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La exportavoz de Podem en València, María Oliver, deja el cargo de asesora en el Consell por su procesamiento

Oliver presenta su renuncia como asesora de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau

El juzgado de Instrucción número 19 emitió auto de procesamiento contra Oliver por la firma de un convenio presuntamente irregular con la Universitat de València por el que el Consistorio abonó 106.351 euros

La candidata a la alcaldía de Podemos, María Oliver

La candidata a la alcaldía de Unides-Podem en las pasadas elecciones municipales, María Oliver JESÚS CÍSCAR

La exportavoz del grupo municipal València en Comú y candidata a la alcaldía por Unides-Podem en las pasadas elecciones locales, María Oliver, ha presentado su renuncia como asesora de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, también de la formación morada.

Oliver le ha traslado su propósito de dedicarse plenamente a demostrar su inocencia ante el procesamiento judicial abierto por un convenio durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Valencia.                                                                           

Martínez Dalmau ha aceptado la renuncia y expresado su "confianza en la Justicia y en la inocencia de María Oliver por los hechos objeto de denuncia".

El juzgado de Instrucción número 19 emitió recientemente auto de procesamiento contra Oliver por la firma de un convenio presuntamente irregular con la Universitat de València por el que el Consistorio abonó 106.351 euros. También está procesado el profesor de José Manuel Rodríguez.

La denuncia parte del asesor del grupo municipal popular, Luis Salom, y en ella argumenta que el convenio, cuyo objetivo era realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad y un mapa escolar, se adjudicó "a dedo".

Así, se utilizaron recursos distintos a los contemplados (becarios que realizaron una parte sustancial del trabajo de campo) y se subcontrató con una empresa cuando se tenía que haber realizado directamente por el personal de la universidad.

Se relata también que la memoria económica, que "adolecía de suficiente concreción", no se cumplió y, además, el personal universitario "no percibió los conceptos presupuestados, sino que las cuantías "se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad".

El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta, u otros gastos no contemplados en el convenio como la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.

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