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Jueces para la Democracia condena “el giro copernicano” de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente

Dos agentes devuelven a un inmigrante a Marruecos tras el intento de salto del 1 de mayo

Desalambre

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Jueces para la Democracia pide al al Gobierno español que ponga fin a las devoluciones en caliente, pues son “prácticas contrarias a los más elementales derechos humanos y atentatorias con la dignidad de las personas”.

Este jueves, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha anulado la condena a España de 2017 por las devoluciones en la frontera, un fallo que condenan de forma unánime las organizaciones de derechos humanos.

El Tribunal considera que los migrantes se pusieron en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente por la valla de Melilla. En un comunicado, Jueces para la Democracia califica como “giro copernicano” la posición del Tribunal, señalando que la práctica fue sancionada en el ordenamiento español en la llamada Ley Mordaza, con el término eufemístico de “rechazo en la frontera”.

La organización pide al Gobierno que derogue la regulación contenida en la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, y destaca la intervención en este proceso de los Gobiernos francés, belga e italiano, “lo que denota el impacto que esta resolución tendrá en la política migratoria europea”.

“No puede calificarse sino de quimera la posibilidad de acceder por vías

legales a nuestro país por parte de migrantes o solicitantes de asilo desde

Marruecos“, reza el comunicado.  ”Devolver en caliente a un migrante supone entregarlo inmediatamente, según traspasa la frontera, a las autoridades del país por el que haya accedido“. 

Jueces para la Democracia condena que las garantías contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos se vulneren, según declaró la primera Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, con estás prácticas. En ellas no se atiende ni identifica a los migrantes de forma individualizada, ni tienen acceso a un intérprete o agente que proporcionen la información necesaria sobre el derecho de asilo o procedimiento de expulsión. “Nadie puede verse privado de estas garantías por colocarse al margen de la ley”, afirma la organización.

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