Colectivos sociales piden a Madrid y Valencia que actúen contra sus CIE como Ada Colau en Barcelona
El Ayuntamiento dirigido por Ada Colau, en Barcelona, ha abierto una vía para combatir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde las instituciones. Si el año pasado, el consistorio de la ciudad condal, el de Valencia y varias cámaras regionales aprobaron mociones para instar al Gobierno a cerrar estos centros, ahora Barcelona ha tomado la iniciativa para intentar clausurar el que dirige Interior en su ciudad: el CIE de Zona Franca. Los colectivos sociales en contra estos centros de detención en Madrid y Valencia piden a los líderes de las denominadas 'ciudades del cambio' que actúen en la misma dirección que el equipo de Colau.
Los CIE dependen del Ministerio del Interior y reciben, por un máximo de 60 días, a los inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. A pesar de que la deportación es el objetivo de estos centros no se completa en más del 50% de los casos, según los datos oficiales de al Defensora del Pueblo de 2014.
Numerosas denuncias y un extenso informe de cuatro universidades sobre estos centros, gestionados por la Dirección General de Policía, han denunciado que en su interior se comete “la vulneración masiva de los derechos humanos”. Por ello, entre otros motivos, diversos movimientos sociales piden su cierre. Tras las últimas elecciones municipales, en Madrid, Barcelona y Valencia –todas con CIE en sus ciudades–, los colectivos buscaron en los llamados 'gobiernos del cambio' aliados para acabar con los centros de internamiento desde las instituciones.
La alcaldesa de Barcelona intenta ahora cerrar el CIE de Zona Franca con el siguiente mecanismo: el Ayuntamiento ha emitido una orden de cese de actividad del CIE por la falta de licencia de actividades e incumplimiento de la normativa de seguridad. El Consistorio defiende que sin dicha licencia, dentro de sus competencias, el centro no puede reanudar su actividad, paralizada debido a una reforma en su interior.
Interior ha ignorado la orden de cierre porque “según los juristas del Ministerio ningún edificio policial requiere licencia de apertura, porque no es un establecimiento que genera actividad económica”, explica Antonio Navarro, jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Jefatura Superior de la Policía en Cataluña.
Los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona han ido en dos ocasiones a inspeccionar el edificio, pero la Policía Nacional del centro les ha denegado el paso. El enfrentamiento entre el Gobierno central y el Consistorio vuelve a recurrir a la burocracia: Antonio Navarro explica que es obligatoria “la petición de una autorización de entrada al secretario de estado de Seguridad”; fuentes del Ayuntamiento de Barcelona niegan la necesidad de ese permiso para que la inspección acceda al edificio, aunque indican que avisaron al secretario de estado de que acudirían al CIE. El último recurso anunciado por el equipo de Colau ha sido acudir a los tribunales.
Más allá de una declaración de intenciones
La maniobra de Ada Colau supone llevar a la práctica la moción firmada por su Ayuntamiento en contra de los CIE. O al menos, intentarlo con medidas concretas, destacan desde los movimientos sociales contrarios a los centros de Madrid (en Aluche) y Valencia (el de Zapadores). “Nos parece bien que Barcelona haya liderado un proceso dentro de sus competencias”, afirma Ana Fornés, portavoz de CIEs NO. “Creemos que es una buena línea de trabajo. Aunque no lo consiga, sí muestra la voluntad de cerrarlo”, coinciden en Madrid Libre de CIE.
Las resoluciones y mociones en contra de los CIE fueron respaldadas –además de en Barcelona– en el Ayuntamiento de Valencia y en los parlamentos autonómicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ahora CIEs NO pide que se sigan dando pasos, dentro de las competencias municipales, para presionar al cierre del centro de Zapadores de Valencia. “Es cosa suya (del Ayuntamiento de Valencia, liderado por Joan Ribó), pero nosotros les animamos a ello”, dice Fornés.
Madrid se quedó sin moción anti-CIE tras meses de trabajo de los colectivos sociales de la capital y de conversaciones con el consistorio dirigido por Manuela Carmena. “En el Ayuntamiento de Madrid siempre han dicho que estaban a favor de la moción, pero al final no se posicionaron políticamente con ella registrándola, que era que lo que pedíamos”, explica un miembro de Madrid Libre de CIE.
En la plataforma ciudadana siguen abiertos a que Madrid apruebe una declaración de intenciones contra los CIE y contra otras expresiones de la política migratoria (como las redadas racistas). También a que Manuela Carmena dé un paso más: que lleve la oposición al CIE de Aluche a unas políticas concretas dentro de sus competencias municipales. “Esperamos que haya un avance en los próximos meses, aprovechando este movimiento de otros ayuntamientos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo”, afirman en Madrid Libre de CIE. El momento es ahora, indican.
Carmena y Ribó “estudian” sus posibilidades
Fuentes de los Ayuntamientos de Madrid y Valencia afirman que están “estudiando” sus posibilidades. En el equipo de Joan Ribó defienden su voluntad política de cerrar el CIE de Zapadores, que demostraron en la moción aprobada en noviembre. De acciones concretas aún no pueden pronunciarse porque siguen “estudiando el tema y aún no tenemos las conclusiones”.
En el mismo sentido se pronuncian en el Ayuntamiento de la capital. “Estamos explorando todas las posibilidades a raíz de las acciones del Ayuntamiento de Barcelona para el cierre del CIE”, reconocen.
Las plataformas ciudadanas recuerdan que la oposición a los centros de internamiento no puede ser la única medida contra las políticas migratorias. Ana Fornés recuerda que la violencia institucional contra los migrantes se extiende a muchos ámbitos, “como la represión a los manteros”, recuerda. Apostar por el cierre de los CIE y no combatir otras muestras de violencia, dicen también los colectivos de Madrid, se quedaría en una misión incompleta de los gobiernos locales.
