Claves de una reforma de la estiba que el Gobierno no podría aprobar en solitario
La reforma del sector de la estiba ha echado a andar. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley “por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014”.
Esto es, una liberalización del sector que ha llevado a los 6.156 estibadores de las sociedades de estiba (Sagep) a convocar una huelga a partir del 6 de marzo, por el temor a perder sus puestos de trabajo en favor de otros empleados con condiciones más precarias.
Pero el camino que le queda por delante al Gobierno no es tan sencillo. Ahora tiene un plazo de un mes para convalidar el texto en el Congreso de los Diputados, algo que no puede conseguir sólo con los votos del PP, que hasta el momento es el único grupo que parece tener claro su apoyo, si otros grupos votan en contra.
¿Cuáles son los principales puntos del decreto?
–Libertad de empresa: no será necesario que las empresas estibadoras participen en el capital de Sagep, como ocurre hasta ahora.
–Libertad de contratación: las empresas podrán contratar libremente los trabajadores que cumplan con alguno de los requisitos de capacitación establecidos. Podrán ser estibadores quienes acrediten “más de cien horas de trabajo en el servicio de manipulación de mercancías en cualquier Estado miembro de la Unión Europea”, al margen de los que posean la titulación necesaria.
–Se establece un periodo transitorio de adaptación de tres años. Las empresas estibadoras, sean o no socias de las actuales Sagep, cubrirán con trabajadores provenientes de éstas un porcentaje de sus actividades. Este porcentaje deberá ser del 75% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercero.
¿Cuántos apoyos necesita el Gobierno para aprobarlo?
Un decreto ley se aprueba por mayoría simple, es decir, necesita que haya más síes que noes en un Congreso de 350 miembros, independientemente de las abstenciones o de quien no vote. Teniendo en cuenta que el único apoyo fehaciente es el del PP (134 diputados) y el único que ha dicho que no es Unidos Podemos (71), la convalidación del decreto necesita o el apoyo o la abstención de PSOE. También podría el PP unir sus votos a Ciudadanos, PNV y PDeCAT.
¿Cuál es la postura de los grupos parlamentarios?
El único grupo que ha concretado con claridad la postura de su voto de manera pública es Unidos Podemos, que ha dejado claro que votará en contra. El diputado de esta formación Sergio Pascual acusa de negligencia a Fomento y recalca que su interlocución en Europa ha sido de bajo nivel. Contraponen el caso de Bélgica, que ha venido manteniendo una interlocución con la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, hasta conseguir una reforma de la estiba que ha sido consensuada entre patronal y sindicatos.
La situación especial del PSOE debida a sus dificultades internas hace que sea complicado conocer la postura que mantendrá este grupo parlamentario. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho que “hay que cumplir la sentencia”, y también que “hay que cumplir con el diálogo, con las empresas y con los trabajadores y esa tiene que ser la posición que nosotros apoyemos en el Congreso de los Diputados”.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho sentirse alineado con esta postura. Por su parte, el exministro de Trabajo y miembro del equipo económico del PSOE Valeriano Gómez es tajante al afirmar que en su opinión los socialistas no están en condiciones de aprobar la convalidación del decreto. Su preferencia, asegura, es que se agoten los canales de diálogo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera (que ha afirmado en varias entrevistas tener antepasados estibadores), tuvo un papel activo a la hora de conseguir que el Gobierno retrasara una semana la aprobación del decreto, lo que conllevó la desconvocatoria de una primera huelga. Sobre la postura que mantendrá con el decreto, no se pronuncia con claridad.
El PNV y PDeCAT (antigua CiU) se han posicionado en contra del hecho de que sean las autoridades portuarias las que se hagan cargo de eventuales indemnizaciones de estibadores, algo que se ha dejado dentro del decreto. El diputado catalán Germá Bel asegura que como mucho podrían valorar su abstención, pero que, hoy por hoy, no van a votar sí.
¿Qué pasa si no se convalida el decreto?
Según recalca Fomento, en cuanto salga una segunda sentencia europea sobre el caso que está “al caer” comienza multa coercitiva de 134.107,2 euros por cada día de retraso en su ejecución. La cantidad se sumará a los 21,5 millones de sanción que ya acumula España. El coste de la huelga convocada por los estibadores en contra de este decreto será bastante superior, según la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que calcula unos 50 millones diarios.
