Muy interesante esto que ha contado Aldo Mas en este diario este fin de semana. Un reportaje sobre wenigermiete.de, una empresa berlinesa de servicios jurídicos y tecnología que está logrando bajar los precios de las viviendas a algunos inquilinos cuyos caseros se los han subido de más. En Alemania, como en casi todo el mundo, las ciudades están sufriendo un vertiginoso aumento de la renta de las casas y sus consecuencias. La empresa, fundada por un abogado y con quince empleados, informa al inquilino de cuál debería ser el precio de su piso e intermedia con el casero para lograr que así sea o que, al menos, se acerque a ese ideal. Con éxito en el 70% de los casos, según el dato que ofrece su fundador.
Muy interesante el artículo de Mas por contar lo de la empresa y por contar muchas otras cosas, tanto explícita como implícitamente. Recuerda el texto que sí, que en Alemania también hay burbuja del alquiler y que los precios se están inflando. Una media del 7,25% en 2017 (9,25% en las grandes ciudades). Y eso que, como también explica el reportaje, allí tienen una ley llamada Mietpreisbremse en vigor desde 2015, una norma que trata de poner límite a los precios. Una ley de aplicación complicada por las características del estado alemán pero que está implantada en Berlín, aunque no se cumple (en el 70% de los casos, según el texto) porque no hay ni vigilancia ni sanciones para que así sea. Por eso la razón de ser de la herramienta.
Detrás de la historia de la start-up se esconden un montón de temas clave que nos atañen también en España. El primero, lo he dicho una vez en cada párrafo, es que estamos otra vez en una ola global de exaltación del negocio inmobiliario, con enormes beneficios para las grandes empresas y fondos que manejan las fichas del Monopoly y todas las perdidas para los demás, que damos otro gran paso hacia el empobrecimiento. Ya lo escribí aquí hace unas semanas, vivir se está convirtiendo en un privilegio cuando se suponía que era un derecho y ante eso, ¿qué podemos esperar de nuestro gobierno?
Pues, como de costumbre, lo peor. Según ha dicho el ministro Íñigo de la Sena, el Consejo de Ministros del viernes quiere aprobar el Plan de Vivienda 2018-2021, diseñado especialmente para garantizar un “crecimiento muy importante del sector”. La cosa es como para ponerse a gritar hasta dejarse la voz. Estamos otra vez ante una burbuja de libro sólo que ahora, como de momento la sufrimos los que alquilamos y en España la mayoría sigue siendo propietaria, ni siquiera somos todos conscientes. También, al no estar los bancos enfangados, la cosa puede seguir su curso sin que el orden se tambalee.
El sábado hubo en Madrid una gran manifestación organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para empujar su proposición de ley relativa a la vivienda. Su propuesta, apoyada ya por Unidos Podemos, Compromís, ERC y EH Bildu (el PSOE dice que lo hará pero aún no ha firmado el documento), quiere cosas tan de cajón como fomentar un parque de vivienda pública que aquí es prácticamente inexistente, poner límites a la propiedad de los grandes capitales, actuar contra los desahucios, ayudar en materia de suministros a quienes menos tienen y, sí, controlar el precio de los alquileres. En eso está también el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que en poco tiempo está convirtiendo a los arrendatarios en un sujeto político activo y peleando por cambiar la ley arrendamientos urbanos, que arroja a los alquilados al espacio exterior.
La Alemania de Angela Merkel no es un país ajeno al libre mercado y sin embargo hay una ley que quiere frenar la subida de precios del alquiler de vivienda. También hay intentos en otros lugares poco sospechosos de comunistas, como París (donde la cosa se ha suspendido por una reclamación judicial) y Viena (donde sí parece que está funcionando). No es que se pueda regular, es que es absolutamente necesario hacerlo o nos meteremos demasiado en el fondo de una emergencia habitacional en la que ya estamos entrando. Pero no basta con regular.
Otra cosa importante que nos enseña el reportaje de Aldo Mas sobre esa empresa alemana es que hacer normas está muy bien pero éstas sólo sirven si hay vigilancia para que se cumplan y sanciones cuando se pasa por encima de ellas. Voy a uno de los motivos de la crisis de alojamiento que vivimos, lo de los apartamentos turísticos. Las experiencias en ciudades de todo el mundo nos han enseñado que hay regulaciones buenas, malas y regulares pero que ninguna es efectiva hasta que no se dan los pasos siguientes. Las normas tan elogiadas de San Francisco, Ámsterdam o Barcelona no fueron realmente útiles hasta que no vinieron acompañadas por la creación o adquisición de herramientas digitales de vigilancia y multas cuantiosas tanto a propietarios como a plataformas que se saltaban la ley. Por costumbre y por narices, bastantes empresas de la economía digital y colaborativa tienden a silbar cuando pasan delante de una regulación. Por desgracia, las administraciones tardan en darse cuenta de que les están toreando.
Hablemos por ejemplo de Madrid. Se está comentando mucho la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) propuesta por la Comunidad y se dice, con razón, que es un horror. También se analiza la que ha aprobado el Ayuntamiento y lo que se dice es que es confusa y que a ver qué pasa. Lo que ninguna de estas dos administraciones está explicando es qué recursos va a poner para la vigilancia y sanción de su normas (en realidad, el marrón cae sobre todo del lado de la ciudad). De hecho, y aunque la normativa de VUT existente ahora mismo es muy deficiente, sólo con vigilar y sancionar los preceptos actuales tendríamos un problema mucho menor.
¿Tendrán las empresas privadas que dedicarse a estas labores para la protección de lo público? De hecho, ya lo hacen. Hay ayuntamientos que han desarrollado su propio sistema de seguimiento (scraping, que se dice), como Ámsterdam, y los hay que trabajan con el de una empresa externa, como Barcelona. En ambos casos, la cosa está empezando a funcionar sólo después de los multazos a los incumplidores. De eso sólo se puede ocupar la administración. Pero para ello tiene que tener recursos, competencias y el apoyo del Estado, tanto en lo legislativo como en todo lo demás.
Con un gobierno atontado o, peor aún, pendiente de intereses alejados de lo común, con media sociedad adormecida, con ayuntamientos sin recursos, lo estamos haciendo muy bien para acabar fatal. Las soluciones, sin embargo, están ahí, en el trabajo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, en la propuesta de la PAH, en las experiencias de otras ciudades. Entonces, ¿qué plan?
