La oposición y empresarios reclaman a la Junta que pague las facturas que “llevan meses arrinconadas”

Toda la oposición política extremeña ha reclamado este lunes al Gobierno regional que pague las facturas que debe a proveedores, en su mayor parte pequeñas y medianas empresas, y autónomos, como una de las formas para sostener esa actividad y empleo en este tiempo de crisis también económica, unas facturas que según la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, llevan “meses arrinconadas en un cajón”.

Ha sido en la Asamblea de Extremadura, en el debate de convalidación de dos decretos ley de emergencia aprobados días atrás por la Junta, que amplían el Presupuesto regional en lo que sea necesario contra el virus, suaviza los controles de intervención a esos gastos y aplaza el pago de algunos impuestos y deudas tributarias.

Los textos han sido defendidos por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

El principal de los decreto declara ampliable el Presupuesto autonómico en todo lo que sean gastos por la pandemia; reduce los trámites que tengan que pasar por el Consejo de Gobierno; elimina actuaciones de intervención aunque mantiene el control financiero de esos gastos; establece la concesión directa de subvenciones sin convocatoria pública a entidades sin ánimo de lucro, así como la contratación directa para emergencias, e incluso algunas de esas acciones pueden ser retroactivas con efecto 14 de marzo, día que se declaró el estado de alarma.

El otro retrasa el pago de impuestos como Sucesiones y Donaciones o transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además de eximir presentar garantías en aplazamientos y fraccionamientos de pagos.

Laureano León, portavoz del PP, ha subrayado que ahora que se usarán autobuses de transportes escolar para llevar trabajadores al campo “a ver si se les paga lo que se les debe”, algo en lo que también ha abundado Cayetano Polo, portavoz y líder de Ciudadanos: “hay que pagar a los proveedores”.

Facturas “arrinconadas”

Lorena Rodríguez e Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, han abundado en ello, aunque esta última ha sido la más explícita. “Hay que agilizar los pagos pero también saldar las cuentas, y que se haga cuanto antes, saldar las deudas que llevan meses arrinconadas en un cajón con autónomos y pymes”.

Además de a impagos a la economía social, “digan lo que digan ustedes, no se paga ninguna renta garantizada de las concedidas este año, han decidido que hasta abril no lo hacen”.

De Miguel reclama una salida a esta crisis muy distinta a la del ladrillo, y cree que el Gobierno central, donde participa su partido, lo hace bien, mientras que la Junta, que gobierna en solitario sin Unidas Podemos, actúa de forma “insuficiente”, palabra para esta última usada también por Cayetano Polo (Cs): “Ustedes hacen todo lo que pueden, pero no es suficiente, oígannos, déjennos hacer propuestas”.

La vicepresidenta Blanco-Morales ha replicado asegurando que a lo largo del primer trimestre la Junta ha pagado entre nóminas, subvenciones, “facturas y facturas”, 2.178 millones de euros, pero admite que con estos decretos “vamos a mejorar”.

Lorena Rodríguez (UPE) es comprensiva con la Junta respecto a la crisis sanitaria –“cualquiera de nosotros habría cometido los mismos errores u otros”- pero exige que el transporte de jornaleros en autobuses escolares se haga sin merma de sus derechos laborales, por ejemplo habría que seguirles pagando el plus de transporte, ni ampliación de jornada.

Laureano León (PP) denuncia una falta de mecanismos de control a la Junta pues el Parlamento regional funciona, “pero no se reúne”, y Carlos Labrador (PSOE) advierte que es tiempo de “buscar soluciones, no de buscar culpables”.

El decreto de gastos y trámites administrativos ha sido aprobado por 34 votos a favor (PSOE) y 31 abstenciones (PP, Cs, UPE) mientras que el de aplazamiento de impuestos por 34 a favor (PSOE), 20 en contra (PP) y 11 abstenciones (Cs y UPE).

Facturas y licitaciones

Por su parte la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha planteado la necesidad de agilizar los pagos de facturas y ayudas pendientes, así como de activar las licitaciones en curso, en una reunión telemática mantenida con el Consejo de Gobierno de la Junta, la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, y representantes sindicales.

“En un momento donde las empresas pasan por problemas de liquidez ante la caída de negocios, es fundamental que el Ejecutivo autonómico haga un esfuerzo extra para acortar los tiempos de pago de facturas a proveedores y agilizar las ayudas y subvenciones”, ha dicho el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Reclama también que se cierren las contrataciones públicas en curso, pues hay licitaciones pendientes de aperturas de sobres y celebración de mesas de contratación, mientras en las empresas participantes existe “incertidumbre” respecto al futuro de los plazos. Es “muy importante” que se adjudiquen esos contratos, para que las compañías tengan la certeza “de que pueden contar con ellos”.