Las trampas de la derecha con el aborto

La primera decisión del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha sido llevar a pleno el recurso del PP sobre la ley del aborto, que está pendiente desde hace ya casi 13 años. Más de una década de retraso, en una historia que explica muchas cosas de la política en España. Y de cómo funciona la derecha.

Le refresco este asunto, que trece años ponen a prueba cualquier buena memoria. 

En diciembre de 2009, el Gobierno de Zapatero impulsó una reforma de la ley del aborto que normalizó este derecho, que hasta entonces se aplicaba por la puerta de atrás. Con la ley de 1985, la de supuestos, las mujeres que decidían interrumpir su embarazo tenían antes que acogerse a un subterfugio: conseguir el visto bueno de un psicólogo que dictaminara un daño para su salud mental. El 97% de los abortos que se realizaban entonces en España utilizaban este atajo. 

De ahí se pasó a una ley de plazos, que despenalizaba completamente el aborto en las primeras 14 semanas de gestación –hasta 22 semanas, en caso de graves anomalías del feto o riesgo mortal para la madre–. Fue una nueva ley que normalizó un derecho que, de facto, ya existía –igual que existía antes de la ley de 1985, aunque solo para quien pudiera viajar a Londres–. Y que encendió a la derecha, que entonces pronosticó que el número de abortos se dispararía. Algo que, por otra parte, no pasó: han caído más de un 10% desde aquella reforma. 

Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, alentó las manifestaciones contra la nueva ley del aborto y la recurrió ante el Tribunal Constitucional con durísimos argumentos en su contra: la equiparaba con las leyes del exterminio y esterilización nazis. Era una cuestión de principios morales. 

Rajoy también prometió que, cuando tuviera ocasión, derogaría esa reforma. Algo que después no cumplió por motivos demoscópicos: porque todas las encuestas le decían que la mayoría de la sociedad española estaba en contra –el apoyo a la legalización del aborto en España lleva años por encima del 80%–. Ni siquiera el PP de la última mayoría absoluta se atrevió a entrar en ese jardín, y aquel recurso contra la ley de Zapatero se quedó en el limbo del Constitucional por parecidos motivos a los que llevaron a Rajoy a incumplir aquella promesa. Como uno de esos soldados japoneses atrincherados en una isla del Pacífico sin saber que la guerra había terminado.

El recurso del PP cayó en manos de Andrés Ollero, exdiputado del PP. Ollero empezó en política en 1986, como diputado por Coalición Popular –él venía de los democristianos de Óscar Alzaga–. Estuvo en el Congreso 17 años, hasta 2003, siempre en la derecha. Y en 2010 fue ascendido: el PP lo nombró magistrado del Tribunal Constitucional. 

Dato importante. Ollero, además de su militancia en el PP, es numerario del Opus Dei. Y no se mostró tan flexible con sus principios como Mariano Rajoy, que decidió aparcar la reforma de la ley del aborto que había prometido, consciente del berenjenal en el que se metía.

Ollero, en su ponencia, defendía tumbar la reforma del PSOE. “Algún día se verá el aborto como hoy vemos la esclavitud”, argumentaba. Pero su posición extremista no contaba con los apoyos suficientes entre el resto de los magistrados de derechas. El Tribunal Constitucional quedó con este tema fracturado en tres bloques: una derecha partidaria de tumbar toda la ley, otra que defendía recortar solo algunas cosas y una izquierda que abogaba por la plena constitucionalidad de la reforma. Y aunque el sector conservador tenía la mayoría, su división impedía sacar adelante una sentencia. 

Ante esta tesitura, y ante el riesgo de que la izquierda acabara ganando la votación por la división de la derecha, la solución que asumió el bloque conservador fue retrasar la votación. Un año. Y otro. Y un lustro. Y una década. Y así hasta hoy, cuando la decisión sobre el aborto acumula casi trece años de retraso, para oprobio del Tribunal Constitucional y de quienes en esos años presidieron esa institución.

Ollero ya salió del Constitucional. Le sustituyó Enrique Arnaldo, que es quien ahora debe presentar esta ponencia ante el pleno, pero su margen de maniobra es muy pequeño. La derecha ya no cuenta con los votos suficientes como para que ese recurso contra la reforma de Zapatero salga adelante. Con trece años de retraso, muy probablemente, acabará en la papelera. A pesar de una década de mayorías del PP en el Constitucional.

La derecha española se opuso a la ley del divorcio. A la del aborto. A la del matrimonio homosexual. A todos los avances sociales de las últimas cuatro décadas. Es siempre la misma historia: ellos dicen ‘no’ hasta que la sociedad a la que quieren gobernar les deja en minoría. Y entonces aceptan, a regañadientes, aparcar su ideología. La esconden, aunque solo por motivos pragmáticos. Y esto explica por qué Rajoy no quiso tocar la ley del aborto de Zapatero. Por qué el Constitucional de mayoría conservadora no tumbó la norma. Y también por qué Alberto Núñez Feijóó intenta como puede cerrar este pulso que le ha lanzado Vox en Castilla y León, con ese protocolo importado de Hungría con el que la extrema derecha quiere coaccionar a las mujeres.

El PP ahora no quiere entrar en ese debate por puro cálculo político; porque sabe que divide a su votante, mientras moviliza a los de izquierda. Si no han recortado esos derechos cuando han tenido ocasión no es por convencimiento, es solo que no les interesa. En su balanza pesa más lo que pueden perder que lo que ganan; solo eso les frena. Pero ¿qué pasará si el apoyo de Vox se vuelve imprescindible para que Feijóo llegue a La Moncloa? 

Porque para la derecha los principios son importantes. Pero el poder lo es más aún.

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