“Las mujeres no necesitamos del paternalismo de Iberia para ocuparnos de nuestros hijos”
Bärbel Espín, una menorquina de 28 años, es la responsable de que Iberia haya sido condenada a pagar 25.000 euros por discriminar por razones de sexo a los candidatas de sus procesos de selección. La multa administrativa impuesta por la Inspección de Trabajo a la aerolínea lleva su nombre. Ella fue la primera mujer en denunciar un requisito impuesto en toda España.
Desde eldiario.es ha localizado a Espín para preguntarle por la respuesta formal de Iberia que asegura que los análisis son necesarios por motivos de seguridad para proteger a las futuras trabajadoras.
Sin embargo, la menorquina no opina lo mismo: “Como va a favorecer el empleo si negarse a hacer la prueba de embarazo limita el acceso al mismo”, afirma Espín que considera que esa justificación “está fuera de lugar” en un proceso para optar a un puesto de administrativa de tierra como era su caso.
Espín también desecha la idea de que la compañía se entrometa en la vida personal de las mujeres: “No creo que las mujeres necesitemos del paternalismo de Iberia ni de nadie para ocuparnos de nuestros hijos”. Además apunta a la precaria situación laboral como causa del silencio ante esta práctica impuesta en toda España: “Nadie había levantado la voz por necesidad; el año pasado había codazos para encontrar empleo y no ibas a renunciar fácilmente a una oferta de trabajo”.
La “prepotencia” de la enfermera de Iberia
Durante el reconocimiento médico, Espín tuvo que hacer frente a cuestiones más que personales. Entre otros detalles fue preguntada por la periodicidad de su menstruación: “No sólo me pedían pruebas de embarazo; incluso me preguntaron la fecha de mi última regla”, afirmaba hace dos días en El Diario de Mallorca, del grupo FARO.
Espín recuerda para eldiario.es como en la consulta, mientras el médico “no tuvo una actitud anormal a pesar de que sus demandas sí lo eran”, la enfermera, enviada por la compañía, sí le pareció “prepotente”. Un comportamiento que achaca a que era consciente de que si ella no aceptaba las condiciones, “un montón de candidatas sí lo harían”.
Aunque reconoce que llegó a dudar, finalmente decidió dar un paso atrás. Tras salir del reconocimiento denunció la medida ante la Inspección de Trabajo, entre otros organismos, que un año más tarde ha dictado la multa de 25.000 euros. “La multa que han puesto me parece baja, pero la humillación a Iberia es impagable”, señalaba en el diario balear.
“Tengo una carrera y dos máster, y no puedo consentir que mis opciones de encontrar un empleo dependan de si estoy o no embarazada”, sentencia la menorquina preguntada por los motivos que le llevo a emprender una lucha. Una batalla legal, cuyo final le satisface y hace que “todo haya valido la pena”.
