Por qué llevar el debate sobre la Política Agraria Común al conjunto de la sociedad

La UE abrió a principios de febrero una consulta ciudadana sobre la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) para 2020. La PAC lleva funcionando desde los años 60 y fue la primera política europea común. Nació para asegurar el autoabastecimiento de los principales productos agrarios en Europa y hacer eso compatible con unas rentas adecuadas para los agricultores. Todavía hoy absorbe el 40% del presupuesto de la UE. Pero poco tiene que ver esta Unión Europea con los objetivos que la gestaron. Lo hemos visto con la crisis de valores derivada del drama de los refugiados. Y lo llevamos viendo en nuestros campos décadas y décadas de reformas de la PAC que nos han llevado a modelos de producción insostenibles, a desequilibrios territoriales, a paradojas de una burocracia desconocedora de la realidad de las tierras, al enriquecimiento de unos pocos y a la ruina de muchos agricultores, desprotegidos ante el sector de la distribución.

La trama de poder y negocios configurada alrededor del campo es más evidente que nunca en el mundo. Tres grandes multinacionales (Bayer, Monsanto y Dupont) están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas. La volatilidad de los precios agrarios es altísima y afecta gravemente a los productores desde que, en 2007, las grandes corporaciones financieras comenzaron a especular con los productos alimentarios en en la Bolsa de Futuros de Chicago. Desde entonces, asistimos a la aberración de un mercado mundial que permite que se pudran cosechas enteras para que los precios suban, mientras 40.000 de personas mueren al día de hambre.

La Comisión Europea ha emprendido una nueva estrategia comercial bajo la premisa de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momentos de crisis. Asistimos así al auge de los tratados de libre comercio, como el TTIP o el ya aprobado CETA, que van en la dirección opuesta al establecimiento de una política agraria que proteja tanto a los productores europeos como a los consumidores. Por eso creo que es importante que toda la sociedad se vuelque en este debate. La nueva política comercial de la UE es una amenaza para tanto nuestros agricultores (porque muchas de las denominaciones de origen podrían desaparecer como tales) como para nuestra seguridad alimentaria (porque los estándares medioambientales, de calidad y seguridad se homogeneizan siempre a la baja). Así que, en el fondo, lo que está en juego es algo tan importante como nuestra comida y nuestra soberanía alimentaria.

No debemos dejar pasar la oportunidad de poner en cuestión las políticas de la UE. Tenemos que exigir cambios reales y de decidir qué modelo agroalimentario queremos. Por eso, el próximo sábado 11 de marzo participemos como ciudadanía crítica en una Asamblea que va más allá de los límites que nos marcan unas instituciones que nunca han sabido estar al servicio de la gente. Será la primera de una serie de asambleas que tienen como objetivo sacar a las calles el debate de la Reforma de la Política Agraria Común de cara a 2020. Pero no sólo entre quien vive en el campo y produce los alimentos, sino entre el conjunto de la sociedad. A la asamblea asistirán compañeros y compañeras de la sociedad civil, organizaciones campesinas y ganaderas, así como a todas las personas preocupadas por la situación de nuestro mundo rural, por el medioambiente, por el comercio de proximidad y la justicia alimentaria.

No podemos permitir que la participación sea utilizada por Europa para generar un consenso pasivo y deslegitimar el conflicto social. La trama urdida alrededor del campo no es solo mundial, ni las decisiones sobre la PAC se toman sólo en Europa. Existen grandes diferencias entre los Estados miembros. Y el nuestro no se ha caracterizado nunca por un reparto justo y equitativo de las ayudas. En España, el 74% de las ayudas de la PAC va a parar a manos de un 13% de los beneficiarios. Siete de las mayores fortunas de Andalucía se embolsan la mayor parte de los fondos. Y sólo una de cada 3 personas perceptoras de las ayudas son autónomas agrarias –es decir, personas que realmente tienen la agricultura como profesión–.

Por todo esto es necesario que repensemos la PAC y que hagamos de ella un instrumento válido para la defensa de nuestra agricultura, del medioambiente y de nuestra soberanía alimentaria. Y que no siga siendo el cajón de dinero del que se alimentan entramados empresariales, como el la mujer del comisario Arias Cañete y su familia, una de las principales receptoras de las ayudas agrarias en España.