Los gobiernos europeos echan a los barcos de ONG del Mediterráneo a golpe de trabas administrativas

Este jueves, la Guardia Costera italiana se subía al Open Arms para inspeccionar el buque, amarrado en el puerto de Empedocle. Ordenó a la tripulación que completara una serie de ejercicios, comprobó los botes y los separadores de aceite y agua, explica la ONG. Los agentes detectaron una serie de “irregularidades técnicas” que les impiden abandonar el recinto portuario hasta que las subsanen. El barco vuelve a quedarse inmovilizado ocho meses después de pasar otros cien días bloqueado en el puerto de Barcelona sin autorización para zarpar.

También se enfrentan a amenazas de multas de hasta 901.000 euros por desafiar la prohibición del Gobierno español de acudir a la zona de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. En el último año y medio, les han impedido hacer escala para repostar en algunos puertos y miembros de su equipo han sido investigados en Italia por “facilitar la inmigración ilegal”. Determinados discursos los acusan de ser “cómplices de los traficantes” y cuestionan su actividad. El caso de Proactiva Open Arms es un reflejo de las trabas administrativas, políticas y judiciales a las que se enfrentan, por parte de distintas autoridades europeas, las ONG que han fletado buques de rescate en el Mediterráneo central.

En la práctica, los obstáculos fuerzan a los barcos humanitarios de salvamento a alejarse de la zona de rescate durante días, algunos bloqueados en puerto, otros obligados a abandonar sus actividades, desalentadas por el aumento las restricciones. Cuando no están, apenas quedan manos que rescaten. La “peor tragedia del año” del Mediterráneo, que se cobró al menos cien vidas, se produjo cuando no había ninguna ONG en el mar. Después del cierre de puertos, la tasa de mortalidad se disparó. En lo que va de 2019, al menos 594 personas han muerto en la ruta migratoria más mortífera del mundo.

Cuatro ONG con barcos de rescate menos que hace dos años

ONG activas en mayo de 2017

Sea Eye

MSF / SOS Méditerranée

Save the Children

MOAS

Proactiva Open Arms

Sea Watch

Jugend Rettet

ONG activas actualmente

Sea Eye

MSF / SOS Méditerranée

Mediterranean Saving Humans

Las que no han decretado el fin de sus misiones tratan de sortear los obstáculos buscando otras embarcaciones con las que poder regresar al mar, completando trámites o peleando en los tribunales. Sin embargo, la capacidad de rescate se reduce. En estos momentos, solo tres misiones humanitarias de rescate se mantienen operativas. En mayo de 2017, poco después del acuerdo con Libia, había nueve organizaciones operando en aguas fronterizas.

En 2016 y 2017, las ONG rescataron a más de un tercio de los náufragos socorridos en el mar en este período, desde el cierre de puertos italianos hasta finales de 2018. Las autoridades libias que reciben apoyo técnico y financiero de la UE interceptaron al 85% de los migrantes localizados en el Mediterráneo central, según la Agencia para los Refugiados. Los devolvieron al país vecino, donde enfrentan “horrores inimaginables”, de acuerdo con la ONU.

Trabas administrativas

El cerco contra los buques de rescate desplegados por la sociedad civil se ha ido estrechando con trabas administrativas por parte de distintas autoridades europeas. El Gobierno maltés ha prohibido a buques que vayan a sus puertos a repostar, paradas técnicas que solían ser habituales para reponer suministros o cambiar de tripulación.

Primero Gibraltar, y luego, Panamá retiraron al Aquarius el permiso para navegar con su bandera, en este último caso tras las quejas del Gobierno italiano. Médicos Sin Fronteras y Sos Méditerranée decidían en diciembre anunciaban el fin a las operaciones de la embarcación tras la inmovilización del barco en Sicilia bajo la acusación de presunto “tratamiento ilegal” de residuos considerados peligrosos.

Después de misiones prolongadas en el tiempo con rescatados a bordo, inspecciones de la Guardia costera italiana han dejado las naves amarradas durante días en puerto tras detectar supuestas irregularidades técnicas a bordo. Son los casos del Sea Watch o, el más reciente, el del Open Arms. En enero, la ONG catalana pasó por otro bloqueo en el puerto de Barcelona durante 100 días. El Ministerio de Fomento alegó que el barco se estaba “viendo forzado a navegar durante varios días” por el cierre de puertos italianos y malteses. El Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre ha defendido que se trata de una respuesta administrativa, no de una decisión política, como defendió Proactiva Open Arms. Los mismos argumentos mantienen anclado en Pasaia al viejo pesquero Aita Mari.

En abril, el Gobierno holandés emitía un nuevo reglamento que impuso requisitos de seguridad más estrictos para el Sea Watch, que acabó bloqueado hasta que la ONG ganó el caso en los tribunales. En mayo, la Justicia maltesa multó al capitán del buque Lifeline, confiscado en la isla, con 10.000 euros porque no estaba debidamente registrado para operaciones de rescate.

En su cruzada contra los buques humanitarios, después de negarse a abrir sus puertos a los migrantes rescatados por las ONG, Italia ha aprobado recientemente un decreto para imponer multas de hasta un millón de euros para los capitanes que violen la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas ordenada por el Ministerio del Interior.

Acusaciones políticas

Pero los obstáculos no comenzaron con el cierre de los puertos decretado por Matteo Salvini en junio de 2018. Este fue, más bien, el último eslabón de una serie de restricciones que venían incrementándose a medida que la Unión Europea cedía a Libia las labores de coordinación de los rescates de las que la Guardia Costera italiana se encargó durante años. En verano de 2017, seis meses después del acuerdo sellado con el país vecino, el Gobierno de Paolo Gentiloni forzaba a firmar un código de conducta que limitaba sus operaciones.

El cada vez mayor control de Libia, que anunció ese mismo año su intención de ampliar las millas de su zona de operaciones de rescate, ha provocado que organizaciones como MOAS o Save The Children pusieran punto y final a sus misiones de salvamento en el Mediterráneo central. Los encontronazos en alta mar de las ONG con las autoridades libias –que reciben apoyo técnico y financiero de la UE– también han sido frecuentes, como los denunciados por las tripulaciones de Proactiva Open Arms o Maydayterraneo en verano de 2017, cuando las ONG denunciaron amenazas, incluido “disparos al aire”, para que sus embarcaciones se alejaran o cuando se negaban a entregar a los rescatados.

Las restricciones han venido aderezadas de lo que las organizaciones y organismos especializados consideran una campaña de “criminalización” a su labor. Desde hace años, las ONG han enfrentado acusaciones de incentivar con su presencia la salida de pateras desde las costas libias –insinuaciones que también han soportado los guardacostas italianos – o de operar en complicidad con los traficantes, las mismas que ahora lanza Salvini en cada uno de sus furibundos ataques contra los barcos de rescate.

Si bien al principio este tipo de discursos procedían de grupos minoritarios, se acabaron amplificando a finales de 2016 con la publicación un informe confidencial de Frontex, donde la agencia mencionaba supuestos vínculos entre traficantes y ONG. “¿Quiénes financian los taxis del Mediterráneo?”, se preguntó en 2017 Luigi Di Maio, entonces aspirante a líder del Movimiento 5 Estrellas en Italia. “Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no para favorecer la inmigración irregular”, aseguró el exministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido en unas declaraciones por las que terminó disculpándose.

Las organizaciones humanitarias han negado siempre de forma rotunda este tipo de insinuaciones y recuerdan lo mismo que llevan repitiendo desde que fletaron sus primeros barcos cuando Italia puso fin a la operación Mare Nostrum en 2014 por falta de fondos: si están en el mar es para intentar “dar una respuesta” a las cientos de muertes que no han dejado de producirse. “Aunque algunos las acusan de colaborar con los contrabandistas, todavía no se han encontrado pruebas de contactos entre los traficantes y las ONG”, afirman Eugenio Cusumano y James Pattison, profesores de las universidades de Leiden y Manchester.

El cierre de los puertos italianos ha tensado la cuerda entre Gobiernos y de estos con las ONG. La última crisis del Open Arms ha agudizado la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y la organización catalana. “Me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión”, dijo José Luis Ábalos cuando el barco acumulaba diez días sin puerto seguro. “No tienen permiso para rescatar”, aseguró la presidenta Carmen Calvo preguntada por posibles multas, a lo que el fundador de Proactiva, Óscar Camps, respondió: “A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo”.

Investigaciones judiciales e incautaciones

Además de procedimientos judiciales administrativos, varias ONG se enfrentan a investigaciones penales en Italia que han acabado con sus barcos incautados y sus tripulaciones arrestadas, principalmente acusadas de “favorecer la inmigración ilegal”, delitos por los que pueden pedirse penas de hasta 20 años de cárcel.

La primera fue la alemana Jugend Rettet, en 2017, cuya investigación se encuentra en fase final. Los fiscales italianos también han investigado a integrantes de Proactiva Open Arms, la italiana Mediterranean Saving Humans o la alemana Sea Watch. El caso de la capitana Carola Rackete, que decidió entrar sin permiso en el puerto de Lampedusa con 40 migrantes a bordo tras más de medio mes sin una solución, se convirtió en un símbolo más, para muchos, de la “criminalización creciente” que enfrentan en territorio europeo, no solo en Italia, quienes defienden los derechos de estas personas.

Entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países europeos, con Grecia a la cabeza, según ha documentado la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo. Entre ellas están la activista española Helena Maleno, cuya causa terminó siendo archivada por la Justicia marroquí este marzo o los tres bomberos andaluces de Proemaid que fueron finalmente declarados inocentes de un delito de tráfico por participar en tareas de rescate de refugiados. Como ellos, muchos casos han terminado con absoluciones que reconocen la necesidad humanitaria o son archivados por la falta de evidencias, mientras que otros se encuentran pendientes de resolución.

El fenómeno es global, como recordó a eldiario.es el relator de la ONU Michel Forst, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por las “restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, acusaciones en el discurso público y criminalización” a las que se enfrentan quienes salvan vidas en el mar. “Las dificultades a las que se enfrentan los defensores no pueden disociarse de aquellas que afrontan las personas cuyos derechos defienden”, reiteró el experto en un informe en 2018, donde vinculaba las políticas migratorias de los Gobiernos con el aumento de las restricciones a los defensores que se solidarizan con ellos.

Su conclusión entonces fue clara: “Un entorno tan hostil garantiza que seguirán apareciendo cadáveres de esas personas arrastrados por el mar o enterrados en fosas sin identificar, o que, simplemente, esos cuerpos desaparecerán en cantidades intolerables”.

Lo mismo repiten las ONG que, entre acusaciones, restricciones e investigaciones, siguen poniendo rumbo al Mediterráneo central, donde apenas quedan manos que rescaten y ojos que vigilen: “Italia y Europa no quieren tener testigos de sus políticas mortales, y utilizarán todos los medios necesarios para obstaculizar la migración”, dijeron desde Sea Watch en uno de sus regresos a la zona de rescate. “Pero nunca aceptaremos que el Mediterráneo se convierta en un lugar donde las violaciones de los derechos humanos pasen desapercibidas y donde nuestros Gobiernos europeos no rindan cuentas por el creciente número de muertes escapa a la responsabilidad”.