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Rajoy impulsa en la ONU una resolución contra la trata mientras “desprotege” a las víctimas en España

Fotografía cedida por Presidencia del Gobierno del presidente, Mariano Rajoy (c), junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

Gabriela Sánchez / Icíar Gutiérrez

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este martes una resolución sobre trata de personas en situaciones de conflicto, a iniciativa del Gobierno español. El Ejecutivo ha enfatizado la relevancia de profundizar en esta realidad recordando el aumento del riesgo generado en contextos de conflicto por parte de grupos terroristas. Desde España, ONG especializadas como Women's Link lanzan vasrias preguntas retóricas: “¿Qué pasa con quienes huyen de esos mismos conflictos a este país?, ¿qué ocurre con las víctimas de trata que cruzan nuestras fronteras?”

La resolución aprobada reclama a los gobiernos una serie de acciones para tratar de frenar el tráfico de personas en guerras o en zonas afectadas por el terrorismo y para proteger a las víctimas de estos crímenes, al tiempo que advierte con sanciones de la ONU a los responsables.

“Las consecuencias de los desplazamientos forzados de personas debido a los conflictos no se pueden pasar por alto: los migrantes que se trasladan por necesidad y no por libre elección corren un mayor riesgo de ser objeto de trata a lo largo de su experiencia migratoria”, concluye la declaración.

Women's Link considera que el Ejecutivo español debería tomar nota de la declaración que proclama. “Es fácil impulsar una resolución cuyo contenido queda lejos y no recae tanto en la responsabilidad del Gobierno, por eso es importante recordar todo lo que sí podría hacer por esas víctimas de trata o de esos conflictos”, dice Gema Fernández, abogada de la ONG Women's Link.

El Ejecutivo ha enfatizado que la iniciativa surge de la constatación de que los conflictos aumentan el riesgo de que los grupos armados como DAESH, Boko Haram u otras redes criminales utilicen la trata como arma de guerra y de financiación. Algunas de las potenciales víctimas dejan sus países con dirección a Europa y esto es lo que se encuentran aquellas que acceden a territorio comunitario por España.

Fallos en la identificación de las víctimas de trata

El primer fallo, dicen desde Women's Link, es la identificación de las víctimas. “Teniendo en cuenta los datos sobre los movimientos migratorios, las estimaciones de trata en Europa y el número de identificaciones del Ministerio del Interior se refleja que la cifra de personas que realmente se acoge al periodo de reflexión es ridícula”, apunta Fernández. En la frontera sur “no hay un mecanismo eficaz ni protocolarizado. No se identifica como es debido a personas que puedan huir del terrorismo, como las de Boko Haram, o las víctimas de trata”, añade.

La Red Española contra la Trata de Personas denuncia que no hay un procedimiento integral de identificación para que las víctimas sean protegidas como tal. Una de las causas referenciadas por ONG especializadas es el enfoque desde el que se abordan: la lucha contra un delito vinculado a la migración irregular o el de seguridad, cuyo objetivo es desmantelar redes criminales.

Solo estás protegida si colaboras con la justicia

Es aquí donde aparece el siguiente punto débil de la protección de víctimas de trata en España mencionado por ONG: la protección de aquellas que sí son identificadas y se atreven a denunciar. Según explica Women's Link, solo existe una vía de protección específica para ellas: su colaboración con el sistema judicial.

“Pero si la mujer o niña no se atreve a denunciar, no colabora con la policía, el Estado no le ofrece protección. Se queda fuera del sistema. Para ellas no hay nada a nivel estatal”, afirmó Glenys de Jesús, directora legal de la ONG Women's Link en una entrevista reciente a eldiario.es.

¿Qué pasa con las víctimas de trata españolas?

Otro de los efectos de ligar la protección de las víctimas únicamente a la vía contemplada en la Ley Extranjería es la falta de una normativa específica para quienes son captadas en territorio español. El Informe Trata de Personas (TIP) 2016, publicado anualmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que España es un país receptor y de tránsito, pero también de origen de “hombres, mujeres y niños sometidos a trata con fines de explotación sexual y laboral”. Las redes, según el documento, “también captan a personas del interior de España”.

Los últimos datos facilitados por la sección de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, revelan que, durante 2015, se identificaron 68 potenciales víctimas españolas de trata con fines de explotación sexual y cinco casos de explotación laboral. Las cifras más recientes del Ministerio del Interior señalaron que las 13% de las víctimas de explotación laboral liberadas en 2015 procedían de España.

“Por ello insistimos en que debe pesar un enfoque de derechos humanos en en la lucha contra la trata. Le puede pasar a cualquier persona”, recalcan desde Women's Link. La manera de lograrlo está encima de la mesa desde hace cinco años: aprobar una Ley Integral que reconozca todas las formas de trata y ofrezca una mayor protección para todas las víctimas, con medidas específicas para cada una de ellas.

En las últimas elecciones generales, los principales partidos mostraron su disposición a crear una Ley integral, pero las organizaciones especializadas aún se muestran desconfiadas. En la actualidad existe el Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, aprobado por el Gobierno a finales de 2015, que no es de obligado cumplimiento.

Cerrar los ojos ante víctimas de trata menores

La protección de las víctimas de trata menores de edad acumula también críticas de las organizaciones especializadas. Por un lado, en el caso de las adolescentes víctimas de trata, destacan los fallos surgidos en la identificación de su minoría de edad.

“A los tratantes les interesa que pasen como mayores de edad. A las autoridades también, porque quienes tienen 18 años requieren una menor protección”, apunta González. “Esa es la perversión del sistema: cuando una mujer que cruza la frontera de forma irregular se declara menor, las autoridades lo cuestionan y les hacen las pruebas de la edad. Pero cuando ellas declaran que son mayores -como suelen exigirles los captadores-, no se hacen estas comprobaciones y se las deja continuar su camino”.

Otro fallo se encuentra en los centros de acogida: “No hay centros específicos para menores víctimas de trata: acaban en centros de menores normales, de los que muchas veces acaban desapareciendo -después de ser captadas de nuevo-, o casas para víctimas de trata donde viven con mujeres adultas, sin recibir una atención enfocada en la infancia”, explica.

Women's Link también alerta de la situación de los hijos de algunas mujeres migrantes víctimas de la violencia sexual en el camino, empleada como estrategia de los traficantes. “En estos casos, debe estar el Estado para protegerlo, pero hemos identificado que lo que suele hacerse es desproteger a las madres y les retiran las custodias de sus hijos”, añade la abogada de la ONG.

Denegaciones de refugio a víctimas de trata

Aunque la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reconoce algunos avances en el tratamiento de las solicitudes de protección internacional para víctimas de trata, la ONG considera que continúan los problemas para identificarlas: los plazos breves del procedimiento de asilo, la privación de libertad -en el caso de las peticiones formuladas desde CIE- y el miedo a represalias generado por las amenazas y coacciones por parte de los integrantes de las redes.

A pesar de que en 2014 tres víctimas de trata obtuvieron el reconocimiento como refugiadas, la práctica de las autoridades españolas, señala CEAR, “fue la denegación al considerar que no encajaban dentro de los motivos estipulados” por la Convención de Ginebra.

El “caldo de cultivo” de la crisis de refugiados

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU también afirma que quienes sufren la trata o la violencia sexual a manos de grupos terroristas deben ser clasificadas como “víctimas de terrorismo” a la hora de acceder a apoyo oficial, reconocimiento y reparaciones.

El texto llama a todos los Estados a emprender acciones inmediatas para “prevenir, criminalizar, investigar, perseguir y asegurar rendición de cuentas” de quienes estén involucrados en el tráfico de personas, informa la agencia Efe. También urgen a las agencias de la ONU que operan en zonas de guerra y posguerra que tengan en cuenta los riesgos de trata de personas a la hora de evaluar las necesidades de protección de la población.

Desde Women's Link recuerdan que existen otras situaciones de gran riesgo, como la crisis de refugiados, en las que, si no se responden de forma efectiva, se genera “una emergencia humanitaria, caos, confusión que empujan a la gente, sobre todo a mujeres y niños, a vulneraciones de derechos añadidas”, como la trata. “La crisis de refugio crea situaciones de cuasi conflicto y es producto de las políticas europeas que generan un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento de víctimas de trata”, apunta González.

Según la ONG, la forma en la que están organizados los campos y la escasez de atención personalizada a las potenciales víctimas aumenta el negocio de las redes de trata. “La propia manera en la que se está gestionado la llegada de refugiados favorece extremadamente a la trata y a la violencia sexual”, concluye Gema González.

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