Marcas de ropa y explotación: promesas que quedan en el armario de las buenas intenciones

Los vaqueros de Zara, las camisas de El Corte Inglés o las chaquetas de Mango o H&M están en cualquier calle comercial. Muchos de sus talleres, sin embargo, están a miles de kilométros, en países como Bangladesh o Pakistán, donde las condiciones laborales, de salubridad y seguridad dejan mucho que desear y donde, con mucha frecuencia, tienen lugar accidentes que dejan cientos de muertos y heridos. A pesar del auge que la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) -el compromiso ético y activo de las empresas con la sociedad- ha tenido en los últimos años, algo falla y las muertes y las vulneraciones de los derechos humanos siguen produciéndose.

Uno de los últimos informes de la campaña Ropa Limpia -formada por decenas de organizaciones y sindicatos, y que investiga la situación de las personas que trabajan en la industria textil en todo el mundo- señala que entre 2006 y 2009, 414 trabajadores textiles murieron en al menos 213 incendios en fábricas de Bangladesh. Y desde 2009, al menos otros 165 han muerto en cuatro incendios de grandes fábricas que producían para marcas internacionales.

“Ahora mismo casi cualquier empresa internacional tiene su departamento y personal dedicado a la RSC, pero a pesar de que hay más conciencia las cosas apenas han mejorado y siguen ocurriendo los mismos accidentes. Muchas veces se trata de medidas cosméticas o, al menos, insuficientes, como demuestran estas tragedias”, denuncia Eva Kreisler, que forma parte de la campaña Ropa Limpia.

Tras una tragedia como la sucedida en Bangladesh la semana pasada, las empresas se apresuran a enseñar auditorías o certificados que validen su compromiso con los proveedores. En este caso, una de las empresas implicadas presumía de poseer el sello SA8000, que cuenta con prestigio dentro del sector.

Para Ignacio Carreras, profesor del departamento de política de empresa y director del Instituto de Innovación Social de Esade, las grandes marcas han avanzado mucho “en trasladar ciertas exigencias a sus proveedores” pero reconoce que hace falta mejorar y ampliar los análisis y auditorias. Aunque Carreras asegura que hay entidades con capacidad para realizar inspecciones de calidad, también subraya que, como en el caso de las auditorías económicas, “siempre se encuentran sorpresas”. “Las deberían hacer entidades sin connivencias con la empresa a la que analizan y con una forma de financiación que les permita asegurar su independencia y rigor”, afirma.

Presión sobre los trabajadores

El último informe de la campaña apunta que los actores económicos “fallan” en afrontar su responsabilidad respecto a los derechos humanos. Asegura que muchas firmas que ofrecen auditorías o certificados sobre la cadena de producción no proporcionan información fiable sobre si las fábricas cumplen con todas las recomendaciones sanitarias y de seguridad. Las ONG, las asociaciones de trabajadores o mujeres, no son siempre tenidas en cuenta en esas auditorías. En cualquier caso, el estudio subraya que en muchas ocasiones los jefes de las fábricas presionan a los trabajadores antes de que sean entrevistados por los auditores para que den información falsa.

A pesar de las buenas intenciones tras los accidentes, pocas empresas mantienen un compromiso real en el tiempo. Eva Kreisler asegura que muchas marcas presumen de contar con códigos de comportamiento y con auditorías, pero no se involucran en programas que tratan de coordinar acciones entre empresas. “Desde hace un año estamos intentando impulsar un programa de seguridad para las fábricas de Bangladesh. Hemos contactado con 30 de las empresas de ropa más conocidas y hasta el momento solo dos se han comprometido a firmarlo. Que cada empresa salga con un pequeño programa o proyecto para mejorar la seguridad, como ya ha sucedido otras veces, es solo un parche. Hace falta un esfuerzo coordinado y que se cuente con los trabajadores”, asegura Kreisler. Esas dos empresas son la alemana Tchibo y el grupo estadounidense TVO, que incluye marcas como Calvin Klein o Tommy Hilfiger.

La responsable de la campaña Ropa Limpia afirma que, a pesar de que en sus códigos de conducta todas las empresas aseguran que garantizan los derechos de los trabajadores, la práctica dista mucho de las palabras. “Es una industria muy opaca, en muchos casos es imposible saber cuál es su volumen de producción en el país. Hacen falta hacer públicas las listas completas de proveedores y el resultado de las auditorías sociales. Si, por ejemplo, dicen que hacen auditorías sociales, pero no revisan los edficios, ¿cómo pueden situar allí su producción sin saber si es un lugar seguro?”, se pregunta Eva Kreisler, que insiste en que hacen falta inspecciones independientes.

Cambiar el modelo de producción

El modelo de producción a destajo también está detrás de estas muertes: la demanda insaciable en las tiendas de Europa o EEUU hace que las empresas encarguen más y más prendas a proveedores que no siempre pueden asumir tanto trabajo y que, antes de perderlo, lo subcontratan. Ignacio Carreras considera imprescindible vigilar el modelo de negocio para evitar la cadena de subcontrataciones y que facilita la pérdida de control sobre las condiciones en las que se fabrican las prendas. “La presión competitiva entre los productores locales es fatal. Si no cumplen con los plazos pendientes, pierden negocio”, señala el profesor.

“Hace falta un cambio radical en el modo de producir: se presiona muchísimo a los proveedores y se buscan los precios más baratos”, dice por su parte Kreisler.