La UE endurecerá la concesión de fondos al transporte tras los fiascos de ocho aeropuertos españoles

Las ruinosas ampliaciones que entre 2000 y 2013 acometieron ocho aeropuertos españoles con fondos europeos van a tener consecuencias para toda la UE. Tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas europeo que a mediados de diciembre revelaba la ampliación de estas ocho terminales españolas infrautilizadas (Madrid-Barajas, Badajoz, Burgos, Córdoba, Fuerteventura, La Palma, Murcia y Vigo), la Comisión prepara un cambio “radical” de las reglas del juego a la hora de conceder fondos comunitarios a infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras, aeropuertos y puertos).

Según fuentes de la Comisión Europea al ser preguntadas por el caso español, la institución “es consciente de que los fondos destinados a la Política de Cohesión relacionada con las infraestructuras aeroportuarias no tuvo en muchos casos un uso eficaz en el pasado”. Por eso la Comisión, presidida desde octubre por el luxemburgués Jean Claude-Juncker, “desea subrayar que se han aprendido muchas lecciones de los recientes errores” y actualmente trabaja en un plan “radicalmente diferente” para el horizonte 2014-2020.

La diferencia “radical” descansa en las condiciones más severas que se exigirán a todo futuro proyecto. Según el Tribunal de Cuentas europeo, casi el 25% de los fondos (tanto fondos Feder como fondos de cohesión y otros) destinados a aeropuertos de 2000 a 2013 fueron absorbidos por las ocho citadas terminales españolas, con un total de 685 millones de euros.

Ninguno de los ocho tiene perspectivas de rentabilidad; solo tres (Fuerteventura, Madrid-Barajas y Murcia) cuentan con “perspectivas de lograr un equilibrio a medio plazo”. Y cinco tenían menos pasajeros en 2013 que en 2007.

“El nuevo marco regulatorio será mucho más estricto cuando se trate de invertir en aeropuertos”, afirman en la Dirección General de Transportes de la Comisión, sin despejar la duda de si el Gobierno central o las regiones españolas serán castigadas o se les pedirá la devolución de fondos.

Además de tener en cuenta factores como el impacto ambiental o la seguridad de las infraestructuras para tener acceso a la financiación, “se limitarán mucho las condiciones”, especialmente en lo que respecta a aeropuertos. Para empezar, estos deberán pertenecer al llamado ‘core TEN-T network’, la red transeuropea de transportes y los nueve corredores que surcan la UE.

Dinero solo para El Prat

El trámite prácticamente inhabilita a cualquier aeropuerto español para echar mano de financiación europea, ya que a la red TEN-T pertenecen dos corredores que atraviesan España, el Atlántico y el Mediterráneo, pero solo este último prevé la interconexión del ferrocarril, el puerto y el aeropuerto a su paso por Barcelona. Dicho de otro modo, solo El Prat barcelonés puede aspirar a financiación en el horizonte 2020 porque no hay más aeropuertos incluidos en la red TEN-T. Algo que no es de extrañar, habida cuenta del reciente derroche y de la existencia de aeropuertos sin aviones a pocos kilómetros de distancia en España.

Siempre de acuerdo con la versión de las fuentes comunitarias, se demandará una “condicionalidad ‘ex ante’” antes de destinar cualquier partida. “Se requerirá un plan de transporte regional o nacional que establezca una estrategia comprensiva para el sector de los transportes”. Y se está estudiando una vía para revisar los proyectos incluso después de que los fondos hayan sido asignados “mediante una auditoría llevada a cabo por la propia Comisión o por expertos independientes”.

Sin el dispendio generado en España, estas medidas habrían tardado en ver la luz. Durante ese periodo de tiempo, Polonia amasó el 21% de los fondos totales con resultados mucho más positivos en cuanto a demanda y retorno de la inversión, según el informe del Tribunal de Cuentas de la UE.

Tal fue el derroche denunciado que hay varios eurodiputados, como la ecologista francesa Karima Delli, que estudian preguntar a la UE por qué España recibió tanto dinero para obras tan infecundas. Por ejemplo, el tribunal señala en su informe que no había ninguna necesidad urgente de ampliar aeropuertos como los de Badajoz, Córdoba y Fuerteventura.