Atacar hospitales, la normalidad en las nuevas guerras
La noche del 3 de febrero el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, Sudán del Sur, fue alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales. El almacén principal quedó destruido y perdimos la mayor parte de los suministros esenciales. El hospital, del que habíamos compartido las coordenadas GPS con el Gobierno y las partes en conflicto, había sido evacuado y los pacientes dados de alta horas antes, después de que recibiéramos información sobre un posible ataque contra la ciudad. Éramos el único proveedor de servicios sanitarios que atendía a unas 250.000 personas en Lankien y Pieri donde uno de nuestros centros de salud fue saqueado casi al mismo tiempo. Estos ataques suponen que las comunidades locales se quedarán sin asistencia sanitaria.
El caso del hospital de Lankien está lejos de ser esporádico. Dirijamos la mirada al vecino del norte, a Sudán, asolado por un conflicto caracterizado por una flagrante falta de respeto por la ayuda humanitaria y la asistencia médica. En 2025, fue el país con más víctimas mortales entre personal sanitario y pacientes: 1.620. Cuando cayó Al Fasher (Darfur) tras más de 500 días de asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del asesinato de al menos 460 pacientes y acompañantes en el Hospital Materno Saudí de la ciudad.
Los ataques contra el personal sanitario y humanitario se han convertido en la nueva normalidad. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS informó de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes. Esto supuso un aumento dramático de las muertes, que duplicaron las 944 de 2024.
Tendencias alarmantes
Palestina y Sudán ilustran tres tendencias alarmantes recogidas en el informe de MSF La atención médica, en el punto de mira: un desprecio creciente del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes, entre ellas, los Estados, el impacto desproporcionado en el personal local, y los ataques contra el transporte médico y humanitario (incluidas ambulancias y vehículos de suministro).
Una vuelta de tuerca de la narrativa que justifica estos ataques es el salto del ‘error’ a la ‘pérdida de protección’ que les otorga el derecho internacional humanitario, bajo acusaciones de colaboración con el enemigo. Créanme cuando les digo que no hay nadie más interesado en preservar la estricta neutralidad de nuestras instalaciones y actividades que nosotros. Nos jugamos la vida en ello. Y la de nuestros pacientes. Pese a ello, en Gaza, Ucrania, Sudán y otros contextos, las acusaciones son recurrentes contra las agencias de Naciones Unidas y las ONG humanitarias.
En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos
Como hemos visto en el caso de Lankien, los ataques contra las instalaciones y servicios médicos y el personal de salud ya sean deliberados o resultado de acciones militares indiscriminadas o de errores, privan a la población civil de un servicio esencial cuando sus necesidades son extraordinarias.
Los Estados, detrás de la mayoría de los ataques
En 2023 y 2024, Israel fue responsable de los niveles más altos de violencia contra las misiones médicas y humanitarias. Según la OMS, al menos el 53% de los ataques y el 67% de las muertes de personal médico en esos años se produjeron en Palestina y Líbano, donde se atribuye a las fuerzas israelíes la inmensa mayoría de los ataques.
El personal local soporta la peor parte. Entre 2021 y 2025, los trabajadores contratados localmente representaron el 98% de los asesinados, según la Base de Datos sobre la Seguridad del Personal Humanitario (AWSD).
En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos. Esto confirma a Palestina como uno de los epicentros de la violencia contra el personal humanitario (el otro es Sudán) con niveles de agresión sin precedentes, especialmente contra los trabajadores palestinos, que representan el 98% de las víctimas mortales.
El derecho internacional humanitario establece que los heridos y los enfermos deben ser protegidos y atendidos, y proporciona protección subsidiaria a los transportes sanitarios. Sin embargo, los desplazamientos son cada vez más peligrosos. Según la AWSD, entre 2014 y 2020, 967 trabajadores humanitarios fueron atacados (muertos, heridos o secuestrados) en “la carretera”. En el periodo posterior, más corto, 2021-2025, aumentaron los ataques hasta los 1.057 trabajadores humanitarios.
La impunidad es el elefante en la habitación. Los Estados, los principales responsables del 81% de los ataques en 2024 según la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos armados, no los investigan adecuadamente ni exigen responsabilidades. Su reacción es pura hipocresía y una muestra de doble moral de buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo ello, casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba y pedía el fin de los ataques.
El derecho internacional humanitario prohíbe atacar instalaciones médicas y exige salvaguardar su capacidad y la del personal médico para prestar servicios vitales. La erosión de estas normas tiene consecuencias peligrosas también para los civiles. En Gaza resulta más que evidente. Israel ha exhibido una impunidad total posibilitada por aliados que juraron “respetar y hacer respetar” el mismo derecho internacional humanitario que agoniza con cada ataque a lugares que hasta hace poco se reclamaban como protegidos.
Más de 100 Estados han rubricado su apoyo a Declaración sobre la protección del personal humanitario y reconocen la necesidad de revertir estas “tendencias mortíferas”. Si no se toman medidas decisivas, las normas fundamentales de la acción humanitaria, la atención médica y la protección de los civiles seguirán desmoronándose.
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