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El ERE de Orange retoma los despidos entre las grandes telecos, que han eliminado 10.000 empleos en cinco años

Tienda de Orange.

Diego Larrouy

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Aunque buena parte de la atención se la han llevado los grandes ERE de la banca, en los últimos meses se están sucediendo otros grandes recortes de empleo en algunas de las compañías más importantes del país. Es el caso, por ejemplo, de El Corte Inglés, o, más recientemente, de Orange. La 'teleco' francesa pilló por “sorpresa” a la plantilla, como apuntaron los sindicatos, al anunciar hace un mes un ERE para 485 personas. Aunque las sucesivas reuniones han reducido esa cifra inicial, el plan de Orange supone retomar la senda de los despidos entre las grandes operadoras de telefonía del país tras un excepcional 2020 en el que se aumentaron las plantillas.

Sin embargo, el ejercicio pasado, marcado por la pandemia, las telecos tuvieron que asumir un aumento de la carga de trabajo por el protagonismo de los servicios digitales y el teletrabajo durante el confinamiento. La inercia de esta industria ha sido la inversa durante los años previos. Entre diciembre de 2015 y el cierre de 2020 han desaparecido 10.000 puestos de trabajo solo en las tres grandes operadoras del país, Telefónica, Vodafone y la propia Orange.

Así se desprende de las estadísticas que realiza trimestralmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que funciona como órgano supervisor de las telecomunicaciones. Más de una cuarta parte de los puestos de trabajo en las tres grandes operadoras del país han desaparecido en los últimos cinco años, pasando de unos 38.000 trabajadores a poco más de 28.000, según las citadas estadísticas.

Orange asume ahora un nuevo plan de recorte de plantilla tras ser hasta ahora la única de las grandes operadoras que tiene un saldo positivo de empleo en los últimos cinco años. A cierre de 2020, la compañía francesa tenía en España 5.891 trabajadores, según la CNMC, 547 más que a finales de 2015, justo después de integrar a la plantilla de Jazztel tras la fusión entre ambas operadoras. La última propuesta de la dirección habla de 455 despidos, por lo que ese saldo positivo que había obtenido prácticamente se evaporará este ejercicio.

Orange anunció la apertura de este plan de recorte de puestos de trabajo tras haber reducido el pasado año un 6% sus ingresos en España y una caída del 9% de su resultado operativo (la empresa no desagrega el beneficio de sus filiales). En este sentido, la compañía justificó su ERE por “llevar años” encadenando pérdidas de ingresos “como consecuencia de la hipercompetitividad del mercado y la multiplicidad de actores low cost”. Es decir, la teleco gala, cuyo primer accionista es el Estado francés, plantea esta vía para intentar competir en la guerra de precios que afecta al sector en los últimos años. “Para garantizar la competitividad de la compañía, resulta imprescindible adaptar la operación a estos cambios estructurales”, defendió el grupo en un comunicado.

Los sindicatos se movilizaron desde el primer momento contra este ERE, al que tildaron de “vergonzoso, unilateral y traumático”. Con manifestaciones en varias ciudades y tras haber recabado el apoyo de distintos partidos, la plantilla tenía previsto acudir a la huelga este viernes. Sin embargo, en la última reunión, celebrada este martes, la empresa aceptó una de las exigencias que habían planteado los representantes sindicales, eliminando los despidos forzosos y apostando por medidas que lleven a que el expediente se cumpla exclusivamente con salidas voluntarias. Con ello, se decidió desconvocar las movilizaciones previstas, a la espera de alcanzar un acuerdo sobre el resto de los puntos del plan de despidos tras superar esta “línea roja”, como se refirieron a ello fuentes sindicales.

El anterior gran ERE entre las principales telecos fue el de Vodafone, en 2019. Entonces fueron más de 900 despidos en la filial española de la operadora británica en un momento en el que la compañía se encontraba en plena redefinición de su presencia en España, tras haber dejado de pujar por los derechos del fútbol y haber cosechado unos resultados complicados. Este grupo ha reducido su plantilla en más de 1.440 personas en los últimos cinco años, pasando de unos 5.700 trabajadores a 4.260, según los registros que recoge la CNMC.

Sin embargo, de entre las tres compañías de telecomunicaciones que controlan la mayor parte del mercado español, la que aglutina la mayor parte de los despidos del último quinquenio es el antiguo monopolio estatal. Telefónica ha pasado en estos años de 27.300 trabajadores en plantilla en España a 18.240. Y eso pese a que el pasado año tuvo un balance positivo con un ligero crecimiento de plantilla, como sus otros dos competidores. La compañía, más que en ERE se ha basado en los ya famosos PSI (Plan de Suspensión de Empleo Individual) con el que se han incentivado la salida de trabajadores, en especial de los de mayor edad.

La empresa se encuentra ultimando la negociación con los sindicatos para el nuevo convenio colectivo, en el que se incluye una mejora salarial o el refuerzo del teletrabajo voluntario en el seno de la compañía. Además, se ha planteado un programa, en principio piloto, de “semana flexible bonificada”. Esta alternativa, que sería voluntaria y reversible, podría suponer la llegada a algunos puestos de trabajo de la jornada laboral de cuatro días, tal y como avanzaba Cinco Días esta semana. “La empresa asume nuevos riesgos y explora formatos alternativos de trabajo que mejoran las posibilidades de conciliación de las plantillas”, celebraba CCOO en un comunicado.

Pérdida de protagonismo de las tres grandes

Las tres compañías siguen siendo las grandes dominadoras del mercado de las telecomunicaciones en España. Sin embargo, desde la creación de los Operadores Móviles Virtuales y en especial durante los últimos años, han visto cómo las campañas agresivas de precios de otras operadoras más pequeñas han provocado pérdidas de clientes, de cuota de mercado y, por tanto, de ingresos. Estos movimientos han levantado el rechazo de los directivos de estas empresas que en no pocas ocasiones han criticado a los reguladores español y europeo por incentivar la existencia de más compañías en el sector.

Por poner un ejemplo de la pérdida de terreno de estas tres compañías, durante el pasado ejercicio, en el que las telecomunicaciones tomaron un protagonismo claro, perdieron un 6,5% de sus ingresos minoristas, cayendo hasta su nivel más bajo desde 2014. Actualmente es en la televisión de pago en el único de los grandes negocios de las operadoras donde las tres mantienen una cuota de mercado que supera el 90%, especialmente por el claro dominio de Movistar, que ronda en torno a tres cuartas partes del negocio, según las estadísticas de la CNMC para el año 2020. Es en los negocios de menor coste, como es el caso de la telefonía móvil, donde más están notando la competencia de otros rivales que hace años eran minoritarios.

Por poner otro ejemplo, en los últimos tres años, las tres grandes operadoras han perdido 2,5 millones de clientes debido a la importante guerra que se ha producido en en sector por el bajo coste. Esto ha obligado a las tres principales compañías a sacar al mercado segundas marcas con las que competir por este segmento. Con esta importante sangría de clientes, las tres grandes telecos han pasado de tener un 80% de cuota en el mercado móvil en la primavera de 2018 al 75% durante la de este año. Algo similar ocurre con el internet en el hogar, donde la cuota de las tres grandes ha pasado en el mismo periodo de superar el 90% a situarse en torno al 81%.

Buena parte de culpa de esta pérdida de terreno de las tres principales operadoras se debe al incremento que ha tenido el cuarto operador en España, MásMóvil. La teleco propiedad de los fondos KKR, Cinven y Provindence ha crecido en el país en base a las ofertas agresivas en precio y la adquisición de otras pequeñas operadoras. La última operación en la que se ha embarcado es en la compra de Euskaltel, la quinta compañía del mercado. La opa, que ronda los 2.000 millones, cuenta desde este miércoles con el beneplácito de la CNMC, que ha dado luz verde a la operación sin exigencias.

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