De RTVE al bono social: doce decretos ley y cinco anteproyectos en cuatro meses de Gobierno de Pedro Sánchez

“El Gobierno gobierna”. La frase de la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, serviría para cualquier  Gobierno del planeta. Pero el de Pedro Sánchez tiene que insistir en ello, vista la debilidad de sus apoyos en el Congreso: 84 diputados de 350. Que el Ejecutivo trabaja por la “agenda del cambio” es la consigna oficial cuando le sobrevuela la presión, con mayor frecuencia de la que hubieran deseado los ministros y ministras en los cuatro meses que han pasado desde que tomaron posesión. Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno más frágil de las últimas décadas en España durante sus primeros cuatro meses?

El Consejo de Ministras ha aprobado doce decretos ley que entran en vigor en cuanto se publican en el BOE aunque requieren la posterior convalidación en el Congreso. El Gobierno ha recurrido a esta vía legislativa que la Constitución prevé para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para acelerar la puesta en marcha de algunas de sus propuestas estrella y, en cuatro ocasiones, para sacar adelante legislación a la que obliga Bruselas, como la adaptación de del derecho español a la normativa europea en materia de protección de datos. Fuentes socialistas critican el trabajo sin hacer que se han encontrado en los cajones, parte de la “herencia” del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Pero la otra parte de esos doce decretos, que en su mayoría se tramitarán en el Congreso como proyectos de ley –es decir, con posibilidad de ser enmendados por los distintos grupos políticos– ante las críticas de la oposición por el abuso de esa figura extraordinaria, fijan líneas estratégicas de la política del Gobierno. El último que se aprobó liquidó el impuesto al sol,  una de las medidas más controvertidas del Gobierno del PP, amplió el bono social y suspendió algunos tributos para abaratar la luz.

Ni ese ni el decreto ley con el que el Ministerio de Fomento trató de poner fin al conflicto de los taxis y las compañías de vehículos con conductor, como Uber y Cabify, se han aprobado todavía en el Congreso. José Luis Ábalos se encontró con una huelga de taxistas un mes después de su toma de posesión. El parón patronal se disolvió con su promesa de resolver el enfrentamiento a través de un decreto ley que el Consejo de Ministras aprobó finalmente el 28 de septiembre. El ministro trasladó la patata caliente a las comunidades y ayuntamientos (para que asuman las competencias de las VTC) y ganó tiempo con una moratoria de cuatro años a las VTC para que se adapten a la exigencia uno por cada 30 taxis. 

Además de la eliminación del impuesto al sol, una propuesta mil veces repetida en los tiempos de oposición, los decretos con más carga ideológica son los que aprobó para sacar a Franco del Valle de los Caídos y poner en marcha las medidas recogidas en el Pacto de Estado de lucha contra la violencia machista, que estaba congelado desde que el Congreso lo aprobó en septiembre de 2017, así como para recuperar la sanidad universal, que fue el primer golpe de efecto del Consejo de Ministras.Los tres están ya en vigor y tramitándose ahora como proyecto de ley en el Congreso. 

En el caso de la exhumación de los restos del dictador, el Gobierno le dio muchas vueltas a la fórmula jurídica que usaría para no dejar ningún cabo suelto. Finalmente se decantó por el decreto ley con el que ha modificado la regulación de memoria histórica, el sustento jurídico para proceder después a aprobar un acuerdo con el que se inició el procedimiento de retirada de los restos. En el Gobierno temen que la decisión se les vuelva en contra y que el dictador acabe enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, como quiere la familia y la amenaza de acabar convirtiendo el centro de Madrid en destino turístico de nostálgicos y fanáticos de la dictadura. “No nos hace gracia, pero no tenemos mucho margen de maniobra”, confiesan en Moncloa. 

Respecto al Pacto de lucha contra la violencia machista, fue el propio presidente Sánchez el encargado de anunciar el decreto que, según explicó, recoge “las medidas más urgentes” de ese acuerdo, como la consideración de víctimas a las mujeres que no han denunciado o la atención psicológica de menores sin requerir autorización del maltratador. 

Un largo camino para las leyes

El decreto ley más polémico fue el de la renovación de RTVE que, además, fue el primero que Sánchez llevó al Consejo de Ministras. A los socialistas se les atragantó el proceso para cambiar el Consejo de Administración del ente público y se vieron obligados a la solución más drástica: la de un administrador único (Rosa María Mateos fue la elegida) hasta que concluya la reposición a través de un concurso público. Por el camino llegaron a perder una importante votación en el Congreso, por dos votos cuya autoría es un misterio. 

El Gobierno recurre a la vía rápida de los decretos ley, pero también ha iniciado la tramitación legislativa a través de anteproyectos. El Consejo de Ministras ha aprobado cinco. Solo en el caso de la derogación de los recortes en educación ha recibido ya el aval del Consejo de Estado y se remitirá como proyecto de ley al Congreso. Los demás tienen que pasar por las correspondientes instituciones para que le den el visto bueno y lo devuelvan al gabinete para su aprobación como proyecto de ley para su envío al Parlamento. El camino que les queda por recorrer es todavía largo. 

Con esas iniciativas, el Ejecutivo pretende eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad, derogar los recortes en educación, impulsar una nueva legislación de marcas, prohibir las llamadas “narcolanchas” y luchar contra la violencia infantil. En el caso del Anteproyecto que anunció Sánchez para reformar la Constitución para suprimir los aforamientos, el Gobierno se echó atrás y se limitó a encargar un informe al Consejo de Estado, del que nada se sabe todavía. Según la vicepresidenta, esa es la vía “rápida” para su aprobación y en este momento está trabajando en la propuesta una comisión de expertos. 

Del etiquetado de la leche a la deuda de las comunidades

Además, el Consejo de Ministras ha alcanzado cerca de 300 acuerdos y decenas de decretos sobre distintos asuntos que no tienen rango de ley. La recuperación de la reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas se llevó a cabo a través de una orden ministerial y fue una decisión de la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil avalada por el gabinete con la que se duplicaron los fondos para los comedores y campamentos durante el verano. 

El Ejecutivo también dio luz verde a la publicación de las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos desde 2014 y que el Gobierno de Rajoy evitó revelar escudándose en la inexistencia de un reglamento que lo hiciera posible. “El reglamento que hizo este Gobierno lo hizo en una tarde y en quince días se publicaron todas las declaraciones”, se jactó la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una conversación informal con periodistas en la recepción del 12-O. 

También aprobó varios decretos para la provisión de plazas de empleo público y autorizó a las comunidades autónomas a formalizar préstamos a largo plazo y a emitir deuda así como a recurrir a un préstamo de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extra de los funcionarios. 

Buceando en las referencias del Consejo de Ministras –que es donde se reflejan todas las iniciativas que pasan por el gabinete– se encuentran temas de lo más variopinto: desde la gestión del día a día (con el otorgamiento de fondos para obras y carreteras o la regulación de la indicación de la leche utilizada como ingrediente, por ejemplo) hasta indultos, extradiciones o declaraciones de días nacionales como el del Orgullo LGTBI. 

Sánchez, que durante su carrera política ha demostrado una gran capacidad de aguante, ha dejado claro que su intención es acabar la legislatura, a pesar de la presión interna y externa para que convoque elecciones cuanto antes para evitar el desgaste por los escándalos que ha protagonizado su Gobierno dentro incluso del periodo de gracia. El presidente está determinado a seguir en Moncloa y a aprobar algunas medidas estrella en el tiempo que queda de legislatura, aunque las polémicas y la gestión del día a día acapara buena parte de su acción de Gobierno. 

El socialista está convencido de que su proyección presidencial, plagada de viajes internacionales, y la aprobación de esas iniciativas –como la regulación de la eutanasia, la eliminación de los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral o la suavización de la ley mordaza– que puedan darle un buen argumentario electoral le suma. Todo para él es mejor que estar en la oposición.