Por cada euro en ayuda al desarrollo España destina 11,5 a gasto militar
En el año 2008 el gasto militar en España por habitante y año era de 422 euros frente a 103 euros en ayuda al desarrollo. Cuatro años despues esa proporción se ha triplicado. Mientras se dedican 368 euros en gasto militar, solo se destinan 32 euros la ayuda al desarrollo.
Es decir, en 2008 por cada euro a la ayuda a los países más pobres se dedicaban cuatro al gasto militar. Cuatro años después, por cada euro en ayuda al desarrollo se destinan 11,5 euros al gasto militar. Son datos expuestos en el informe “Voladura controlada de la cooperación española”, realizado por Carlos Gómez Gil, profesor universitario de cooperación al desarrollo en la Universidad de Alicante.
En dicho informe se exponen otros datos que muestran cómo “la ayuda al desarrollo se ha convertido en víctima de unos recortes presupuestarios que toman fuerza en mucha mayor medida que otras partidas”, en palabras de Gómez Gil.
La cooperación destinada a fondos financieros opacos
Desde 2008 una parte importante de los recursos de la cooperación española se ha canalizado primero a través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y después, a partir de 2011, a través del Fonprode (Fondo de Promoción del desarrollo). El informe denuncia que en 2011 el 58% de la cooperación española se dedicó a este fondo económico y comercial.
Iolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda de la Globalización, indica que a través del Fonprode se dedica parte de la ayuda al desarrollo “a invertir o a comprar acciones de fondos de inversión que invierten en países del sur. Esto tiene muchos peligros, entre ellos la falta de control; además estos fondos buscan por encima de todo una rentabilidad en la inversión”.
Algunos de estos fondos financieros opacos tienen su residencia en paraísos fiscales y operan en forma de SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), sociedades con grandes ventajas fiscales, que en España tributan al 1%.
En 2012 la Coordinadora de ONG para el Desarrollo denunció en un informe que en los presupuestos destinados a Cooperación al Desarrollo “se incluyen partidas cuyo impacto en la lucha contra la pobreza es cuestionable, como el caso del Fonprode, que no es otra cosa que préstamos, créditos y líneas de financiación que los países que lo reciben deben devolver”.
Algunos fondos de inversión a los que se ha destinado la ayuda al desarrollo y que tienen su sede en paraísos fiscales son el African Agriculture Fund (en 2010 recibió 30 millones de euros) o el Fondo ISSIF para Infraestructuras en el África Subsahariana (15 millones) que se encuentran en las islas Mauricio. El African Agriculture Fund tiene como finalidad “apoyar empresas del sector privado que apliquen estrategias para asegurar y diversificar la producción y distribución de alimentos en África”.
El Fundo de Investimento Privado-ANGOLA SCA SICAV-SIF (que recibió 6 millones) tiene su sede en Luxemburgo y está constituido como SICAV. Los seis millones destinados en forma de ayuda al desarrollo son para que el Fundo lleve a cabo “operaciones de capital (u otros instrumentos de financiación a largo plazo) en empresas pequeñas y medianas de la economía angoleña en general, a excepción de las del sector del gas y petróleo”. El Gobierno español también aportó 15 millones al Fondo Africano de Garantías, también con sede en Mauricio.
Como ha indicado Nicholas Hildyard, de Corner House, experto en el análisis de los fondos de inversión, “el uso de estos mecanismos se está incrementando, dando a pensar que las finanzas para el desarrollo se están convirtiendo en otra sección de los mercados financieros”.
De hecho diversas ONGs denuncian que los intereses de estos fondos se sitúan a precio de mercado.
En opinión de Iolanda Fresnillo, “el Fonprode es un paso más hacia la privatización de la cooperación internacional, que no responde a la necesidad de hacer frente al problema de la generación de ayudas legítimas, y que aleja la cooperación pública española del paradigma de cooperación transformadora”.
La evolución de la calidad
Tras la Cumbre de Desarrollo Social de Copenahgue de 1995, los países donantes asumieron destinar al menos un 20% de la ayuda al desarrollo bilateral a financiar gastos de prioridad social básica para la población en los países en desarrollo, con el objetivo de cuidar la calidad y la precisión de una ayuda a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas.
En España esa ayuda, denominada Compromiso 20/20, se situó en el 24,6% en 2008 y en el 28% en 2009, pero cayó hasta el 15% en 2010 y se desplomó hasta el 10,2% en 2011. De este modo se está incumpliendo un acuerdo solemne firmado por España en el seno de Naciones Unidas en 1996.
Defensa e Interior, gestores en aumento de la cooperación
Los ministerios de Defensa e Interior tienen cada vez más peso en los asuntos relativos al apartado de cooperación. Desde 2008 Defensa ha visto doblar sus recursos en la ayuda al desarrollo, al igual que Interior, que ha multiplicado por tres sus recursos desde 2008 a 2011.
Todo ello afecta al volumen de recursos gestionados directamente por la agencia especializada en hacer cooperación al desarrollo por mandato del Gobierno, la AECID, que sigue perdiendo peso. El ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, responsable por ley de la dirección de la política de cooperación, gestionará este año solo el 40% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, según advierte la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
La financiarización de la cooperación, unida a los recortes, está generando cada vez más preocupación y denuncias en el sector.
“Desmantelar la cooperación al desarrollo en España significa apoyar la construcción de un mundo arrojado a las fuerzas del mercado y los intereses privados, frente a la colaboración, la solidaridad y la responsabilidad global entre sociedades como valores apoyados por el conjunto de la sociedad”, remata el profesor Gómez Gil en su informe.
