Más fondos y acelerar la agenda de la ONU contra la pobreza: los desafíos de Borrell para resucitar la cooperación
“Ninguna política es neutra y la de cooperación tampoco lo es”. La diputada socialista Carlota Merchán comenzaba con estas palabras el pasado febrero una de sus rotundas intervenciones en la Comisión de Cooperación del Congreso. En la oposición, el PSOE ha sido uno de los partidos más críticos con los enormes recortes presupuestarios que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aplicado a la política de cooperación al desarrollo año tras año.
El nuevo Gobierno socialista, con Josep Borrell a la cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tiene por delante, entre otras tareas, revertir los efectos que han tenido estos recortes en la maltratada cooperación española, a lo que se ha comprometido el partido en varias ocasiones.
En su equipo, Borrell contará con el diplomático Juan Pablo de Laiglesia, a quien el Consejo de Ministras ha nombrado este viernes secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, de la que dependen las políticas de cooperación
También, Sánchez tendrá que afrontar una serie de reformas para adaptar el sistema español a la agenda internacional para erradicar la pobreza en 2030, que se debe comenzar a implementar. Por el momento, el pasado martes anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la creación de un Alto Comisionado para coordinar su aplicación que dependerá directamente que dependerá directamente del presidente del Gobierno.
Caminar hacia el 0,4% de RNB a ayuda al desarrollo
En total, la ayuda destinada a cooperación ha sufrido un tijeretazo de más del 60% desde 2011. Fue entonces, con el Gobierno socialista, cuando comenzó el fuerte descenso del dinero destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tras años en los que se había convertido en una de las políticas estrella del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: en 2009 se había llegado al 0,46% de la Renta Nacional Bruta (RNB), el máximo histórico que España ha aportado.
“El Gobierno socialista va a reconstruir la política pública de cooperación que el PP ha desmantelado”, dijo el partido en su programa para las últimas elecciones generales. En él, se comprometió a aumentar los recursos y plantear “una senda realista” para la recuperación presupuestaria, aprovechando, dicen, “el margen de maniobra político” que dé la legislatura.
El grupo parlamentario socialista fue precisamente el que impulsó a finales del año pasado una Proposición No de Ley, aprobada por todos los grupos políticos, que instaba al Ejecutivo a caminar hacia el 0,4 de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a final de la legislatura.
No obstante, los fondos asignados a cooperación en los últimos Presupuestos Generales del Estado del PP, que Pedro Sánchez se ha comprometido a respetar, están aún lejos de esa meta: solo se destina a AOD el 0,22% de la RNB. El compromiso de aumentar los fondos de cooperación tendrá que plasmarse en los PGE de 2019, que, según el calendario establecido, deberán comenzarse a debatir en octubre para su aprobación antes de finales de año.
Sánchez ya ha anunciado que intentará sacar sus cuentas públicas adelante, para lo que tendrá que buscar los apoyos políticos suficientes. La Coordinadora de ONGD, que agrupa a más de 400 organizaciones, estima que el nuevo Gobierno debería destinar el 0,35% de la RNB en las cuentas públicas para 2019 con el fin de lograr el objetivo del 0,4% a final de legislatura, tal y como el PSOE demandaba junto al resto de partidos políticos en la oposición. Además, los socialistas han pedido en varias ocasiones distribuir el 10% de la ayuda a acción humanitaria, una de las políticas más recortadas con la crisis.
Desde las ONG consideran que un incremento de la partida, aunque no alcance el 0,35, sería un gesto hacia el debilitado sector. “Al nuevo Gobierno le vamos a seguir pidiendo lo mismo, hay que volver a dotar de recursos a la cooperación. Tenemos que ver cómo encajarlo cuando no se tienen las mayorías necesarias”, adelanta Andrés Amayuelas, presidente de la Coordinadora.
Avanzar en la agenda de la ONU para 2030
En 2015, los líderes mundiales pactaron la agenda de Naciones Unidas que recoge 17 objetivos medioambientales, sociales y económicos (ODS). Casi tres años después, España aún no ha puesto en marcha una Estrategia de Desarrollo Sostenible que defina las medidas a tomar, la apuesta presupuestaria o la estructura institucional para alcanzar los ODS. En su programa electoral, la formación política destacó que España debe “adoptar las reformas y medidas institucionales necesarias” para aplicar la agenda.
La sociedad civil ha pedido al nuevo presidente que siente las bases para su elaboración en la presente legislatura. Para ello, habían reclamado que el Grupo de Alto Nivel, encargado de coordinarla, dependiera directamente de la presidencia o la vicepresidencia del Gobierno y que se abran más espacios de consulta con los actores implicados.
El pasado martes, el Ejecutivo hizo pública la creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030, que coordinará el cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas para erradicar la pobreza y favorecer el desarrollo sostenible y dependerá directamente de Sánchez. El alto comisionado, dicen, realizará el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado para cumplir los ODS e impulsará la elaboración de los planes y estrategias necesarios para su cumplimiento por España.
Uno de los retos más inmediatos de Sánchez en este campo será acudir al examen voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU este próximo julio para explicar los avances de España en la aplicación de la agenda. “Desde el Gobierno nos han indicado que mantienen su compromiso de comparecer, ahora están viendo de qué manera elaboran un informe que responda más a su visión que a la del Gobierno anterior”, indica Amayuelas.
Las reformas del Fonprode y la AECID
Hasta la moción de censura, la Agencia española de cooperación (AECID) estaba trabajando en una nueva reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), un instrumento financiero de la cooperación, muy criticado por las ONG, basado en la concesión de créditos con unas condiciones que, en la práctica, no interesan a los países a los que se dirigen.
La capacidad de acción del PSOE en una posible reforma del Fonprode está en el aire. La diputada Carlota Merchán ha defendido en distintas ocasiones la modificación del mecanismo “siempre que se recupere el liderazgo del Ministerio de Exteriores y la primacía del desarrollo y la lucha contra la pobreza como prioridades”. En su programa, el PSOE se limitó a mencionar que pretendía “plantear una estrategia” sobre la cooperación reembolsable. “[Los recursos] están disociados de las prioridades de la cooperación. Entendemos que eso debe ser subsanado, corregido y recuperarlo como un instrumento importante”, ha señalado Merchán.
Por otro lado, el Gobierno de Rajoy deja pendiente la reforma de la AECID, encargada de gestionar los proyectos de cooperación, para adaptar su naturaleza jurídica antes octubre de 2019, fecha límite que marca la ley. El Plan Director aprobado en marzo por el Ejecutivo saliente indica que la AECID volverá a su antiguo estatuto de organismo autónomo. Las ONG han pedido que esta reforma fortalezca la agencia, debilitada en recursos en los últimos años. Asimismo, representantes socialistas se han comprometido a trabajar para mejorar la situación de los trabajadores de la AECID en el exterior que han protestado por sus condiciones laborales.
Aprobar una nueva ley de cooperación
De la aritmética parlamentaria también dependerá que el Gobierno de Sánchez pueda sacar adelante una nueva ley de cooperación que sustituya a la actual, que data de 1998. Las ONG reclamaron esta reforma para que la cooperación “sea asumida como política pública al margen de los vaivenes políticos” y se adaptara a la Agenda 2030 de la ONU.
En su programa, el PSOE mencionó su intención de aprobar una ley “adecuada” a la agenda de Naciones Unidas que incorporara, dicen, “cuestiones como la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad ambiental” así como la participación de los representantes del sector. “Actualizar la ley es lo deseable, otra cosa son los equilibrios parlamentarios, con el Senado controlado por otro partido”, comenta Amayuelas.
