Convenio del campo: una acuerdo bloqueado que verá la luz con la llegada del nuevo salario mínimo

Han pasado más de doce meses desde los primeros contactos y la situación ha variado poco. Sigue sin haber avance en las negociaciones que marcarán las condiciones laborales de los 65.000 trabajadores y trabajadoras del campo en Extremadura.

No se trata de un tema baladí si se tiene en cuenta que es el segundo convenio más importante de la región, que afecta a más empleados tras el de la Administración de la Junta.

A finales de 2019 los sindicatos y las organizaciones agrarias marcaron una tregua de medio año y el compromiso de convocar una nueva mesa en el momento en que entre en vigor el nuevo salario mínimo interprofesional de 2020.

Se presupone que el recién estrenado Ejecutivo de Pedro Sánchez lo resolverá en breve, con lo que este conflicto se zanjaría de manera ‘inminente’ según los pronósticos de UGT.

Desde Comisiones Obreras no son tan optimistas y auguran que la aprobación final podría demorarse otros seis meses a causa de la negativa de la patronal a negociar en este sentido. El resto de cuestiones que incumben al convenio están casi cerradas, como el pago de las horas extra, aunque un nuevo incremento de las tablas salariales con la actualización del SMI puede ser motivo de disputa una vez más.

Prórroga del actual convenio

La prórroga del actual convenio durante otros seis era una medida necesaria. En caso contrario el 1 de enero de 2020 habrían entrado en vigor las reglas del Estatuto de los Trabajadores, con unas condiciones inferiores a las del convenio prorrogado.

Según la reforma laboral una vez que el convenio decae, cuando se cumple un año de su vencimiento, las condiciones podían cambiar a favor del Estatuto de los Trabajadores, que contempla las 1.826 horas frente a las 1.768 actuales. Otro de los derechos perdidos habría sido la reducción de jornada recogida en el convenio prorrogado frente al Estatuto.

Cronología de los hechos

Para entender la disputa hay que mirar un año atrás, cuando en enero de 2019 se conformaron las primeras mesas de negociación entre los sindicatos y la patronal del campo, representada por las organizaciones agrarias.

UGT señala que una de las primeras trabas que marcaron los retrasos fue en primer lugar determinar qué representantes de las OPAS debían acudir mesa. Era una cuestión al margen de los sindicatos, en la que éstos no entraban, y en el debate se hablaba de la conveniencia de sentar al sector de la fruta o no, entre otras cuestiones.

Una vez dilucidada esta cuestión el problema surgió con la entrada en vigor del salario de 900 euros, que incrementaba en un 20 por ciento el sueldo de los trabajadores del campo.

El bloqueo de las negociaciones seguía presente allá por el mes de mayo de 2019, cuando se optó por pedir la mediación de un laudo arbitral de obligado cumplimiento. Este laudo dio finalmente la razón a los sindicatos e imponía la obligatoriedad de abonar los 900 euros mensuales, tal como marca la ley.

Fue entonces cuando emanó un nuevo desafío, ante la propuesta de la patronal de aumentar el número de horas en el tajo para compensar dicha subida. La propuesta de las OPAS fue pasar de 1.768 a 1.826 anules. Aludían a las pérdidas que según dicen acumulan en un sector que ‘languidece’ por unos precios injustos en los mercados.

El cómputo global de horas que deben trabajarse ha sido un tema de debate recurrente, que se ha mantenido hasta el final y que sigue sin resolverse. Ante la eminente aprobación del nuevo salario mínimo por parte del Gobierno hay que recordar que se ha optado por la prórroga temporal del convenio.

Los sindicatos defienden esta prórroga. A su juicio no resulta positivo que los derechos de los trabajadores se rijan por el Estatuto de los Trabajadores porque éste reduciría sus derechos. “Nos reuniremos y seguiremos dándole vueltas al convenio. Existe incertidumbre por parte de los trabajadores y de las empresas. Creemos que este problema no se soluciona desde la cerrazón, sino desde la razón”, señala desde UGT Miguel Talavera.

Se trata de una postura que comparten desde CCOO, que recuerda que está hablando de actualizar el sueldo mínimo que debe ganarse en España, no de otra cosa, y las negociaciones deben ir hacia la defensa de la clase trabajadora.