La propuesta para los futuros ERTE incluye una nueva prestación y prioriza la reducción de jornada

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (c), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Nueva propuesta del Gobierno para los futuros ERTE con cambios relevantes. El Ejecutivo mandó a comienzos de semana un nuevo texto a los sindicatos y empresarios, con algo de antelación ante la nueva reunión de la mesa de diálogo, que tiene lugar este miércoles por la mañana. El borrador, que adelantó La Información y en el que ya han participado los ministerios de Seguridad Social y Economía, es mucho más amplio que el anterior de Trabajo. Recoge además modificaciones sustanciales, como dar más peso al ministerio de Calviño a la hora de fijar las condiciones que se deberán cumplir para acogerse a los expedientes, se incluye una nueva prestación específica (diferente al desempleo) para los trabajadores afectados y se prioriza la reducción de jornada frente a la suspensión, entre otras.

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La propuesta modifica hasta el nombre de los futuros ERTE. En lugar de "Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo" (MSE), como recogían borradores previos, se denominan "Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo". Estos serían nuevos expedientes, junto a los ya existentes en el Estatuto de los Trabajadores por causas objetivas y fuerza mayor (artículo 47).

El objetivo de los expedientes del Mecanismo Red es salvar empleos ante futuras crisis y reestructuraciones dentro de empresas o sectores, con un papel clave de la formación de la plantilla que se vea afectada por estas situaciones. En línea de lo que sucede en otros países, como Alemania, y que en España hasta el momento se ha saldado básicamente con despidos.

El primer cambio sustancial es que el Gobierno propone priorizar la reducción de jornada frente a la suspensión del contrato de trabajo en todos los ERTE (también en los existentes ETOP o de fuerza mayor). Es decir, que las empresas que se acogieran a estos deberían primero intentar un ERTE que permita a los empleados trabajar algunas horas y, si esta opción no uera viable, podrían plantear un expediente que suspendiera el contrato durante toda la jornada.

Así serían los nuevos ERTE del Mecanismo Red

Respecto a los futuros expedientes de regulación temporal, el Mecanismo Red, se mantienen las dos causas que había planteado ya Trabajo:

1) Por causas estructurales. Se definen ahora como cambios sectoriales en los que se produzcan modificaciones estructurales o la introducción de métodos de trabajo y procesos de producción novedosos, como la automatización, que impliquen la necesidad de reducir el personal. También podrían darse en el seno de empresas, no solo sectores, donde las compañías optaran por recualificar al personal para derivarlo a otras funciones o, incluso, derivarlos a "procesos de transición profesional" en otras empresas o sectores.

2) Por causas cíclicas. Este tipo de expedientes sería activado cuando tengan lugar crisis económicas, derivadas de una situación coyuntural de alcance general.

Dependiendo del caso, la propuesta prevé que el Gobierno pudiera exigir a las empresas la implantación de la distribución irregular de la jornada en estos expedientes.

El Mecanismo Red permitiría a las empresas solicitar a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo de la plantilla (entre un 10 y un 70%) o, si esta no fuera posible, la suspensión de sus contratos de trabajo, con ayudas en materia de cotización a la Seguridad Social y protección social. La previsión de estas ayudas ya se había incorporado en el último borrador de Trabajo.

Las empresas podrían recibir ayudas a la cotización por los trabajadores afectados por el Mecanismo Red, pero siempre que "desarrollen acciones formativas" a favor de estas personas. Las compañías recibirían también más dinero público para actividades formativas, algo que ya ha ocurrido en la última prórroga de los ERTE por la pandemia, que se planteaban como expedientes de transición a estos ERTE futuros. Además, se plantean también ayudas a la cotización para las empresas que contrataran de manera indefinida a personal afectado por un Mecanismo Red de carácter estructural.

La duración máxima de estos expedientes se plantea de un año, en caso de acuerdo con la representación de los trabajadores, y de seis meses cuando el Mecanismo Red sea autorizado por la autoridad laboral ante la falta de acuerdo. En el caso de los expedientes por causas estructurales, se podría solicitar un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una, por lo que estos podrían alcanzar los dos años.

Como novedad relevante, se plantea que los trabajadores afectados por un expediente Red tengan derecho a una nueva prestación social, diferente a la protección por desempleo que han recibido en los ERTE hasta el momento. Su cuantía sería del 70% de la base reguladora, con un máximo del 225% del IPREM (ahora 1.271 euros). Los trabajadores no consumirían el paro que hayan acumulado hasta la fecha, pero este tiempo tampoco contaría como tiempo cotizado a la Seguridad Social.

El Gobierno plantea que la empresa tenga que pagar el sueldo íntegro de los trabajadores afectados en el primer mes de funcionamiento del Mecanismo Red. En los meses siguientes, la compañía restará al sueldo el importe de "la prestación de sostenibilidad del empleo" que recibiera la persona afectada el mes anterior.

¿Cómo se pagaría todo esto?

Uno de los puntos clave de este nuevo mecanismo pasa por concretar su financiación. El Gobierno propone crear un fondo específico, adscrito al Ministerio de Trabajo. El borrador prevé que el Fondo RED sufragase las prestaciones y ayudas a las cotización de las empresas, así como los costes asociados a la formación. Este Fondo recibiría dinero de exceso de ingresos en las cotizaciones sociales por desempleo, por aportación directa de los Presupuestos Generales del Estado y de fondos europeos que compartan fines con este nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilidad en el empleo.

Además, el Gobierno incorpora también al FOGASA en la ecuación de los nuevos ERTE en un movimiento que a algunos les recuerda a la llamada "mochila austriaca". En el Mecanismo Red por causas estructurales, la empresa tendría que hacer efectivo un plan de recolocación para el personal, dentro o fuera de la compañía, que habría de incluir actividades formativas. Cuando el trabajador se fuera a otra empresa fruto de este proceso, la empresa de origen tendría que transferir al FOGASA el 50% de la indemnización que correspondería al afectado en caso de despido improcedente. El objetivo, apunta el borrador, es "constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación".

El trabajador se iría a la nueva empresa gracias al proceso de recolocación, sin antigüedad y con nuevas condiciones laborales, pero en caso de ser despedido por causas que no le sean imputables al empleado, el FOGASA le abonaría la indemnización por despido improcedente que le hubiese correspondido en la empresa de origen.

Más peso para el Ministerio de Economía

Otro de los cambios más sustanciales, y que desconcierta un poco entre los agentes sociales, es el nuevo procedimiento fijado para activar los futuros ERTE, que requieren la implicación del Consejo de Ministros.

Se plantea que el Mecanismo Red requiera "una activación previa por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta" de Economía, Trabajo y la Seguridad Social, "previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos", que dirige a día de hoy la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El borrador da aún más competencias al Ministerio que encabeza ahora Nadia Calviño. Se plantea que Economía pueda establecer condiciones, "parámetros objetivosautomización", que determinen las causas específicas que concedan la presunción de que una compañía pueda acogerse a los Mecanismos Red.

En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, se prevé que sea "imprescindible" informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal. Fuentes del diálogo social apuntan a elDiario.es que esperan que el Gobierno explique este miércoles bien este nuevo procedimiento de activación, del que muestran cierta desconfianza.

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