La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el auto de prisión provisional para los dirigentes de UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, al entender que los motivos elevados para acordar dicha resolución se mantienen.
De esta forma la Sección Tercera de la Audiencia de Badajoz ha resuelto el recurso planteado contra el auto de prisión provisional por el que los dos están en la cárcel de Badajoz desde el pasado sábado 5 de noviembre.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida, Ana Belén Fernández, dictó ese día auto de prisión para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y para el secretario de Organización, Maximiano Alcón, tras tomarles declaración en la investigación que se lleva a cabo por supuesto fraude y falsificación de documentos.
Los otros cinco detenidos en la llamada “Operación Tellus” quedaron en libertad sin fianza pero con cargos.
Los motivos por los que la jueza de instrucción de Mérida decretó el ingreso en prisión siguen siendo decretos, ya que el auto no se dio a conocer en su día para “no perjudicar a la investigación y la instrucción” del caso, explicación que ha repetido ahora la Audiencia Provincial.
Los motivos
La asociación agraria UPA-UCE ha lamentado que la Audiencia Provincial de Badajoz desestime su petición de puesta en libertad de sus dirigentes y ha criticado “el abuso de filtraciones” de las diligencias a la prensa.
En una nota de prensa esa organización considera injustificada la decisión de mantener en prisión provisional a ambos dirigentes, “una medida absolutamente excepcional” bajo “el insostenible argumento” de la capacidad de influencia de ambos dirigentes sobre los administrativos y trabajadores de UPA-UCE, así como el estado incipiente de la investigación.
UPA-UCE entiende que son argumentos “insostenibles”, pues la asociación sigue desarrollando su actividad de forma ordinaria y no está exenta de dirección, asumida por otros responsables de la organización.
Además, califica de “hiriente” el argumento del incipiente estado de la investigación tras 10 meses de diligencias llevadas a cabo bajo secreto y la práctica de los registros realizados en diversas sedes de UPA-UCE.
Asimismo ha mostrado su indignación por “el abuso de filtraciones de las actuaciones, diligencias y autos judiciales”.
“Tal sobreexposición mediática puede conducir a futuras actuaciones judiciales mediatizadas y, en cualquier caso, contribuye a un juicio público paralelo permanente carente de rigor, como carentes de rigor son, manifiestamente, muchas de las conclusiones que figuran en la instrucción realizada por la Guardia Civil”.
UPA-UCE reitera que las acusaciones sobre la no prestación del servicio de asesoramiento agrario son falsas, que dicho trabajo se realizó diligente y eficazmente, y “así será demostrado”.
Desde el principio la asociación exigió la liberación inmediata de sus dos responsables y pedido a la jueza que reflexionara sobre la “lógica y la conveniencia” de una medida que han tildado de “desproporcionada”.
Por eso la organización, que asegura ser víctima de una falsa denuncia que ha hecho incurrir en un “grave error” a la Guardia Civil, recurrió el auto de prisión, ahora rechazado.
Para UPA-UCE el sentimiento es de “injusticia y de desmesura”, y no cree que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura.
La Junta de Extremadura inició una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento de agricultores entre 2013 y 2015 que complementara a las ya realizadas dado que “parece” que en esa última convocatoria se centra una parte de la investigación a la organización agraria, pero después de recibir del Juzgado de Mérida solicitud de envío de toda la documentación de esos años y otros, decidió paralizar el estudio interno para no interferir.
Sobre este blog
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