Utilizar la COVID-19 para atacar los derechos humanos: Amnistía Internacional denuncia los abusos globales cometidos en pandemia

La desigualdad y discriminación que han marcado durante años las políticas de decenas de gobiernos han quedado reflejadas en la gestión sanitaria de la COVID-19, según Amnistía Internacional. Su informe anual, que desgrana la situación de los derechos humanos en 149 países del mundo durante 2020, concluye que las personas refugiadas y las mujeres han sufrido “las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas”. La “desatención” de los sistemas de salud y un apoyo económico a la población muy “desigual”, sostiene, “preparó el terreno” para la crisis social desatada por la pandemia.

A ello se suma, según la organización, la instrumentalización de la crisis sanitaria por parte de algunos gobiernos para “reanudar sus ataques a los derechos humanos”. La organización ha acusado a decenas de dirigentes de haber sacado provecho de la crisis y de dañar así la respuesta contra la COVID-19.

“Algunos [dirigentes] han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional. “En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”.

Amnistía Internacional pone como ejemplo la aprobación de leyes para penalizar las críticas contra la gestión de la crisis, algo que la organización considera “un patrón dominante”. En Hungría el gobierno del primer ministro Viktor Orbán reformó el Código Penal del país para introducir penas de hasta cinco años de prisión por “difundir información falsa” sobre la COVID-19. En varios Estados del Golfo —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—, las autoridades usaron la pandemia de COVID-19 “como pretexto para seguir reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, con medidas como procesar a personas por difundir 'noticias falsas' debido a comentarios que habían publicado en redes sociales sobre las respuestas del gobierno a la pandemia”, detalla la organización en un comunicado.

Otros gobiernos son señalados por la ONG por “recurrir al uso excesivo de la fuerza”. Los investigadores destacan el caso de Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte anunció en los peores meses de la pandemia que había ordenado a la policía “disparar a matar” contra quienes protestaran o pudieran causar “problemas” durante las medidas de confinamiento. En Nigeria, “la brutalidad de las fuerzas de seguridad mató a personas por protestar en la calle”. En Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID19 con el gobierno del presidente Bolsonaro: la policía mató al menos a 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 al día, detalla el documento.

En España, la organización ha denunciado que hubo un “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” por las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las normas del confinamiento. Amnistía Internacional ha señalado que la falta de criterios claros llevó a una aplicación arbitraria de las normas durante el confinamiento, lo que resultó en multas a periodistas que estaban trabajando y a personas sin hogar o que sufrían otras formas de marginación.

La organización también ha destacado la desatención durante la pandemia del derecho a la protección internacional a las personas migrantes en las Islas Canarias, donde consideran que se cursaron órdenes de expulsión sin respetar todas las garantías y donde fueron encerrados durante más de 72 horas decenas de migrantes en espacios inadecuados como el campamento de Arguineguín.

La pandemia ha amplificado la desigualdad y el desgaste de los servicios públicos

La pandemia ha revelado y agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos, según el análisis de AI. La organización ha señalado que los sistemas de salud y los programas de protección social de los países carecían de medios para responder a la pandemia, después de años de inversión insuficiente y falta de preparación.

“Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha dicho la secretaria general de AI, que ha señalado que “hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.”

Los más perjudicados por la crisis sanitaria han vuelto a ser las minorías étnicas y los pueblos indígenas, que han presentado índices desproporcionadamente elevados de contagio y muerte, según AI debido a la situación preexistente de desigualdad y falta de acceso a atención médica. Asimismo, las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas han visto como los países cerraban fronteras, atrasaban los trámites de asilo o los hacinaban en campos y centros de acogida con condiciones insalubres.

El informe denuncia el destacado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI “tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios”.

Amnistía Internacional también ha criticado que no se ha protegido lo suficiente al personal sanitario y a los trabajadores esenciales. Según denuncias documentadas por la organización, las autoridades estatales “hostigaron o intimidaron” al personal sanitario y de otros sectores esenciales en 42 de los 149 países analizados en el informe. AI ha denunciado que algunas personas sufrieron represalias, como la detención y el despido, por expresar su preocupación por la seguridad o las condiciones laborales.

Sin vacunas, los países pobres se enfrentarán a las peores consecuencias de la pandemia

Aunque al principio de la pandemia los países hablaban de cooperación, pronto pasó a un segundo plano en favor de los intereses nacionales: el análisis de AI muestra que durante la crisis sanitaria más de 90 países establecieron restricciones a la exportación de artículos tales como equipos médicos, EPI, productos farmacéuticos y alimentos.

Y ahora, el desigual reparto de las vacunas está sirviendo como un amplificador de la desigualdad entre los países ricos y pobres. Covax, el mecanismo de reparto equitativo de vacunas, se ha visto debilitado por la no participación de Estados Unidos y Rusia, el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos y la negativa de las empresas a compartir la propiedad intelectual.

“Los países más ricos están ejerciendo un cuasimonopolio del suministro mundial de vacunas”, ha dicho Callamard, que ha aclarado que así los países con menos recursos son los que se enfrentarán a las peores consecuencias para la salud y los derechos humanos y, por tanto, a los trastornos económicos y sociales más duraderos.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Callamard.