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Salario mínimo, pensiones, vivienda e IRPF: los decretos que prepara el Gobierno en ausencia de Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El Gobierno ha asumido que no va a poder aprobar unos presupuestos propios para 2019 tras descartar su apoyo los grupos catalanes por la situación de los políticos encarcelados por su participación en el "procés". Queda la duda de si llegará a presentar el proyecto y se escenificará la derrota de las cuentas, aunque en principio se pretende evitar.

De RTVE al bono social: doce decretos ley y cinco anteproyectos en cuatro meses de Gobierno de Pedro Sánchez

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En estas circunstancias, los distintos Ministerios preparan ya los decretos leyes con las medidas "más positivas para el país" que se incluían en el proyecto que logró pactar el Ejecutivo con Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea. Fuentes gubernamentales mencionan por ejemplo la subida del impuesto sobre la renta para aquellos que disfrutan de mayores ingresos, la del salario mínimo interprofesional, las pensiones y medidas vinculadas a la vivienda. Técnicamente, puede incluirse "prácticamente todo", aseguran, a excepción de las medidas que conlleven gasto nuevo e inversión, lo que podría afectar a las partidas territoriales.

Aunque este tipo de leyes también necesitan ser convalidadas, su paso por el Congreso hasta ahora se ha saldado siempre de manera positiva para el Gobierno de Pedro Sánchez (se han aprobado decretos-leyes sobre el bono social, el fin del impuesto al sol o la activación del pacto contra la violencia machista).

Subida del IRPF y sociedades 

Las fuentes consultadas recuerdan que "la mayor subida del IRPF se hizo en 2011 por decreto". El "decretazo" de Montoro, justificado por el desvío del déficit al 8% del PIB tras una campaña electoral en la que el PP había prometido no subir los impuestos, supuso, entre otras cosas, subir el IRPF seis puntos para quienes ingresaran entre 175.000,20 y 300.000,20 y de siete puntos para los que superaran la segunda cantidad.

Ahora, lo que pactaron Sánchez y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, es elevar el IRPF para las rentas a partir de 130.000 euros en dos puntos y cuatro puntos a partir de 300.000 euros. También  aumentar cuatro puntos las rentas del capital superiores a 140.000 euros. Con ello prevén aumentar los ingresos en 328 millones de euros.

Otras medidas fiscales que se podrían incluir este decreto es el establecimiento en sociedades de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para el sector financiero y de explotación de hidrocarburos, unido a limitar del 100% al 95% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como hacen ya Alemania o Francia, permitirá un aumento de la recaudación de 1.776 millones. 

Elevación del salario mínimo a 900 euros

En el momento en el que se mantenía el pulso por conseguir aprobar los presupuestos, el Ministerio de Hacienda vinculaba la subida del SMI con el proyecto, aunque tradicionalmente el salario mínimo se ha elevado por decreto en el mes de diciembre. Parece que definitivamente este será también el camino este año en curso. 

Incrementar pensiones según el IPC

El Gobierno y Unidos Podemos acordaron garantizar la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) en 2018 y 2019. Este año han subido un 1,6%, y en el caso de que al final la inflación se eleve más a cierre de ejercicio, se abonará una paga compensatoria en enero. Este mismo mecanismo se aplicará el año que viene.

Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, con un impacto presupuestario de 384 millones de euros.

Decreto sobre vivienda

Se incluyó en el acuerdo de presupuestos un paquete importante sobre vivienda. En el decreto que se prepara, entre otras cosas, se van a aumentar los años de contrato de los alquileres de tres a cinco o a siete en el caso de los propietarios personas jurídicas. 

El calendario que maneja el Gobierno, tal y como  explicó la secretaria de Vivienda, Helena Beunza, es aprobar un decreto de medidas urgentes este mismo año, fundamentalmente las que afectan a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto es, la regulación de los elementos contractuales del alquiler, los plazos y las fianzas.

Para una ley en materia de vivienda, que se deja para el próximo ejercicio, quedan cuestiones como la definición de alquiler social y alquiler asequible y la regulación de la vivienda como un bien público. Se mantiene la incógnita de los índices de precios, con los que los ayuntamientos podrían regular las subidas en zonas en las que haya habido un problema de subidas desorbitadas. 

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Publicado el
20 de noviembre de 2018 - 21:54 h

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