Montoro defiende que el escándalo del “caso Rato” demuestra el buen funcionamiento de las instituciones

Al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, le ha tocado hoy dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, entre protestas del Hemiciclo, sobre dos recientes escándalos: el informe de la ONIF sobre el fraude del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y la propuesta de nombrar al ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica.

Sobre el que fuera su jefe en el Gobierno de José María Aznar (Rato era ministro de Economía y Hacienda y Montoro secretario de estado de Economía), ha admitido que considera “lamentables” los indicios delictivos que ha sacado a la luz la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Pero toda su argumentación en defensa de las decisiones del PP de promover a Rato para cargos como director gerente del FMI o presidente de Bankia se ha basado en insistir en que este escándalo demuestra que las instituciones “funcionan”.

Para Montoro, la aparición de noticias sobre las actuaciones de la AEAT confirma que “no existe impunidad para nadie” y que debe “celebrarse” que España sea “un país donde, con independencia del relieve de la persona, pueda ser objeto de investigación”.

“¿Cómo puede decir que no se investiga? Pero si es al revés, todo esto es fruto de la investigación de la Agencia Tributaria”, ha defendido Montoro ante los ataques del diputado socialista Antonio Hurtado y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Y ha recordado que en abril de 2015 ya advertía de que la AEAT estaba investigando las actividades de Rato basándose en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior.

El socialista Antonio Hurtado ha lamentado que Rato haya sido un “defraudador compulsivo” y ha criticado que el Gobierno no le investigara antes, por ejemplo cuando se acogió a la amnistía fiscal de 2012. “Una amnistía que ha sido un nido de defraudadores de cuello blanco. ¿Por qué no investiga a los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía?. Ahí tendría muchos recursos para cubrir el déficit público”.

Fernández de Mesa

En cuanto al nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica, Montoro lo ha desvinculado de una decisión del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ha asegurado que es la propia compañía, cuyo mayor accionista es el Estado, la que determina “el perfil profesional del consejero a nombrar”.

En todo caso, ha defendido la figura de Fernández de Mesa y ha pedido “respeto” por las personas que han ejercido “máximas responsabilidades” en la democracia española.

“Respeto, qué gran palabra para la democracia, pero a algunos de ustedes lo del respeto no les va”, le ha reprochado al diputado autor de la pregunta, Antonio Gómez-Reino, de Unidos Podemos.

Pero para Gómez-Reino, el exdirector de la Guardia Civil no es el candidato adecuado para ocupar un asiento en el consejo de REE, debido a que “no tiene ningún conocimiento en materia de energía”. Ha recordado también que, en la sentencia sobre el caso Prestige, se califica la gestión de Fernández de Mesa, entonces delegado del Gobierno en Galicia, como “difusa y confusa”.

A su juicio, “es un nuevo caso de puertas giratorias” en el que pesa la relación personal de Fernández de Mesa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Se trata de apoyar a la familia, se llame Trillo, Bárcenas, Rato o Fernández de Mesa”, ha señalado. Gómez-Reino ha criticado que Fernández de Mesa cobrará 175.000 euros, 17 veces más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), informa Efe.

Turno de oficio

Por otro lado, Montoro ha aclarado que la Administración, es decir el Estado y las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas, serán las que pagarán el 21% de IVA que hay que aplicar a la asistencia jurídica gratuita tras una sentencia del Tribunal Europeo.

La Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda consideró el pasado 25 de enero que los servicios que prestan los abogados y procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no deben estar exentos de tributar el IVA, lo que provocó un profundo malestar en el sector.