ONG y eurodiputados denuncian el abandono de los migrantes que hicieron huelga de hambre en Bruselas

No consiguieron entonces la regularización generalizada que perseguían. Pero sí el compromiso de que las autoridades belgas analizarían sus casos, entre los que se encuentran personas que llevan varias décadas viviendo en el país y trabajando en él, pero sin permisos de residencia; algunas de las cuales tienen hijos nacidos en Bélgica y escolarizados, pero también sin permiso de residencia.

Aquel acuerdo de julio llevó a los 450 migrantes sin papeles que estaban en huelga de hambre (desde el 23 de mayo) y de sed (desde el 16 de julio) repartidos por la iglesia Saint Jean Baptiste Beguinage y las universidades ULB y VUB, a la suspensión de la protesta. “Pero no de la lucha”, decían ellos.

Meses después de aquel acuerdo, una decena de organizaciones sociales y 90 eurodiputados socialistas, verdes y de La Izquierda han escrito al Gobierno belga para que cumpla aquello a lo que se comprometió para que terminara la huelga de hambre y de sed.

“Se trata de responder al gobierno belga ante la falta de cumplimiento sobre sus compromisos, el pasado julio, en cuanto a resolver la situación de las 450 personas migrantes que estuvieron en huelga durante dos meses reclamando papeles y dignidad. Por ello con este nuevo manifiesto reclamamos, al gobierno belga, que cumpla con sus compromisos y que ponga sobre la mesa una política de regularización con criterios claros y concretos, como pide el movimiento de los Sans Papiers en Bélgica”, afirman los promotores del texto, entre cuyos firmantes se encuentran los eurodiputados españoles Miguel Urbán (Anticapitalistas), Idoia Villanueva (Podemos), María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), Sira Rego (IU), Carles Puigdemont (Junts), Toni Comín (Junts), Clara Ponsatí (Junts); Jordi Solé (ERC), Diana Riba (ERC), Pernando Barrena (EH Bildu).

“Las huelgas de hambre en Bélgica por parte del Movimiento de los Sans Papiers han sido la culminación de una movilización que lleva años reclamando poder trabajar y vivir de forma regular. Hablamos de personas que llevan hasta 20 años en el país, tienen una vivienda, una red social. Personas que siguen, sin embargo, condenadas a la clandestinidad”, afirma Miguel Urbán: “Una situación que afecta a muchísimas personas migrantes, que ante la dejación de las instituciones europeas han decidido movilizarse por sus derechos. Vemos casos similares en cuanto a protestas y huelgas de hambre en Calais, en Libia, en Canarias. Son unas movilizaciones que apuntan, una vez más, a ese aparato represor que es la política migratoria europea, que ya no habla de personas sino de 'amenaza hibrida'. Somos muchas y muchos quienes nos seguimos oponiendo a la política que deshumaniza, que despoja de derechos y que condena a la precariedad a miles de personas”.