Comité urge a Panamá a aplicar las leyes y reducir la percepción de “opacidad”

El comité creado en Panamá tras el escándalo de los “papeles de Panamá” urgió al Gobierno a aplicar las leyes anticorrupción ya aprobadas conforme a los estándares internacionales, para reducir así “los altos niveles de opacidad con que se percibe” al país, según un informe divulgado hoy.

“La sola intención no es garantía de cumplimiento si no se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos e institucionales para implementar lo que se recomienda y acepta”, alertó el grupo de especialistas independientes en sus recomendaciones.

Consideró que hay una “grave necesidad de reducir los altos niveles de opacidad con que se percibe a Panamá” en el exterior ya que, a largo plazo, y conforme las regulaciones se endurezcan en las naciones más desarrolladas y emergentes, se le hará al país más difícil “mantenerse competitivo como destino de inversiones deseables”.

Además, recomendaron abordar el asunto como “un tema de Estado y no como una salida al paso, como se ha estado haciendo en los últimos 15 años”.

El comité fue nombrado en abril pasado por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y lo componen el costarricense Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios INCAE Business School, y el expresidente panameño Nicolás Ardito Barletta, director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

También forman parte de él el exministro de Economía y Finanzas Domingo Latorraca, socio-director de la consultora Deloitte en Panamá; el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta, presidente de ABCO Global Inc. y la exviceministra de Finanzas Gisela Álvarez de Porras.

Con dudas sobre la “transparencia” del propio comité, se retiraron de él en agosto pasado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (Estados Unidos) y el suizo Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea.

“Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito a fin de satisfacer la demanda de terceros países, ya que al ser suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNDOC) ya tiene la obligación de intercambiar información por razones de evasión fiscal cuando la misma está tipificada como delito o lavado de dinero en el país requirente”, recordó el comité.

Reiteró que “el país no puede seguir aplazando la toma de decisiones en este campo. La decisión debe ser actuar ya, de manera firme, y con mirada al futuro, para que Panamá mantenga su posición de liderazgo económico libre de calificaciones sobre su competitividad en todo sentido”.