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Un estudio denuncia la opacidad de las cuatro grandes consultoras en los rescates bancarios

A los 747.000 millones en rescates bancarios debe sumarse el coste "oculto" de las consultoras

Las cuatro grandes (EY, Deloitte, KPMG y PWC) asesoraron a los gobiernos en el diseño de los rescates

Según recortes de prensa que recoge Transnacional Institute, el coste total en consultoras del rescate bancario en España fue de 32 millones de euros

EY 'corona' la Torre Azca de Madrid con la instalación de su logo

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Desde el inicio de la crisis económica en 2008, los gobierno y las instituciones europeas se han gastado 747.000 millones de euros en rescates bancarios. Es el coste de su recapitalización y de otro tipo de medidas que se han adoptado para aportar liquidez a las entidades, y evitar así su desaparición.

Pero a esta cifra, que es de carácter público, hay que sumarle otra: el dinero que se han gastado los gobernantes en pagar a las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, KPMG y PWC) para que les asesoraran en el diseño de los rescates. Una cantidad que en la mayoría de los casos está "ocultada", según denuncia el think tank Transnacional Institute en un informe que acaba de publicar.

La organización acusa a las empresas asesoras de actuar como un oligopolio. Su cuota de mercado es del 61% en la UE y en España asciende hasta el 80% y "una concentración de este trabajo en tan pocas empresas suele originar conflictos de intereses", denuncia.

En la mayoría de los casos, las cuatro grandes consultoras se encargaron de auditar a los bancos antes del estallido de la crisis, sin avisar de cuál era su verdadera situación financiera, y posteriormente se las contrató para diseñar los rescates. "Los bancos fallidos han sido sistemáticamente auditados por una de las cuatro grandes, antes de ser rescatados. En cada caso, otra de ellas tomó el relevo para auditar a la entidad rescatada", relata el think tank.

El ejemplo de Bankia

Los gobiernos las han seguido contratando "a pesar de sus repetidos fallos". Entre los ejemplos de mala praxis que destaca el informe está el caso de Bankia. Justo antes de sus salida a bolsa, Deloitte aseguró que la entidad tenía unos beneficios de 300 millones de euros y por su labor de asesoría cobró 2,4 millones de euros del propio banco. Menos de un año después, llegó el rescate por valor de 23,5 millones de euros.

"A pesar de estas pérdidas, la única consecuencia" para la consultora fue "una multa de 12 millones", impuesta por las autoridades. "Como resultado de ello, otra de las cuatro grandes, EY, remplazó a Deloitte y auditó Bankia en 2013". Y aun así, el banco volvió a contratar a la primera en 2014 para revisar sus planes de pensiones.

Saber cuánto pagó el Gobierno español por el diseño del rescate bancario es complicado, aunque según recortes de prensa que recoge Transnacional Institute, el coste total fue de 32 millones de euros.

Una polémica que surge tan sólo unos días después de la imputación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de otros miembros de la cúpula del antiguo supervisor. A lo que hay que añadir la reciente dimisión del exgobernador, Javier Aríztedi, la comisión de investigación que ha impulsado el Congreso de los Diputados y el anuncio que hizo el martes el actual gobernador, Luis Maria Linde, sobre su intención de elaborar un estudio sobre la crisis financiera.

Más allá del coste total que han supuesto los rescates, hay que tener en cuenta que parte del dinero público que se ha empleado no se va a recuperar. La organización calcula que en toda la UE se han perdido ya 213.000 millones de euros - una cantidad similar al PIB de Finlandia o Luxemburgo -, ya que al privatizar los bancos nacionalizados, los Gobiernos sólo recuperan una fracción de la cantidad que han empleado para rescatarlos.

Tras varios rescates, la UE aprobó una serie de normas para limitar la actuación de las grandes consultoras. Entre ellas, la prohibición de que un banco pueda contratar a una de ellas durante más de diez años. Medidas que para Transnacional Institute van “en la buena dirección” pero no evitan su oligopolio.

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