La campaña ciudadana contra los tratados de comercio exige a la UE un mayor control fiscal en las políticas comerciales
La campaña estatal “No a los Tratados de Comercio e Inversión” nace bajo el paraguas de 80 organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales cuyo objetivo principal es conseguir que se implante una política económica y comercial “que sirva para el interés público y actúe en favor de un futuro común”. La plataforma exige un cambio de orientación en las políticas comerciales y fiscales de la Unión Europea con la intención de garantizar “una mayor justicia global”, destaca Lucía Bárcena, portavoz de la organización.
Su área de actuación gira en torno a las campañas de sensibilización e información sobre el “impacto y consecuencias” de los tratados internacionales de comercio en el medio ambiente y la soberanía nacional. “Estamos en contra de este tipo de acuerdos porque además de discriminar a la pequeña y mediana empresa –tejido industrial de España– dejan fuera también a la clase trabajadora”, sostiene CCOO.
La plataforma pone el foco en la agenda actual de negociaciones de tratados internacionales como el de servicios (TISA), México, Japón y la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), este último “específico para dirimir las disputas entre inversores y Estados”, indica la organización. “No podemos tolerar acuerdos de comercio e inversión que afectan negativamente a nuestras vidas y que están diseñados para perpetuar un sistema económico en crisis”, continúa.
Exigen al nuevo Gobierno “información transparente” sobre el impacto que tienen este tipo de tratados en la Constitución“, además de generar debate en relación al Tratado de Japón antes del 26 de junio, fecha de reunión del Consejo de la UE. ”Vamos a registrar iniciativas parlamentarias para que el gobierno no ratifique este tratado“, sostiene Eva García, portavoz de Unidos Podemos.
En este contexto, el establecimiento de un marco legal que “obligue” a las multinacionales a cumplir con los derechos humanos es “prioritario” para todos los grupos que componen la plataforma. “Exigimos un control de constitucionalidad”, señala García. “Este tipo de tratados generan explotación laboral, desigualdad y detrimento del medio ambiente. Se negocian de forma opaca y de espaldas a la ciudadanía”, continúa Mónica Gómez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que además demanda “reglas comerciales más justas”, dirigidas a generar recursos para la ciudadanía.
Algunas de las organizaciones que integran la campaña han centrado su trabajo desde el año 2014 en detener las negociaciones del Tratado Transatlántico (TTIP) y el acuerdo con Canadá (CETA) –mediante el cual se eliminarán los aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios y abrirá el mercado canadiense de contratación pública a las empresas europeas– a través de protestas y movilizaciones: “el TTIP está paralizado, el CETA aun tiene que ser ratificado por Europa y los tribunales privados para las grandes corporaciones (ISDS) han sufrido desprestigio político y jurídico en la UE”, sostiene Bárcena.
