Antonio González: “Es un fallo esperar a los Presupuestos o los fondos europeos. Hay que poner ya en marcha medidas para impulsar la economía”

No hay que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ni a la llegada del maná de millones de las ayudad europeas. Economistas frente a la crisis, un grupo de economistas y otros profesionales que quieren tener una voz propia en el debate social sobre la crisis, ha lanzado una declaración bajo el título Reactivación: no podemos esperar a Europa en la que insta al Gobierno a inyectar hasta un 3% del PIB en la economía y abordar “sin demora medidas de impulso a la demanda que actúen de forma inmediata”. El vicepresidente de Economistas frente a la crisis, Antonio González, explica en esta entrevista que “aunque la gestión de los Presupuestos y el fondo europeo se haga de manera muy eficaz van a pasar unos meses en los que la economía va a estar en una posición muy delicada. ¿Qué va a pasar entre este trimestre y el tercer trimestre de 2021, cuando lleguen las inversiones?”.

Para Antonio González es evidente que “ahora hay que tomar el relevo desde la política económica nacional”, tras un periodo en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abordó la pandemia con “medidas compensatorias, ahora hay que diseñar políticas de estímulos para impulsar la reactivación del crecimiento económico”. ¿De qué políticas estamos hablando? Este economista asegura que “el único componente de la demanda que tiene capacidad para tirar en un plazo de tiempo muy corto, de una manera casi instantánea, es el consumo privado”, por lo que plantea medidas para subir las rentas de las familias con bajos ingresos mediante prestaciones sociales ya que pasan inmediatamente a convertirse en consumo.

A lo que se oponen completamente los miembros de Economistas frente a la crisis es que se recuperen recetas fallidas como el recorte de gasto. González recuerda que en la anterior crisis “ya está completamente demostrado que la austeridad causó unos daños económicos y sociales inmensos”.

¿Por qué han lanzado un manifiesto con el título Reactivación: no podemos esperar a Europa?

En estos momentos estamos especialmente preocupados porque vivimos una situación económica compleja donde hay que tomar medidas a corto plazo porque la supervivencia de empresas y la situación de los trabajadores cambian de mes a mes o cada trimestre. Durante la primera fase de la lucha contra la pandemia prácticamente no se podía hacer otra política económica que no fuera más allá de intentar salvar empresas y empleos además de poner en marcha políticas compensatorias de las rentas para aliviar la caída de ingresos por el frenazo de la actividad. Pero una vez que acaba el confinamiento, pensamos que hay un fallo fundamental en esperar que los Presupuestos Generales del Estado empiecen a funcionar y que lleguen los fondos europeos, pensando que así ya tendremos la reactivación de la recuperación.

La economía española va a caer entre el 11% y el 13% en 2020, incluso si hay una recuperación en el tercer y el cuarto trimestre. La realidad es que en esta coyuntura no hay elementos que tiren de la economía. En esa situación de depresión económica, hay que poner ya en marcha medidas para impulsar la economía. Las inversiones tienen su ritmo y un período de maduración. Por mucho que se corra no es tan fácil meter miles de millones, aunque los proyectos vayan rápido y se tengan muy preparados. Aunque la gestión de los Presupuestos y el fondo europeo se haga de manera muy eficaz van a pasar unos meses en los que la economía va a estar en una posición muy delicada. ¿Qué va a pasar entre este trimestre y el tercer trimestre de 2021, cuando lleguen las inversiones? Ahora hay que tomar el relevo desde la política económica nacional.

Ustedes apuntan que las medidas compensatorias no han sido, en sentido estricto, medidas de estímulo de la economía. ¿Creen que ha faltado alguna medida adicional al Gobierno en los pasados meses?

Era una situación bastante complicada y se han tomado medidas inéditas. Durante el estado de alarma se alcanzó un alto porcentaje de trabajadores en ERTE y se realizó un esfuerzo considerable de gasto público en medidas que compensaban las pérdidas de rentas salariales por el confinamiento. Y a las empresas se les compensaba para que no tuvieran que pagar salarios y cotizaciones sociales. Pero esas medidas, por su naturaleza, se retiran al terminar los ERTES. En junio la nómina de prestaciones por desempleo era de 5.500 millones de euros, ahora es la mitad. En mayo, el gasto en medidas extraordinarias de la Seguridad Social fue de 2.800 millones, ahora es un 30% de esa cifra.

Además, como país tenemos una debilidad: somos muy dependientes de la entrada de turistas extranjeros. Una economía no puede depender de la llegada de 80 millones de turistas extranjeros, porque se da una coyuntura como la actual y vienen diez veces menos. El turismo nacional, con todas las limitaciones y las incertidumbres, no ha sido una compensación suficiente. Así se han acumulado unas pérdidas que explican el diferencial de caída del PIB en el segundo trimestre respecto a los demás países: Francia ha registrado una caída del 13,8%, Italia, del 12,8%, y España se desploma al 18,5%. Es muy difícil de compensar esta caída por las características sectoriales de nuestro país. Ahora, terminadas las medidas compensatorias, hay que diseñar políticas de estímulos para impulsar la reactivación del crecimiento económico.

Ustedes apuntan a que es imprescindible la adopción sin demora de medidas que inyecten estímulos a la actividad económica. ¿A qué tipos de medidas se refieren?

Desde un punto de vista cuantitativo lo ideal es que se empiecen ya a tomar medidas para recuperar lo antes posible el nivel del PIB del cuarto trimestre de 2019. Para eso hay que hacer un esfuerzo que nosotros hemos calculado en unos niveles de gasto del 3% del PIB. Esto no significa que se vayan a recuperar las pérdidas, para lo que se tardarán años, pero sí se puede recuperar el nivel de producción de antes de la crisis. Habría que poner en marcha políticas que actúen lo más rápidamente posible sobre los niveles de demanda agregada. Ahora mismo el gran problema es la falta de demanda. Se está produciendo una pérdida monumental de rentas este año, que según las diferentes previsiones oscilaría entre los 140.000 y los 160.000 millones de euros en 2020.

El único componente de la demanda que tiene capacidad para tirar en un plazo de tiempo muy corto, de una manera casi instantánea, es el consumo privado. Para que pueda haber más consumo es necesario que suban las rentas de las familias de más bajos ingresos, algo de eso se puede hacer mediante prestaciones sociales. Por ejemplo, si a los 1,6 millones de desempleados que en este momento no tienen prestación alguna les diéramos un subsidio durante nueve meses estaríamos inyectando 6.000 millones de euros a las familias de menor nivel de renta y con una altísima propensión al consumo. Esta es una política que instantáneamente se convierte en actividad económica ya que ese dinero que se va a gastar. Otra medida sería compensar temporalmente las rentas de los negocios que no pueden abrir, el Gobierno tendría que decidir qué nivel de pérdidas se debería subvencionar. No estamos diciendo que haya que financiar a todos los negocios, solo a aquellos que en 2019 eran viables y que en esta situación excepcional han visto paralizada su actividad.

¿Por qué cree que se vuelven a plantear políticas de reducción del déficit y deuda desde diferentes ámbitos, que ustedes califican como un gravísimo error, si ya se ha demostrado que fueron perniciosas para los ciudadanos en la anterior crisis.

Ahora hacen falta políticas para inyectar dinero e impulsar la actividad económica. Eso se traduce en mayor gasto y en un incremento de la deuda. Pero también se incrementa la deuda si hay una caída de la actividad económica porque hay más morosidad y menor recaudación impositiva. En seguida aparecen los partidarios del austericidio a alertar sobre los aumentos del déficit y la deuda pública y a vaticinar su insostenibilidad futura. La realidad es que instituciones internacionales como el FMI o la OCDE ya han dicho que no es el momento de reducir el gasto, incluso le han pedido a los gobiernos que no retiren los estímulos creados durante la crisis antes de que se consolide la reactivación económica. Ya está completamente demostrado que la austeridad causó unos daños económicos y sociales inmensos. Olivier Blanchard, que fue economista jefe del FMI, ya demostró que los multiplicadores del gasto no eran negativos como decían algunos economistas de la Comisión Europea para justificar la “austeridad expansiva” en la pasada crisis. Solo hay multiplicadores positivos: si se aumenta el gasto, por cada euro invertido la actividad económica que se genera es mayor de un euro, es decir, con un impulso de la demanda del 3%, el PIB crecería más, se obtendría un crecimiento económico mayor que los niveles de gasto realizados.

Una cosa es que preparemos un plan de consolidación para cuando la recuperación sea sólida y otra muy diferente es que no tomemos las medidas de estímulo que nos llevarán a esa recuperación.

La propuesta del Gobierno de adelantar 27.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 les parece una buena medida.

Los presupuestos, en el mejor de los casos y si todo va bien en la tramitación parlamentaria, se van a aprobar en febrero. Luego se tienen que poner a trabajar las unidades de gasto, lo que significa por lo menos dos meses de trabajo hasta poner en marcha las medidas, de manera que nos vamos fácilmente hasta junio para que empiece a producirse el gasto real. Todo esto lleva tiempo y la cuestión es que no tenemos tiempo.

Las medidas que se adoptaron durante los meses anteriores, insisto, se han ido retirando, pero no han sido sustituidas por otras, ahora que lo que necesitamos son estímulos económicos. Y no podemos esperar tres o cuatro trimestres hasta que comiencen a operar las nuevas a través de los presupuestos. Ese tiempo puede agudizar la situación económica hasta convertirla en una depresión de la que será mucho más difícil salir. Es ahora cuando necesitamos tomar las medidas.

También señalan que se deben abordar medidas que aumenten la recaudación impositiva para contener el déficit publico en magnitudes gestionables, sin embargo el Gobierno está anunciando que deja los cambios de política fiscal para más adelante.

Desde el punto de vista macroeconómico, ahora no es el momento de subir los impuestos. Cuando alcancemos niveles suficientes de reactivación y crecimiento y llegue la inversión de los fondos europeos, es decir, en 2022, sí que hay que pensar en las medidas para la reducción del déficit público . Con el incremento del PIB habrá más recaudación pero además los ratios con los que se miden déficit y deuda empezarán a bajar. Será necesario entonces comenzar con la consolidación fiscal, ahora bien, lo que no podemos pretender es hacer esa consolidación fiscal con seis puntos menos del PIB de ingresos públicos que la media de la zona euro. Para poder reducir rápidamente el déficit público y los niveles de deuda necesitamos cerrar esa brecha fiscal con la zona euro, lo que significa tomar medidas impositivas que tienen que haber sido aprobadas a lo largo de 2021 para que su funcionamiento operativo sea en el ejercicio siguiente. Una vez aprobados los Presupuestos del año que viene, el Gobierno tendrá que empezar a trabajar en la revisión de la estructura fiscal.

Voces autorizadas como Thomas Piketty señalan que “es recurriendo a gravámenes excepcionales sobre los más favorecidos como se extinguieron las grandes deudas públicas de la posguerra y se reconstruyó el pacto social y productivo de los decenios siguientes”. ¿Se deberían aprobar ya un impuesto sobre las grandes fortunas?

Es un principio con el que estamos de acuerdo. Es verdad que las rentas más altas y los grandes patrimonios son los que tienen los medios económicos en mayor medida en estado de parálisis, mientras que los ciudadanos de rentas medias y bajas, a pesar de la incertidumbre y de que ha crecido mucho el ahorro, dirigen sus rentas de manera muy directa al consumo. Hay que movilizar esos recursos y tiene que haber un principio de progresividad y solidaridad en función de los niveles de renta. Tiene que estar entre las primeras medidas del paquete fiscal que vaya a adoptar el Gobierno.

Ustedes aseguran que se puede producir una desestabilización económica y también política, ¿se retroalimentan?

Hay un proceso de desestabilización que viene derivado de la propia política. Ahí está la falta de responsabilidad en el comportamiento de la oposición que no lucha junto con el Gobierno contra la pandemia, como ha sucedido en tantos otros países. Esa falta de solidaridad de la derecha responde a las dinámicas propias de la política que han decidido. Nosotros llamamos la atención sobre que si no se toman de inmediato medidas económicas para paliar la crisis, el deterioro de la situación económica puede ser un factor de desestabilización política muy importante.