Qué hacer cuando se suspende un festival y no te devuelven el dinero

Acaba el año, y en un país que hace tiempo que rebasó el umbral de los mil festivales por temporada es más que razonable que algunos se cancelen. En 2025 ha ocurrido más de veinte veces. Entre los afectados, las ediciones del Reggaeton Beach Festival en Marbella y Oropesa de Mar, la escala madrileña de Locos Por La Música, el Negrita Fest de Salamanca, la última fecha de Vive Jaén Music Fest y los festivales Brisadela, Wimen, Iberia Festival, Rocanrola, Iceberg, Reus Music Fest, Off BCN, Sunlight Festival, Estéreo Live, Love To Rock, Bridge District Festival, Montgorock…

Las razones más habituales son las condiciones climatológicas o la escasa venta de entradas. Algunos festivales han aducido también “factores externos”. Es el caso del Pirata Murcia, donde el factor externo era la campaña de Vox para que Soziedad Alkohólika no actuase en él. Otros, como el Sunlight de El Puerto de Santa María, se han escudado en “la retirada del apoyo institucional”. El Madritallica de Malagón (Ciudad Real) no llegó a celebrarse debido a “una estafa relacionada con la producción del evento”. El Cueva de Nerja, por una razón de insólito peso: “falta de tiempo para organizarlo”. Aun así, la excusa más rocambolesca la aportó el My Playlist Fest. En su caso fueron “circunstancias fuera de nuestro control relacionadas con la convivencia de varios eventos en el espacio de los exteriores del Estadio de la Cartuja”. Traducción: este evento iba a reunir a Café Quijano, Íñigo Quintero y Despistaos el mismo día que el rapero argentino Duki actuaba en el interior del estadio de La Cartuja.

Devolución automática… o no

En la mayoría de casos, el descalabro se resuelve retornando automáticamente el importe de las entradas, pero no siempre es así. Y el goteo de festivales que dificultan el reembolso del dinero obligando al público a reclamarlo en un plazo de tiempo reducido o que, simplemente, se quedan el dinero no deja de crecer. No es, en absoluto, una práctica habitual, pero tampoco es algo muy puntual. Es una dinámica silenciosa que se concreta, sobre todo, cuando la promotora entra en concurso de acreedores y los espectadores quedan desamparados a la espera de una devolución que nunca llega. Y el caso no salta a la luz a menos que los afectados se organicen en plataformas o presenten reclamaciones a asociaciones de consumidores y departamento de consumo de sus comunidades autónomas.

En 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido una treintena de reclamaciones relacionadas con los festivales catalanes Wimen y Reus Music Fest, los valencianos Rocanrola e Iberia Festival y el madrileño Locos por la Música. En todos estos casos, el motivo fue la no devolución del importe de las entradas una vez cancelados. En Facua han recibido aún más quejas y en mayo ya denunciaron a la promotora del Reggaeton Beach Festival por limitar a solo 15 días el tiempo para reclamar la devolución del dinero de las ediciones de Oropesa y Marbella. Ambas citas se cancelaron en abril aunque estaba previsto que se celebrasen entre finales de junio y principios de julio.

El Reus Music Fest cambió de fechas su segunda edición y finalmente se suspendió por “la incompatibilidad de las fechas propuestas con diversos artistas del cartel inicialmente programados”. El festival aseguró que reembolsaría el importe a las personas que enviasen en el plazo de diez días su nombre completo y código de compra a una dirección de email de la ticketera. El comunicado ofrecía incluso un número de teléfono, pero el dinero no llegó. Varias personas se organizaron desde la cuenta de instagram Afectats.rmf y tramitaron su reclamación a través de la Agència Catalana de Consum. El estamento público recibió 27 reclamaciones, aunque el número de entradas era más elevado “porque en cada una de las 27 reclamaciones se pedía la devolución de varias entradas”, informan desde la ACC. La entidad asumió la mediación con la empresa y logró que los consumidores recuperasen el dinero de las entradas. Desde la plataforma Afectats.rmf confirman los hechos: “Han ido pagando con cuentagotas”.

La ticketera se lava las manos

El 17 y 18 de octubre iban a celebrarse en la Caja Mágica de Madrid los festivales Iceberg y Locos Por La Música. Miguel Minieri compró entradas para el primero, pero a dos semanas de abrir puertas, la promotora lo suspendió “por motivos de viabilidad económica”. Los compradores recibieron un mensaje más claro, pero menos tranquilizador. “Daños económicos ocasionados por la cancelación del evento” impedían “en este momento la devolución de las entradas”. El término “en este momento” se ha revelado tan elástico que a Miguel nadie le ha devuelto nada. “Hablar con el promotor es imposible”, lamenta.

Las gestiones con la ticketera tampoco han dado fruto: “Se lava las manos diciendo que solo es el intermediario y que no tiene capacidad legal ni operativa para devolvernos el dinero”, explica. Miguel usa el plural porque varios amigos compraron entradas y porque le han contactado una decena más de espectadores en la misma situación. Dos meses después, se desvanecen las esperanzas y flaquean las fuerzas. “Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Creo que juegan un poco con eso”, intuye Miguel.

Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Juegan un poco con eso

Wind And Tide Music SL, promotora del Iceberg Festival, también organizaba la edición madrileña de Locos Por La Música, un encuentro de bandas de pop-rock español de los años 80 y 90 ideado por la promotora Los Felices Existen y de la que este año también se han celebrado ediciones en Cáceres, Valladolid y Valencia. En OCU recibieron 18 reclamaciones relacionadas con este evento, cifra que estimaron demasiado baja para emprender una demanda colectiva. Aunque cada festival es un mundo distinto, esperan recibir “entre cincuenta y cien” para iniciar una demanda. En este caso, todas las personas contactadas para este reportaje aseguran que al final ha recuperado su dinero. Algunas, de puro rebote. “A través de una de las bandas que formaban parte del cartel, a la que conocía personalmente, conseguí agilizar los trámites”, desvela Emilio.

“No disponemos de fondos”

La primera edición del Wimen no pudo acabar peor. Iba a ser un ciclo de conciertos protagonizado exclusivamente por mujeres y distribuido en distintas salas barcelonesas a lo largo de octubre. Se celebraron los del primer fin de semana, con María José Llergó entre otras, pero cuando hubo que encarar el segundo, el más surtido de programación, la estrategia se mostró fallida. Muchas actuaciones se contraprogramaban entre sí, de modo que la venta de entradas nunca llegó a despegar y finalmente se suspendió todo el ciclo. Tras el comunicado oficial, el promotor aclaró la situación a los poseedores de entradas. La frase definitiva estaba remarcada en negrita: “No disponemos de fondos para efectuar el reembolso de las entradas del concierto que adquiriste”. Palma y su amiga compraron un par para ver a Concha Buika en el Poble Espanyol. Todavía esperan su dinero. “Estoy muy indignada”, suelta, ante lo que considera “una estafa en toda regla”. El promotor, José María Farfán, alias ‘El Mago’, ha desaparecido. 

Aun en el supuesto de que las promotoras reembolsen el dinero de las entradas al público, algunas no devuelven los gastos de gestión. Así lo descubrieron los afectados del festival barcelonés Off BCN cuando la ticketera Resident Advisor no retornó esa parte del importe. Y, los del Madritallica de Malagón (Ciudad Real), a quienes la promotora ya advirtió con antelación que no los devolvería. En Facua recuerdan que no es legal retener esa parte del importe de la entrada y también remarcan que “más allá del importe de las entradas, los usuarios tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cancelación. En este sentido, si hay necesidad de anular noches de hotel o transporte contratados previamente, tendrían derecho a reclamarlo”.

Ninguna irregularidad registrada este año en cuanto a la no devolución del dinero de las entradas de festivales cancelados puede ser considerada excepcional. En 2022 se produjo uno de los casos más sonados de los últimos años: la cancelación del festival Diversity de Valencia en el que iban a actuar Christina Aguilera, Karol G e Iggy Pop. En 2023 Facua ya denunció al festival Salamanca Vive por no devolver el dinero de las entradas al público, pero la multa impuesta por la Junta de Castilla y León fue de 1.800 euros, cifra que la Federación de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios de Andalucía calificó de “absolutamente ridícula”. Solo medio año antes, Facua había conseguido mediante otro proceso judicial que el gobierno vasco multase con 60.000 euros a la promotora que había organizado la gira de conciertos Modern Talking y Sandra cancelados en Bilbao, Sevilla y Badalona. Y ni siquiera tan voluminosa sanción ha significado que toda la gente que compró esas entradas haya recuperado su dinero. 

Si en 2024 la ACC recibió 56 reclamaciones relacionadas con cancelación de conciertos, en 2025 la cifra ha ascendido hasta 73. En OCU reciben cada verano “reclamaciones por la devolución del saldo restante de la pulsera, por cambios de cartel sin información previa y sin compensación, por la prohibición de entrar con comida y bebida del exterior, etc.”, pero perciben que en los festivales se reclama menos que en otros ámbitos de consumo. Intuyen dos motivos: “los asistentes suelen ser jóvenes” y “el importe a reclamar es una cuantía escasa”. La denuncia que Facua presentó ante la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía por el breve plazo de tiempo que ofrecía al público para recuperar el dinero de sus entradas tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival tendrá un lento recorrido, pero insisten en que es el único camino para recuperar el dinero y erradicar los abusos por parte de los festivales. Ese, y que las administraciones públicas dicten sentencias menos tibias y más ejemplarizantes.