Cómo la cocaína destronó al oro en la Amazonía brasileña

Rebeca Lerer (São Paulo, 49 años) se ha convertido en una experta en juntar puntos que otros prefieren ignorar. Para esta activista que pasó once años en Greenpeace persiguiendo madereros y ganaderos en la Amazonía, el narcotráfico era un destino lógico como objeto de estudio: las mafias migraron hacia el único producto que no deja rastro desde el aire. “Empecé a hacer cuentas y dije: esto es más que el oro. Nadie compra oro todas las semanas, pero la gente que usa cocaína, sí”, dice a elDiario.es en un portuñol veloz. De esta forma desgrana una maquinaria financiera que mueve seis mil millones de dólares anuales mediante un consumo en ascenso que fortalece al crimen local. La magnitud del mercado coincide con el último Informe Mundial de Drogas de la ONU: la producción global de cocaína se ha más que cuadruplicado en una década, superando las 4.000 toneladas. “Ese es el resultado a pesar de la represión. Es una locura”.

Lerer llega al Festival Futuro Coca, que celebra su cuarta edición este 11 y 12 de julio en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en el centro de Bogotá. Se trata de un encuentro que nació en 2023 con un propósito claro: separar la coca de la cocaína, dos conceptos que el mundo lleva medio siglo confundiendo. Allí, comunidades indígenas y campesinas dialogarán con cocineros, científicos y artistas para visibilizar el potencial oculto de la hoja de coca. Una oportunidad para demostrar que, de sus catorce alcaloides, la cocaína es solo el más famoso.

La brasileña llega con una misión más cruda: mostrar la cadena desde el otro lado de la Amazonía. Brasil no cultiva la hoja, pero refina, consume y exporta su alcaloide más rentable. “La gente en mi país ni siquiera sabe que la cocaína viene de una hoja, de una planta sudamericana nativa”, resume. Para ella, la conversación con Colombia es urgente. Tras más de medio siglo de fracasos en la lucha antinarcóticos, sostiene que es hora de sacar el debate del cajón exclusivo de la policía y la salud pública para situarlo en tres áreas seminales: el uso de la tierra, la violencia y el impacto ambiental. De hecho, la ONU reconoce desde hace unos años que el enfoque represivo solo ha expandido los mercados criminales y distorsionado la economía regional. Es una guerra opaca y sin auditorías, donde las cuentas casi nunca cierran porque los datos son fragmentarios.

“No hay cómo competir”

Ante el vacío en los registros oficiales, Lerer asumió el rol de contable de esta economía sumergida. Del empeño nació 'Selva en polvo' (Floresta em Pó), el informe que coordinó a finales de 2025 junto a la Coalición Internacional por la Reforma de las Políticas de Drogas y la Justicia Ambiental y organizaciones brasileñas como Iniciativa Negra. Con su equipo descubrió que Brasil carecía de un mapa de los laboratorios donde se refina la mercancía que inunda el mercado internacional. Para lograrlo, auditaron cinco años de operaciones policiales, siguiendo el rastro de los químicos y envíos hasta destapar 550 centros de procesamiento de cocaína. La realidad, sin embargo, es mucho más opaca: la policía brasileña solo roza el 20% del negocio. “La proyección real nos sitúa cerca de los 5.000 laboratorios”, apostilla.

Los cargamentos que zarpan desde los puertos brasileños rumbo a Europa, además, son más puros que la mercancía que ingresa por sus fronteras desde los países andinos o Paraguay. Ese salto de calidad, respaldado por datos de la Policía Federal, desmantela el tópico de Brasil como mero trampolín logístico: en su interior opera una red de laboratorios clandestinos que purifica el polvo para la exportación o lo rebaja para el menudeo doméstico. Entre el cultivo de origen y el contenedor atlántico, existe una industria en plena expansión.

El informe 'Selva en polvo' le puso precio a toda esta maquinaria: unos 6.000 millones de dólares anuales solo en la etapa de refinación de la coca. Para dimensionar el tamaño del monstruo, Lerer recurre a una comparación demoledora: el Fondo Amazonía —el mayor instrumento financiero global contra la deforestación— tardó años en reunir grandes donaciones de Noruega o Alemania: “Sólo los laboratorios generan en doce meses cinco veces más dinero que todo lo que el Gobierno brasileño logró recaudar. No hay cómo competir. Vamos a perder”, zanja.

Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible

De esta brutal asimetría nace el resto de su radiografía: en la selva, el dinero de la cocaína funciona como un fondo de capital de riesgo para las economías ilegales. Sus ganancias financian la minería ilegal de oro, el acaparamiento de tierras y el armamento pesado que sostiene los conflictos territoriales en Brasil o Colombia. Por eso, Lerer subraya que la política antidroga y la ambiental son dos caras de la misma moneda: “Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible”.

Las cifras confirman un diagnóstico aterrador. Un estudio publicado en junio por la ONG paulista Fórum Brasileiro de Segurança Pública calcula que el valor del polvo blanco decomisado en la región en 2024 equivale a 704 millones de dólares, una cifra superior a la de todo el oro exportado por ese territorio. Las autoridades advierten, sin embargo, que la droga interceptada es solo la punta del iceberg: si la policía bloquea apenas el 10% del flujo real, el narcotráfico se convierte automáticamente en el segundo motor económico de la selva, situado solo por detrás de la soja. Lo que hasta ahora era una hipótesis deja de serlo: los movimientos que los radares no detectan ya están redibujando la geografía política y financiera del gran pulmón del planeta.

Absolver la hoja

Frente al fracaso prohibicionista, Lerer resalta un movimiento de resistencia que busca dignificar el origen de todo: el campo. Quienes siembran la coca en el campo reciben migajas de una industria cuyos beneficios millonarios se concentran en las fases de refinamiento y exportación. Es decir, en los eslabones del mundo criminal. A cambio de ese margen mínimo, el agricultor ha cargado con la peor parte del conflicto en forma de persecución militar, fumigaciones con herbicidas tóxicos y exclusión o estigmatización social.

La activista brasileña denuncia que la discusión pública suele concentrarse en torno al consumo, ignorando las dinámicas de producción “donde ocurren la mayoría de los abusos y ecocidios”. Para ella, cualquier intento serio de reconciliar a las comunidades cocaleras con sus territorios debe empezar por despejar el estigma de la planta y garantizar la protección y derechos de quienes la cultivan. El enfoque del festival bogotano apuesta, precisamente, por ese enfoque a pesar de que el verdadero reto de la política global se libra en despachos más alejados: la ONU en Viena, sede de la Comisión Estupefacientes.

Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio

Los análisis clínicos del organismo determinaron que el consumo tradicional de la hoja de coca en las comunidades andinas no entraña riesgos para la salud ni tiene capacidad adictiva. Aunque esta reciente evaluación técnica de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ofreció un respaldo científico a países reformistas como Colombia o Bolivia, el dogma político se impuso al criterio médico. El organismo dictaminó que la planta debe seguir en el mismo escalafón punitivo que la heroína, argumentando no el peligro del cultivo en sí, sino su capacidad de transformación en cocaína. Con las cartas marcadas de antemano, la maquinaria diplomática del prohibicionismo, liderado por Estados Unidos, levantó un muro burocrático que impidió que la reforma llegara a votación el pasado marzo en la cumbre de Viena.

El desenlace se había fraguado meses antes, durante los debates de la Comisión de Estupefacientes de octubre de 2025. Allí, Washington agitó el fantasma de las concesiones al “narcoterrorismo”, Francia alegó riesgos sanitarios y Perú dio la sorpresa al alinearse con el discurso oficial, alertando de un “incentivo perverso” para las redes ilegales. “Fue la oportunidad perdida más reciente”, crítica Lerer. Para la investigadora, la resistencia a sacar la planta de la lista negra es un error de cálculo geopolítico: la reforma buscaba desmontar la base del edificio criminal sin alterar la prohibición sobre la cocaína procesada. “Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio”.

El espejo de Bolsonaro

El plan de Abelardo de la Espriella de reactivar la aspersión aérea con herbicidas, prohibida por el Constitucional, replica una fórmula conocida por Rebeca Lerer. “Ese modelo migró a la Amazonía brasileña con el Gobierno de Bolsonaro, muy parecido al estilo del futuro presidente colombiano”, compara la activista. El balance de aquellos años en Brasil arrojó los mismos indicadores que hoy generan alerta en Bogotá: criminalización indígena, aumento de homicidios, daños por agrotóxicos y corrupción policial. Una ofensiva militar que, según la experta, fracasó rotundamente en detener la deforestación y el crimen organizado, logrando únicamente que el negocio cambiara de manos.

La promesa del nuevo Gobierno colombiano choca contra un muro pragmático. “Lo que viene después no es desarrollo comunitario ni agricultura familiar, sino ganadería o minería”, señala Lerer. En el mapa de la Amazonía, el bosque devastado por la coca no se regenera: muta de mercancía. Presionados por el mercado, los sembrados huyen hacia los últimos reductos vírgenes, invadiendo parques nacionales y tierras indígenas. La experta recuerda, además, que la aspersión aérea, lejos de ser un remedio, es un negocio: Monsanto facturó decenas de miles de dólares por vuelo en los años dorados del glifosato.

El marco de esta historia lo termina de fijar Washington. La Administración Trump incluyó este año a las dos mayores organizaciones criminales brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho, en su lista de terroristas internacionales. Y los bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Pacífico han elevado la temperatura en toda la región. “Eso nos deja muy vulnerables a intervenciones, a sanciones económicas y a injerencia en elecciones”, advierte Lerer.

A la experta le quedan pocas ilusiones y no se molesta en disimularlo. En seis meses, Brasil irá a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como principales candidatos y el crimen organizado como eje de campaña. Frente al estruendo de los bombardeos, ella opone algo de frialdad. “Hay que tener coraje y dar este debate con evidencias, con datos, con historia”, defiende. Justo después, deja caer un silencio corto. El primero en casi una hora de entrevista: “La situación es muy difícil. Estoy preocupada”.