ser entendida como un pene creíble, o bien creen que pueden hacer de él un pene creíble, será asignado como varón. De lo contrario, nos encontraremos ante una hembra.

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La deseada independencia de la Fiscalía en España

Una de las cuestiones más debatidas en la Administración de Justicia española es cómo debe ser la actuación del Fiscal en los asuntos en los que debe intervenir. Es sabido por todos que tal y como está organizado el Ministerio Público en nuestro país (véase el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), este es un operador jurídico que está sujeto a la dependencia de sus superiores y, en consecuencia, tiene el deber de seguir los criterios e instrucciones que marca la superioridad. En definitiva, el Ministerio Fiscal es un cuerpo jerarquizado, como lo recuerda su propia terminología organizativa: así, se habla de Fiscal General del Estado, Fiscal Jefe y Teniente Fiscal, por poner unos simples ejemplos y sin ánimo de enumerar las diferentes categorías que contempla su Estatuto Orgánico.

A este respecto, es importante recordar al lector que la cúspide de la Fiscalía está ocupada por el Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Ministro de Justicia -es decir, por el Gobierno-, y a partir de aquí por todos los Fiscales Jefes. Por lo tanto, la Fiscalía depende del Gobierno y de su política judicial e ideológica.

La dependencia política puede estar justificada en lo referente a cuestiones organizativas, de estructura y de necesidades del servicio. Por ejemplo, distribución de guardias, asignación de juicios, plazas y otros muchos más servicios. Aunque lo de las necesidades del servicio tan solo hasta cierto punto, porque la carga de trabajo de los Fiscales cada vez es mayor y cada vez hay menos -muchos menos- Fiscales.

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