El Gobierno esperará la decisión de la Audiencia sobre Falciani antes de pronunciarse sobre su extradición

El Gobierno esperará a conocer la decisión de la Audiencia Nacional sobre la petición de extradición dictada por Suiza contra el informático italofrancés Hervé Falciani, que en 2008 entregó a las autoridades galas un listado de ciudadanos que evadían impuestos a través de los bancos helvéticos, antes de adoptar una postura al respecto.

Así lo pone de manifiesto en una respuesta escrita dirigida al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, quien el pasado mes de agosto preguntó al Ejecutivo sobre diferentes aspectos de este caso, tales como la petición de extradición, publicar los datos de la 'lista Falciani', aceptar su colaboración, recompensar a quienes luchan contra el fraude, o pedir a la OCDE la inclusión de Suiza en su 'lista negra' de paraísos fiscales.

En la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno 'popular' afirma que “el Ministerio de Justicia se limita a la tramitación de los expedientes de extradición en aplicación de lo que disponga el Convenio Internacional que resulte de aplicación entre los dos países implicados” por lo que “debe esperar a conocer la resolución que adopte la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para poder someter al Consejo de Ministros su decisión final sobre la entrega”.

Aparte de esto, la respuesta incluye un resumen sobre todo el proceso, desde la detención de Falciani en Barcelona el pasado 1 de julio hasta la tramitación del expediente de extradición.

Según ha recordado Llamazares en una nota de prensa, este caso “toca, al menos en un punto, con la mayor trama de supuesta corrupción del PP que se investiga: el 'caso Gürtel'”, ya que el presunto delito contra la Hacienda Pública que se le imputa al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y a su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió supuestamente gracias a los datos copiados por Falciani.

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Por otra parte, con respecto a la petición a la OCDE, el Ejecutivo recuerda que “se encuentra en vigor el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre el Estado español y la Confederación de Suiza, hecho en Berna el 26 de abril de 1966”.

“Con fecha 26 de junio de 2006 se firmó un Protocolo que modifica el mencionado Convenio. Desde su entrada en vigor, el 1 de junio de 2007, se incorporó una cláusula de intercambio de información que incluye información bancaria en caso de fraude fiscal, con una cláusula de nación más favorecida. En consecuencia, con la plena aceptación por parte de Suiza del artículo 26 del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de la OCDE, no se plantea su inclusión en una lista de paraísos fiscales”, apostilla la respuesta.

Sin embargo, desde IU-ICV se critica que “el Gobierno ha optado por dejar sin responder” el resto de cuestiones planteadas por Llamazares, en particular la relativa a la aceptación de su ayuda para hallar más defraudadores y a la publicación del listado de los nombres ya desvelados.

De hecho, tanto la Izquierda Plural como el PSOE han reclamado al Gobierno que no extradite a Falciani y que acepte su colaboración para poder sacar a la luz más casos de defraudadores en España, dado que con la primera información remitida por Francia se destapara 659 presuntos fraudes y afloraron más de 6.000 millones de euros no declarados.

DOS MESES DE ESPERA

Finalmente, el diputado por Asturias lamenta que la respuesta sea tan incompleta, especialmente después de “dos meses de espera” a la pregunta parlamentaria. Un retraso que llevó a su grupo a solicitar incluso amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, para conseguir que el Gobierno atendiera la pregunta.

“Después de haber tenido que solicitar el amparo del presidente del Congreso y tras dos meses de espera, el Ejecutivo remite una respuesta incompleta a la pregunta”, lamenta.

Falciani, un informático monagesco con nacionalidad italofrancesa, trabajaba en el banco HSBC Private Bank en Ginebra donde, según su versión, descubrió cientos de operaciones fraudulentas con cantidades millonarias que se producían diariamente.

Así, en julio de 2008 entregó a las autoridades anticorrupción galas expedientes del banco, que hasta la fecha han permitido conocer más de 130.000 casos de defraudadores, sin que se haya terminado de analizar la información. Junto con Francia y España, también Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos obtuvieron relevante documentación sobre delitos de fraude fiscal.

El 1 de julio fue detenido en Barcelona en cumplimiento de una orden de extradición del Gobierno suizo, que le acusa de descubrimiento y revelación de secretos bancarios, un delito que no existe en España.