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La implicación de Italia en Libia comenzó con el Gobierno anterior y 'el señor de los espías'

Marco Minniti y el entonces primer ministro Paolo Gentiloni en el Parlamento italiano en marzo de 2017.

Cristina Barchi

Si los flujos migratorios que llegan de Libia se han reducido un 75% en los primeros meses de 2018, ha sido en parte debido a decisiones tomadas por el antecesor de Matteo Salvini como ministro de Interior, Marco Minniti, del Partido Democrático, conocido entonces como 'el señor de los espías' o sencillamente “el hombre más fuerte de Italia”, aunque no el más amado.

Jefe de los servicios de inteligencia durante tres legislaturas, fue ministro desde 2016 a 2018. Él fue quien cerró personalmente el pacto de devoluciones de inmigrantes con el Fayez al-Sarraj, proclamado primer ministro por uno de los grupos que se disputan el control del país. El acuerdo con Italia sirvió para legitimarle de alguna manera.

Para el embajador italiano en Libia, Giuseppe Perrone, “Trípoli es un lugar seguro” (en términos de política migratoria), especialmente, dice, desde que han disminuido las ONG que dificultaban a la guardia costera libia. Se refiere a una milicia al no existir una guardia costera oficial o un gobierno efectivo en Libia.

La magistratura italiana ha comprobado que Italia ha reforzado su vinculación a este fenómeno con motos acuáticas, donadas y reparadas por este país a la Guardia de Costas de la GNA (Gobierno de Reconciliación Nacional), con base en el Puerto de Abu Sittah en Trípoli. La GNA opera en estrecha coordinación con los comandos de la misión italiana NAURAS (con la nave Capraia, de Marina Militar), siendo esta una colaboración documentada por la Magistratura.

“Es la doble moral del Estado italiano”, dice la abogada romana Flavia Pacella, “coopera con las autoridades libias sabiendo que están presumiblemente implicadas en violaciones de los derechos humanos de los migrantes; tan severas que han llevado a la procuradora de la CPI (Corte Penal Internacional) a pedir que se abra una investigación sobre crímenes contra la humanidad, porque la naturaleza y el alcance de los crímenes cometidos es alarmante, en su numero de detenidos y desaparecidos en ese país”.

Fue preciso que ocurrieran tres cosas para llegar a esta situación, afirma Pacella: la firma del acuerdo con el Gobierno libio de Reconciliación Nacional en 2017, la participación italiana en apoyo de la guardia costera libia y la adopción de un código de conducta para las ONG que participan en el salvamento de migrantes en el Mediterráneo.

Es en 2014 cuando el Gobierno italiano lanza la externalización de fronteras con el Proceso de Jartum. Y fue completamente adoptada por la UE en la Agenda Europea para las Migraciones, del 13 de mayo 2015, que es la piedra angular de las políticas migratorias futuras. “Gracias a ellas, se rechazaron otras propuestas delirantes de Italia, como bombardear las pateras o, entonces, cerrar los puertos a las embarcaciones repletas de víctimas de naufragios”, dice Gabriella Carella, profesora de Derecho de la Universidad Aldo Moro de Bari.

Estas alternativas fueron introducidas por los ministros Alfano y Pinotti quienes buscaron la aprobación internacional y de UE. Como con el precedente de la misión militar italiana en Albania de 1996-97 en la que se destruyeron lanchas de traficantes sin conseguir erradicarlos.

Bombardeo de pateras

El bombardeo de pateras es, desde 2005, una amenaza que usan los gobiernos italianos. Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la UE, fue encargada de estudiar una acción militar quirúrgica con la que destruir las pateras antes de su uso en las costas libias. El Vaticano y su Consejo Pontificio para Migrantes respondieron que este acto de guerra afectaría a la población civil y no impediría a la miseria seguir existiendo.

Carella insiste en recordar y comparar los acuerdos de antes y los de ahora: “Los acuerdos migratorios tradicionales no devuelven personas que han llegado a territorio extranjero; no envían grandes cantidades de dinero al país de origen del flujo migratorio para que el Estado (o una milicia en este caso) impida con violencia las salidas de migrantes y de refugiados; y solo si tras un examen se rechaza la demanda de protección, se retornan a los inmigrantes al país de origen”.

Carella insiste en que los acuerdos migratorios preventivos de hoy ocasionan que aunque la persona esté en verdadera necesidad de asilo o protección, no se sepa nunca, “porque el examen lo hará en el país al que será devuelta”.

“Un ultraje a la conciencia”

Libia ya no existe para Fulvio Vasallo, abogado y profesor de Derecho de Asilo en la Universidad de Palermo y un referente internacional en temas migratorios. Explica a sus alumnos y periodistas en la isla de Lampedusa que la denominación de Libia como Estado ha sido vaciada de contenido. Y que desde septiembre 2017, la definición de guardacostas libio ya no tiene fundamento. Cada ciudad está controlada por milicias diferentes con unidades navales que se denominan Guardia Costera Libia, sin que esto corresponda a un mando central unificado.

“Hace ya dos años que fracasa el intento de la UE e Italia de constituir un mando central en Trípoli. Esas unidades navales son las que entran en aguas internacionales y, según les ordene una u otra milicia, dejan pasar o bloquean las pateras. En muchos casos, documentados en sede judicial, con la colaboración de la Marina Militar italiana”, explica.

El informe publicado en abril 2018 por Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, documenta en detalle la escala y el horror de las detenciones en Libia. Desde 2016 se realizan detenciones arbitrarias por milicias armadas autorizadas a arrestar, encarcelar y asesinar, que reciben apoyo material, sueldos, armamento y vehículos del Ministerio de Justicia, constituido en realidad por un grupo de milicias. Hombres, mujeres y niños están privados de libertad sin causa conocida o sin derecho a recursos judiciales.

“Lo que sucede en Libia a los migrantes es un ultraje a la conciencia de la humanidad”, denunció Al-Hussein.

Anteriormente, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch realizaron sus propios informes que confirmaban las torturas, esclavitud, tratos degradantes y muertes de los extranjeros en Libia.

Emma Bonino, la exministra de Exteriores y excomisaria europea, ha denunciado al exministro del Interior, Marco Minniti, por crímenes contra la humanidad por firmar el acuerdo con Libia. “Humanamente, los informes libios de MSF tendrían que haber levantado un gran tsunami en Italia. Minniti puso un tapón que no podía cerrar bien y al final se ha vuelto contra todos”.

Este comportamiento no solo viola los derechos humanos, añade el profesor Vasallo. Pensando en sus alumnos altamente cualificados y conciudadanos sicilianos, dice: “Pero que no se preocupen los adoradores del 'orden'. La patria, con 629 migrantes menos y 285.000 ciudadanos autóctonos que en un año se han alejado del Belpaese (el bello país, como se conoce a Italia en Italia) por ausencia de futuro, está hoy segura de cualquier invasión. Para los que quedan, que se preparen a pagar las consecuencias”.

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