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Confinados en menos de 40 metros: la vida en una infravivienda familiar en tiempos de pandemia

La CNMC recurre las normas sobre viviendas turísticas de tres ayuntamientos

Jesús Conde

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El estado de alarma marcó el confinamiento de las familias y aunque ahora se permiten las salidas y paseos la vida sigue siendo difícil.

Supone un gran problema para aquellas que habitan en una infravivienda. Se trata de familias numerosas que residen en espacios pequeños, en unas condiciones mínimas de habitabilidad. Existen además pisos compartidos por varias personas o familias, los denominados ‘pisos patera’.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Extremadura muestra su preocupación por las condiciones en las que viven algunas familias, confinadas en espacios en los que la convivencia se hace más difícil y donde pueden aflorar toda clase de conflictos. También mira a las víctimas de la violencia machista que permanecen encerradas con sus maltratadores.

Apuesta por el derecho a una vivienda adecuada y digna, también en el caso de quienes ocupan una vivienda social, y donde no siempre habitan en las mejores condiciones.

Al colectivo le preocupa en especial los hogares monoparentales, en los que la cabeza principal suele ser una mujer, y donde los niveles de pobreza o exclusión superiores a los del resto. Son personas que no pueden asumir gastos extraordinarios, con dificultades para llegar a final de mes y con becas comedor para sus hijos.

Mehrad Alizadeh, presidente de EAPN Extremadura, alerta de las repercusiones sociales que tendrá la pandemia, sobre todo entre quienes ya parten de situaciones de pobreza y exclusión. Señala que hasta el 40 por ciento de la población estaba en riesgo de pobreza en la Comunidad, o vivía con unos mínimos vitales muy ajustados.

Es un porcentaje que en los próximos meses puede aumentar y frente a lo que reclaman un rescate social de las personas.

Crisis y pobreza

En un informe estatal EAPN refleja que la crisis del Covid-19 tendrá un impacto mayor en los hogares en pobreza debido a que tienen menores recursos y menos opciones. En especial aquellos con personas dependientes a cargo, en empleo precario o con personas con problemas de salud y enfermedades crónicas.

Quienes tienen un empleo temporal o precario, que no pueden acogerse al teletrabajo, se enfrentan a tener que coger sus vacaciones, que les descuenten el día de trabajo o que les despidan. Algo que tendrá unas consecuencias sobre los niveles de ingresos familiares que ya están muy ajustados.

También alerta de la situación extrema de los hogares sin ingresos, que se han quedado fuera de las ayudas de los ERTE o las ayudas para los autónomos, y que no tienen capacidad de gestionar gastos extraordinarios.

Para ellos reclaman la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. El representante de EAPN subraya que lo más urgente en la actualidad es que la renta garantizada llegue a todas las personas, de inmediato.

Mesa de diálogo con la Junta

Son algunas de las cuestiones que las entidades del tercer sector han trasladado a la Junta en una mesa de diálogo, de la que destacan la voluntad del Ejecutivo de crear un grupo operativo para defender los derechos humanos.

Entre otras cuestiones reclaman un acceso inmediato a una vivienda para todo el mundo, utilizando el parque público, y una atención especial para las personas que están sobrellevando la pandemia con personas con conflictos por adicciones, violencia de género o falta de recursos.

Otra de las desigualdades que ha detectado durante el confinamiento es la brecha digital de las familias con menos recursos. Hay hogares que no tienen acceso a los equipos tecnológicos, o que lo tienen que compartir, algo que dificulta hacer las tareas de la escuela.

También apuestan por una conexión wifi que garantice el acceso de todas las personas desde los municipios, algo que ya se hace en otros países. 

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