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EXTREMADURA

Extremadura expropiará viviendas a los bancos que desahucien familias sin recursos

El anteproyecto de ley de emergencia social también se extenderá a las viviendas públicas propiedad de la Junta

El Gobierno regional contempla igualmente sanciones para las entidades financieras que no pongan en alquiler sus viviendas deshabitadas

Medio millón de familias acabará 2015 sin casa y con deuda, según una asociación

EFE

El disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con la Constitución Española, es un derecho fundamental de carácter social de todos los ciudadanos.

Así reza el anteproyecto de ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura, que la Junta ha sacado a información pública por un periodo de quince días.

Al igual que ya planteara Andalucía, esta norma apuesta por la expropiación temporal forzosa de viviendas a los bancos por un periodo de hasta tres años.

El texto se justifica en la necesidad de asegurar el derecho habitacional a familias en riesgos especiales de emergencia social, en procedimientos de desahucio por impago de la hipoteca y sin capacidad de hacer frente al pago.

Argumenta las expropiaciones en que, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional, se declara de interés social la expropiación forzosa de la vivienda a los bancos. Además la medida se extenderá a viviendas públicas propiedad de la Junta, por un periodo de dos años.

"Esperamos no ponerlo en marcha"

El consejero de Política Social, José María Vergeles, ha transmitido que el proyecto aspira a publicarse, pero con el objetivo de que “no tengamos que ponerlo en marcha”. Es decir, emplaza a todas las entidades bancarias que operan en Extremadura a alcanzar un acuerdo que permita que ninguna familia que adeuda por falta de recursos se vaya a la calle.

“Un documento de consenso que no veo difícil”, y que aspira a ser una “garantía más para los ciudadanos”. Añade Vergeles que en caso de que no se consiguiese por las buenas, “tendríamos que aplicar penalizaciones económicas a aquellas entidades con viviendas vacías, y hubiese gente que desde el punto de vista social necesitara una vivienda”.

Más opiniones

El Grupo Parlamentario de Podemos ha transmitido a este diario que se trata de una medida que su partido también incluía en el programa electoral, y advierte de que el Gobierno regional “lleva hablando de ello desde octubre”. “Que dejen de hacer titulares con esto y lo lleven a la práctica ya”.

Del mismo modo desde Ciudadanos, la diputada María Victoria Domínguez comparte que se trata de una buena idea, que su partido también incluía de manera similar en el programa, y reclama que salga adelante cuanto antes. Más allá de los matices que puede encontrar en el anteproyecto de ley, incide en que es necesario dar respuesta a los casos de emergencia social.

Campamento Dignidad ha transmitido su deseo de que este planteamiento “no que quede en papel de fumar”, y salga adelante.

Fuentes del campamento advierten que antes que nada la Junta debería de paralizar los expedientes de viviendas de titularidad pública, que sitúa en 1.300. Reclama además la necesidad de obligar a la Sareb (el banco malo) a poner el parque de viviendas sin habitar que tiene en alquiler social.

Consejero de de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles

José María Vergeles, consejero de Políticas Sociales, espera alcanzar acuerdos con los bancos para no tener que aplicar la ley

“Un drama social”

Se refiere la Junta el proyecto de ley en la situación de emergencia social, "provocada por dramas humanos, que han conseguido que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado". Pone el acento en una actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados con el uso y disfrute de la vivienda habitual.

Justifica la norma en el interés de promover un compendio de medidas sobre la vivienda deshabitada de primera residencia y declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio.

Excepciones y beneficiarios

Las excepciones son, en primer lugar, que se acredite que el lanzamiento ha sido suspendido por aplicación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, o la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

También que se acredite que la entidad ha concertado un alquiler asequible con el titular de la vivienda objeto de ejecución hipotecaria por un mínimo de tres años. A estos efectos se entenderá por alquiler asequible aquel cuyo precio que no exceda del previsto en el plan autonómico de vivienda para una vivienda protegida de régimen especial de nueva construcción, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Se considerará que se encuentran en especiales circunstancias de exclusión o emergencia social, personas que se enfrenten a un desahucio de su vivienda habitual, tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios, y que el procedimiento de ejecución sea consecuencia del impago de un préstamo concedido para la adquisición de la vivienda habitual.

Además que las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido. Se entenderá que las circunstancias económicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,5 y ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares. O de igual forma, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el valor del Indicador público de renta de efectos múltiples.

Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se declarará, previa información pública y motivadamente, el interés social y la necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa temporal del uso de viviendas. Otra de las cuestiones es que el procedimiento de expropiación forzosa se iniciará mediante solicitud de la persona interesada, que deberá cumplir con los requisitos.

Junto con su solicitud deberá aportar la documentación acreditativa, y una vez analizado el cumplimiento de los requisitos se dictará Resolución por el Director General con competencias en materia de vivienda, declarando lo procedente.

La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio, añade Efe.

Tres de las mujeres que habitan en la Corrala de Almendralejo sostienen carteles en los que piden un alquiler social de estas viviendas abandonadas / JR

Tres de las mujeres que habitan en la Corrala de Almendralejo sostienen carteles en los que piden un alquiler social de estas viviendas (propiedad de la Sareb) / JR

La naturaleza legal de las expropiaciones

La Junta explica que las expropiaciones en varios motivos. Entre ellos el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), que establece que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Aunque añade que la vivienda, como bien necesario, está recogida en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en la Carta Social Europea de 1961.

El artículo 33 de la Carta Magna reconoce el derecho a la propiedad privada, a la par que establece que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Y concluye que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Explica que los poderes públicos, por el artículo 47 de la Constitución, están obligados a regular la utilización del suelo, para que se promuevan las condiciones necesarias y se establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación inmobiliaria.

Por otra parte, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como materia competencial de las comunidades autónomas, competencia que para la Comunidad de Extremadura viene recogida con carácter exclusivo en el artículo 9.31 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, los artículos 9.1.27 y 28 del citado Estatuto atribuyen a la Comunidad autónoma de Extremadura competencias exclusivas en políticas de acción e integración social, respectivamente.

Tal y como establece el Tribunal Constitucional “el artículo 149.1.1ª solo tiene por objeto garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad urbana y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función social”.

No obstante, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987: “La definición de la función social de la propiedad no es algo que se derive sustancialmente de una regulación unitaria del derecho de propiedad ni es tampoco aceptable que al socaire de una ordenación uniforme de la propiedad privada, puedan anularse las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen 2 sobre todas las materias en las que entren en juego la propiedad y otros derechos de contenido patrimonial”.

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