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El Gobierno ultima un decreto con créditos y aplazamientos del alquiler para inquilinos vulnerables por el coronavirus

El borrador que se maneja en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Vivienda contempla el posterior pago prorrateado de estas cantidades en el plazo que se acuerde entre las partes, con un mínimo de doce meses

El Gobierno prohíbe los despidos objetivos motivados por el coronavirus y avisa de que controlará cada ERTE para evitar fraude

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José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, durante una comparecencia

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, durante una comparecencia Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Vivienda maneja ya un borrador con propuestas para paliar las situaciones de vulnerabilidad de inquilinos en alquiler afectados por el impacto económico del coronavirus, según han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales. 

Las medidas, que serán debatidas en un próximo Consejo de Ministros, incluyen proponer el aplazamiento de la renta a las personas en situación de vulnerabilidad mensualmente, y mientras se puedan considerar en esa situación, hasta un máximo de cuatro meses. Luego, se prorratearía el pago de las cantidades dejadas de pagar en el plazo que se acuerde entre las partes, que deberá tener una duración mínima de doce meses.

Además, se contempla una línea de crédito para estos inquilinos con aval estatal del 100% a un plazo más largo que esos doce meses. Posteriormente se habilitarían ayudas públicas a los inquilinos que se mantengan en esta situación. 

Las medidas afectarán por un lado a los arrendadores empresas públicas, empresas privadas y grandes tenedores –por el momento, sin especificar a partir de cuántas viviendas se consideraría como tal, pero las fuentes consultadas apuntan a ocho o diez–. También afectarían a los pequeños propietarios, aunque la idea es que en ningún caso éstos pierdan ingresos. Probablemente en uno y otro caso habrá un diferente tratamiento. La ministra de Economía, Nadia Calviño, enfrió inicialmente la posibilidad de aplicar medidas en el caso de los alquileres, aunque sí se habían aprobado en el caso de las hipotecas. La justificación era que "en el otro lado no hay un banco, hay un ciudadano" en la mayoría de los casos.

Estas propuestas han sido trasladadas por parte del Ministerio a la Asociación de Gestores Públicas de Vivienda y Suelo (AVS), que a su vez las ha enviado a distintos ayuntamientos. 

Si los supuestos de vulnerabilidad coinciden con los aplicados en el caso de la moratoria de créditos hipotecarios, los potenciales beneficiarios serían, entre otros,  personas que queden en paro o que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o ventas en caso de ser empresarios (al menos un 40%). El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podría superar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el IPREM (1.613 euros) aunque hay circunstancias, como tener hijos a cargo, la edad o grado de discapacidad, que aumentan el límite.

La propuesta de la Vicepresidencia Social y Económica

El debate sobre estas medidas está todavía abierto en el seno del Gobierno. La Vicepresidencia Social y Económica que dirige Pablo Iglesias propone por su parte suspender (no aplazar) el pago de las rentas a quienes se hayan visto afectados por la crisis económica derivada de la expansión del coronavirus, lo que incluye locales y oficinas de autónomos y pymes.

La Vicepresidencia de Iglesias admite que, a diferencia de las ayudas para las hipotecas suscritas con las entidades financieras, en los alquileres casi siempre hay detrás otros ciudadanos. Por eso, responden desde Unidas Podemos, se plantea que sea el Estado el que cubra los alquileres al 100% para quienes tienen uno o dos pisos en arrendamiento.

El principal escollo está en la figura general que ordenará la medida: el aplazamiento de los pagos o la exención de los mismos. José Luis Ábalos es partidario de adaptar el plan estatal de ayudas al alquiler que gestionan actualmente las CCAA para las familias con rentas bajas y de implementar aplazamientos en los pagos con garantía del Estado, pero no de suspensiones generalizadas que puedan afectar a particulares, que serían de "muy dudoso encaje jurídico", aseguran desde su Ministerio.

La propuesta que defiende Pablo Iglesias contempla una suspensión del pago del alquiler de dos meses, prorrogable hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Además, los contratos que finalicen durante la vigencia del confinamiento serán prorrogados automáticamente 3 meses.

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