La oposición se une para pedir una prórroga de cinco años para los alquileres de rentas antiguas
Todos los grupos de oposición en la Asamblea de Extremadura han acordado instar a la Junta para que pida al Gobierno una prórroga de cinco años para todos los alquileres de locales comerciales con rentas antiguas.
El día 1 de enero de 2015 es el plazo fijado para el final de la actual moratoria sobre rentas antiguas y con el actual estancamiento de ventas en gran parte de los negocios, muchos de esos locales tendrán serias dificultades para asumir los nuevos alquileres.
En opinión de estos grupos, el final de la moratoria que existía hasta la fecha podría repercutir negativamente o incluso obligar al cierre a unos 3.000 establecimientos, según el estudio realizado por la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos (Aexta), serían 3.000; el diputado socialista Francisco Martín Simón estima quela liberalización también pone en peligro a unos 5.000 trabajadores de esos establecimientos.
En la misma línea, Francisco Martín Simón ha considerado que el eventual cierre o traslado de estas empresas o comercios consolidados no se vería compensado con la instalación de nuevas empresas, ya que la tasa de mortalidad de las de nueva creación es elevada.
En su intervención, el diputado socialista también ha aludido a que ante este aspecto existe un “conflicto de intereses”, por un lado, los del arrendador y el del arrendatario, aunque el interés del propietario “no puede sacrificarse infinitamente”.
Estudio sobre el comercio regional
Así, la presente iniciativa, según ha defendido, no pretende proteger a una parte contractual frente a otra, sino procurar que la transición activa se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de proximidad.
Tanto PSOE, grupo que presentó la enmienda, como IU y los regionalistas de Prex-Crex han pedido además de esa moratoria que la Junta de Extremadura elabore un estudio específico de la situación del pequeño comercio en la región, junto a un plan de protección de los comercios, bares y pymes emblemáticos de la comunidad.
Asimismo ha instado a solicitar al Gobierno de España a la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios, hostelería y pymes afectados por la finalización de la moratoria.
Con diversos matices, todos los grupos apoyaron esta propuesta, excepto el PP que optó por la abstención considerando que se trata de una propuesta electoralista del PSOE.
