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Valencia lleva al Tribunal de Cuentas el pelotazo del Parque de Cabecera

El Ayuntamiento pagó 18,2 millones de euros por tres parcelas tasadas en 960.000 euros propiedad de la familia Cotino y Gómez-Trénor en la época de Rita Barberá.

El alcalde, Joan Ribó, y el edil de Urbanismo, Vicent Sarrià, entienden que como mínimo ha habido negligencia y creen que el caso podría acabar en los juzgados.

Imagen del Parc de Capçalera

Imagen del Parque de Cabecera

El Ayuntamiento de Valencia ha trasladado al Tribunal de Cuentas el caso de los pagos realizados a las familias Cotino y Gómez-Trénor por las expropiaciones de sus tres parcelas para la ejecución del Parque de Cabecera en la época de Rita Barberá al frente del Consistorio.

Así lo han anunciado este viernes el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, quienes han explicado que tras la recalificación de los terrenos rústicos a urbanizables realizada para la ejecución del mencionado parque, el jurado provincial de expropiaciones tasó en el año 2005 en 960.000 euros estos tres terrenos (687.000 euros las de los Cotino y 273.000 euros las de los Gómez-Trénor).

Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP, haciendo caso omiso a las advertencias de sus técnicos y hasta de los propietarios de los terrenos, no abonó estas cantidades, algo que sí hizo con las otras 41 parcelas que se expropiarion para ejecutar el jardín.

Pasados cinco años, los propietarios de los terrenos pidieron una retasación de los valores de los terrenos, logrando que la de los Cotino pasara a costar 4,1 millones con intereses incluidos, y la de los Gómez-Trénor, tras recurrir al Tribunal Supremo, elevó su tasación a los 14,1 millones de euros.

"El Ayuntamiento acabó abonando 18,2 millones de euros por unas parcelas que le hubieran costado 960.000 euros si las hubiera pagado en tiempo y forma, lo que supone como mínimo una clara negligencia en la gestión del PP que ha causado al Ayuntamiento unas pérdidas de 17,2 millones de euros", ha lamentado el alcalde de Valencia Joan Ribó.

Por su parte, Sarriá ha advertido que si de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas se deducen responsabilidades penales, el mismo Tribunal lo trasladaría a la Fiscalía para que abriera una investigación.

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