Fiscalía pide el archivo de la causa contra la exconcejala de València en Comú María Oliver
La Fiscalía Provincial de València ha solicitado el “sobreseimiento provisional” de la causa abierta contra la exportavoz del grupo municipal València en Comú y candidata a la alcaldía por Unides-Podem en las pasadas elecciones locales, María Oliver, y contra el profesor de la Universitat de València José Manuel Rodríguez, por presuntas irregularidades en un convenio firmado con la institución universitaria por el que el Consistorio abonó 106.351 euros.
El juzgado de Instrucción número 19 emitió auto de procesamiento contra Oliver y contra Rodríguez, pero la Fiscalía ha solicitado que se archive la causa puesto que no queda acreditada “la perpetración de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos ni de ningún otro”.
La denuncia inicial parte del asesor del grupo municipal del PP Luis Salom, quien ha puesto una quincena de denuncias contra diferentes cargos de los gobiernos de izquierdas del Ayuntamiento y de la Generalitat, todas ellas archivadas hasta ahora antes de llegar a juicio.
En su escrito argumenta que el convenio, cuyo objetivo era realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad y un mapa escolar, se adjudicó “a dedo”. En el auto de procesamiento, el juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta.
Sin embargo, el fiscal basa su solicitud de sobreseimiento en que la Intervención General del Ayuntamiento “termina fiscalizando de conformidad la propuesta”, aunque “con algunas observaciones” y en el informe pericial del letrado José Luis Noguera Calatayud, especialista en derecho administrativo.
Dicho informe concluye que el procedimiento seguido para la firma del convenio es ajustado a derecho y que no consta oposición de los funcionarios públicos intervinientes.
Sobre los supuestos gastos excesivos o no suficientemente justificados, el fiscal considera que en todo caso se trataría de una cuestión administrativa al no superar el convenio los 120.000 euros establecidos legalmente a partir de los cuales se puede alegar un delito contra la Hacienda Pública.
Oliver anunció el pasado 11 de noviembre que renunciaba a su cargo de asesora de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, también de la formación morada.
