Las investigaciones de las ONG en China peligran debido a una nueva ley
Denunciar violaciones de derechos humanos en China, desde dentro del país, nunca ha sido fácil. A partir de ahora se tornará casi imposible, advierten las organizaciones sociales. ¿Qué ha cambiado? Una nueva ley, aprobada por el Gobierno chino en abril, regula el funcionamiento de las ONG extranjeras que quieran trabajar en el país asiático. La norma sitúa a los trabajadores sociales y defensores bajo la lupa de la Policía, que supervisará que las entidades no vulneren la “seguridad nacional”. En la práctica, “cualquier grupo de denuncia puede ser un objetivo”, teme la directora de Human Rights Watch en China, Sophie Richardson.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y las organizaciones sociales consultadas coinciden en que complicará aun mas las actividades dentro el país. En opinión de Richardson, arrojar luz sobre cualquiera de las causas que disgusten al Gobierno chino estará en peligro: “Como la corrupción, el acoso sexual, la falta de asistencia médica en algunas regiones”, enumera la responsable de HRW en conversación telefónica con eldiario.es.
En Chinese Human Rights Defenders (CHRD), que opera desde el extranjero, indican que –como ha pasado tradicionalmente con los grupos que denuncian violaciones de derechos humanos y exigen más democracia– la norma afectará también a otros colectivos que trabajaban con menos presiones de las autoridades. “Por ejemplo, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres” –afirma Victor Clemens, coordinador de investigación de la entidad–. “Con el mandato de Xi Jinping el concepto de trabajos sensibles se ha expandido mucho”.
Amnistía Internacional denunció en su último informe anual que “las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la abogacía, el periodismo y el activismo sufrieron cada vez más actos de intimidación y acoso, detenciones arbitrarias y violencia”.
Una “lista negra” de ONG
Según los detalles publicados de la norma, las ONG pasarán a estar controladas por el Ministerio de Seguridad Pública, del que depende la Policía. “Ese es un indicador claro de que el Gobierno ve a estos grupos como amenazas a la seguridad nacional”, critica un comunicado de CHRD.
La “seguridad nacional” –que ya quedó blindada por una ley específica el pasado año– es, de hecho, uno de los frenos establecidos para las ONG extranjeras. Cualquier actividad que vulnere este principio, así como la “unidad nacional” y la “unidad étnica”, podrá ser cancelada por la Policía. Su vulneración permite a las autoridades prohibir operar a las ONG durante cinco años en el país y crear “de facto una 'lista negra' de ONG”, alertan en CHRD.
Una de las quejas de las organizaciones es el propio concepto de “seguridad nacional”. “El año pasado la Ley de Seguridad Nacional lo definió de forma tan amplia y vaga que casi da carta blanca a la Policía”, lamenta a eldiario.es María Baeza, experta sobre el trabajo en China de Amnistía Internacional.
“La ley dice que cualquier actividad que las autoridades opinen que pone en peligro la seguridad del Estado está prohibida. Pero no se dice qué es la seguridad nacional, así que si defiendes la enseñanza de tibetanos en el Tíbet, te pueden decir que estás atentando contra la seguridad del Estado. Si denuncias que se está torturando, también. Y si denuncias que una persona está siendo juzgada sin asistencia letrada, como hacemos en Amnistía Internacional, también”, argumenta Baeza.
Amnistía Internacional no tiene en la actualidad permiso para operar en la China continental: su sede está fijada en Hong Kong, que tiene un régimen administrativo especial. Desde allí recogen los testimonios y las denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros abusos que sufre el país asiático. La impresión de María Baeza es que las autoridades chinas quieren envolver de legalidad lo que llevan haciendo desde hace años: prohibiendo la presencia de ONG críticas sobre su suelo. “Ahora dirán que no es que el Gobierno no te dé el permiso para trabajar en China, sino que la organización no cumple los requisitos”.
“Una medida de control clarísima”
La ley también permite los interrogatorios de la Policía a los responsables de la ONG “en cualquier momento” y registros de sus materiales. María Baeza recuerda que, en muchas ocasiones, los ataques e intimidaciones del Gobierno chino se dirigen contra sus miembros de las ONG. Y esta ley, teme, dará más alas a casos como el del trabajador social sueco Peter Dahlin, cofundador de la ONG China Urgent Action Working Group. Tras ser detenido bajo cargos de subversión apareció ante las cámaras en una confesión aparentemente forzada, una práctica que también se ha incrementado. “He violado las leyes chinas mediante mis actividades aquí… He perjudicado al Gobierno chino. He herido los sentimientos del pueblo chino”, afirmó Dahlin, que fue expulsado del país.
Otro de los puntos más criticados de la ley de ONG es el control minucioso de su financiación y los límites a los fondos extranjeros que apoyan ONG nacionales. Muchas entidades chinas han recurrido al dinero de fuera de sus fronteras para poder llevar a cabo trabajos que no gustan a las autoridades chinas, recuerdan en CHRD, y esta opción queda ahora muy limitada.
“Lo más seguro es que las organizaciones chinas lleven a cabo denuncias con un perfil más bajo y que tengan más cuidado en su comunicación”, augura Victor Clemens. Baeza también cree que su objetivo es la población civil nacional: “La población china se está organizando cada vez mas, está defendiendo derechos que antes no defendía. Es una medida de control clarísima y para intentar evitar cualquier voz discrepante”.
Más allá de las ONG, un grupo de expertos sobre derechos humanos de Naciones Unidas ha criticado la norma y ha pedido al Gobierno chino su derogación. Consideran que no cumple con “los estándares internacionales sobre libertad de asociación y libertad de expresión” y, que debido a su vaguedad e imprecisión, puede ser utilizada como “una herramienta para intimidad, e incluso suprimir, las opiniones y puntos de vista discrepantes en el país”.
La UE, con un tono mucho más suave, ha criticado también la ley, que “probablemente obstaculice el desarrollo de la sociedad civil”. Las ONG insisten en la importancia de que las presiones internacionales continúen y enfaticen su repulsa contra la deriva autoritaria del gobierno chino. “Que la comunidad internacional ponga sobre el tapete las violaciones de derechos humanos, siempre ayuda a los que están dentro. Desgraciadamente se presiona muy poco a China con lo que está haciendo. Europa mira mucho hacia otro lado”, concluye María Baeza (AI).
