El Gobierno prima el gasto social, a los funcionarios y los jubilados en sus últimos Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa.

Diego Larrouy


36

266.719 millones de euros. Es la cifra que ha centrado la aprobación del Gobierno de coalición de sus últimos Presupuestos Generales de 2023. Este importe supone un nuevo récord histórico de gasto social, un mensaje con el que el Ejecutivo afronta un año electoral en el que se juegan su futuro político miles de ayuntamientos, la mayoría de las comunidades autónomas y el propio Gobierno central. Junto a este aumento del gasto, el Gobierno ha primado el cumplimiento de su compromiso con los jubilados, elevando las pensiones conforme al IPC, o la mejora del salario de los funcionarios.

El Gobierno aprueba los Presupuestos con un récord de gasto social de 266.700 millones y un nivel histórico de inversión

El Gobierno aprueba los Presupuestos con un récord de gasto social de 266.700 millones y un nivel histórico de inversión

El Gobierno afronta la incertidumbre económica del próximo año con unas cuentas públicas que incrementan en 26.000 millones respecto a las cuentas anteriores el gasto social, que va encaminado a la financiación de la salud, las políticas activas de empleo, la educación o la cultura, aunque algunas partidas de fuerte carácter social como el IPREM se han quedado descolgadas. Aunque son las pensiones la principal partida de este bloque de gasto al suponer más de 190.000 millones de año. El Ejecutivo ha ampliado esta partida para el próximo año por dos razones. La fundamental es la constatación de la subida de las pensiones en función a la evolución de los precios, lo que marcaba el Pacto de Toledo. Hacienda ha planteado que crecerán un 8,5% el próximo año. A ello se suman 2.957 millones de euros que irán a ampliar la conocida como hucha de las pensiones, la primera aportación en trece años a este fondo.

Este era uno de los principales compromisos que tenía el Gobierno de coalición de cara a estas cuentas públicas. La evolución de los precios ha marcado otro de los grandes anuncios del Ejecutivo para estos Presupuestos, este ya fuera de la partida de gasto social: el salario de los trabajadores públicos. En un contexto en el que los distintos ministerios han urgido al sector privado a un acuerdo salarial, el Gobierno cerró este lunes su política de retribución de los trabajadores de la administración. El plan plurianual contempla una subida del 2,5% para el próximo año, a lo que se añadirá otro punto en función de la evolución del PIB o la inflación. Esto tiene su traslación a las cuentas públicas, que contemplan un aumento del 6,6% en los gastos de personal. Un incremento presupuestario de 1.300 millones de euros destinado a cubrir la subida salarial —también un 1,5% extra por el año 2022— y la oferta pública de empleo acordada con los sindicatos en mayo con casi 45.000 plazas.

También aumenta la partida de inversiones hasta un registro histórico: 11.800 millones de euros. Dentro de unos días, cuando se conozca el contenido detallado de las cuentas se podrá constatar el reparto entre comunidades de esta partida. Pero no todos los gastos suben. Dan un alivio a las cuentas públicas el recorte de gasto en desempleo y las aportaciones al Fondo de Liquidez Autonómica, que tras unos años intensos se relajarán en 2023 por las previsiones positivas del mercado de trabajo y de las necesidades de financiación de las comunidades. Juntas suman una rebaja en el gasto de más de 5.000 millones de euros.

El fuerte aumento del gasto en partidas como las pensiones, el salario de los funcionarios, el transporte —se prorrogan las bonificaciones en Renfe que afectan a Cercanías, Rodalies y Media Distancia—, sanidad, vivienda o educación, necesita ser compensado con un aumento de la recaudación. No en vano, el Gobierno confía en dar un nuevo bocado al déficit público en 2023, del 5% al 3,9%. Los ingresos no financieros del Gobierno superarán en 2023 los 300.000 millones de euros. Será gracias a un nuevo récord de la recaudación tributaria, el tercero consecutivo, que cerrará el año con 262.781 millones de euros, según las previsiones trazadas por Hacienda.

En total, serán 18.700 millones de euros más de ingresos respecto a los previstos para el cierre de este año. El Gobierno ha corregido en más de 11.000 millones la previsión de recaudación de este curso respecto a las previsiones marcadas en los actuales Presupuestos. En el aumento de recaudación tendrán un papel destacado los dos nuevos impuestos temporales, el de la banca y el de las eléctricas que apuntan a una recaudación de 3.500 millones, así como el paquete fiscal acordado la semana pasada en el seno del Gobierno de coalición tras una intensa negociación entre PSOE y Unidas Podemos que aspira a suponer un aumento en la recaudación de 3.100 millones en dos años, con la incorporación, entre otras novedades, del impuesto de “solidaridad” que grava a las grandes fortunas.

El IPREM se descuelga de la inflación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que las cuentas públicas se vuelcan en “los más vulnerables”, con medidas como la revalorización de todas las pensiones según la inflación media. El ingreso mínimo vital (IMV) también subirá conforme a los precios, ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, con un incremento anual ligado por ley a las pensiones no contributivas. Sin embargo, hay otro de los indicadores más relevantes para los hogares de bajos ingresos, el IPREM, que se descuelga de las subidas según la inflación y aumentará mucho menos en 2023, un 3,6%. Tras una década casi congelado, el Gobierno de Pedro Sánchez lo subió un 5% en 2021 y un 2,5% este año.  

El IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) se subirá “a los 600 euros” al mes, según ha anunciado Yolanda Díaz, desde los 579,02 euros mensuales vigentes en 2022. Este índice marca la cuantía de algunos subsidios, como los de desempleo para personas que no han cotizado lo suficiente o que agotan la prestación de paro, es decir, desempleados de larga duración. También el subsidio para las personas desempleadas de más de 52 años, con más dificultades para volver a engancharse al mercado laboral, así como la cuantía mínima y la máxima de la prestación contributiva de paro.

Además, el IPREM fija el acceso a numerosas ayudas sociales para quienes menos tienen, como al alquiler de viviendas públicas, ayudas de libros, la justicia gratuita o a rentas mínimas autonómicas como la andaluza. Una de las consecuencias de que este indicador no haya subido durante años ha sido la gran distancia generada con el salario mínimo (SMI), que el próximo año se prevé que vuelva a registrar un alza importante en este contexto inflacionista. Así, la brecha entre ambos indicadores se volvería a ensanchar y podría generar un problema del que advierten en sindicatos y ONG: que las ayudas sociales se vuelven inaccesibles para las personas que están cobrando el salario legal más bajo en España, que pasan a tener “demasiada” renta frente al IPREM. Informa Laura Olías.

Frialdad entre los socios

Tras el acuerdo que se alcanzó anoche entre los socios de la coalición, arranca ahora la ardua tarea parlamentaria de sacar adelante el proyecto de ley, que se registrará en el Congreso “en los próximos días”. Convencer a los socios del Gobierno será clave en este proceso. En general, éstos han acogido con frialdad el acuerdo de Presupuestos, coincidiendo la mayoría de ellos en lamentar que no cuenten con ninguna información al respecto.

“No podemos valorar algo que no conocemos, que es una mala manera de empezar a negociar algo. Nadie nos ha llamado y, quien lo diga, miente”, lamentó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Rufián quiso además lanzar un aviso a navegantes antes de que eche a andar la negociación con su grupo. “Tengo una sugerencia para ambas partes del Gobierno: que se ahorren el pressing hacia ERC. Ya sabemos que serán los mejores, enésimos mejores, Presupuestos de la historia de la humanidad”, ironizó, “pero el voto de ERC se suda y ellos ya saben cuáles son nuestras intenciones”. Informan Irene Castro y José Enrique Monrosi.

Desde Bildu, por su parte, se mostraron más receptivos con los planes presupuestarios del Ejecutivo. “A la espera de analizarlos con detenimiento y conocer más detalles, parece que el Gobierno ha intentado imprimir un marcado carácter social, el cual deberemos ahora analizar si se traduce en políticas eficaces para la ciudadanía frente a la situación de crisis actual. Ahora, y tras mantener los primeros contactos, esperamos iniciar las negociaciones para trasladar nuestras propuestas y comenzar a debatir sobre las cuestiones que consideramos prioritarias para la ciudadanía vasca”, explican fuentes de la formación independentista vasca.

Otros socios, como Más País o Compromís, también han preferido mostrarse cautelosos hasta conocer el detalle de lo acordado, aunque Ínigo Errejón mostraba la predisposición de su grupo. “Nos suena bien la música”, aseguró Errejón, que destacó que el anteproyecto incluye medidas reclamadas por Más País desde el principio de la legislatura. 

El Gobierno confía en lograr, como mínimo, los apoyos que hicieron posible la investidura y los otros dos proyectos presupuestarios. “La negociación empieza ahora”, afirmó la titular de Hacienda en referencia a los reparos que ya ha expresado ERC, fundamentalmente por la falta de avances en la ley de vivienda. El ala socialista del Ejecutivo quiere desvincular las cuentas públicas de esa norma bajo la premisa de que ya fue “el broche de cierre” de la negociación el pasado año y que se aprobó en el Consejo de Ministros en los términos que se había pactado. El PSOE descarta poner un tope a los precios del alquiler para pequeños propietarios, aunque es consciente de que es una exigencia tanto de Unidas Podemos como de los republicanos catalanes.  

En Moncloa también descartan que la crisis que atraviesa ERC con Junts vaya a tener consecuencias en su relación y en la negociación presupuestaria. “Está manteniendo su posición”, señala una ministra sobre el president, Pere Aragonès. Tampoco creen en el Ejecutivo que los pasos en la desjudicialización del conflicto catalán vayan a interponerse en la negociación presupuestaria. “Está muy verde”, reconocen fuentes gubernamentales.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats